“Yo soy arquitecta desde hace 10 años y también activista política. En 2018 me involucré de lleno en el levantamiento cívico y en diciembre del año anterior fui parte de un piquete en Managua, donde personas afines al régimen me tomaron fotografías y las colgaron en redes sociales. El 2 de enero empecé a tener asedio constante en mi casa, llegaban patrullas llenas de policías y no me dejaban salir ni a trabajar.
“Duré seis meses así, hasta que en junio decidí escapar porque a varias de mis amigas las empiezan a meter presas. Me moví por distintos lugares seguros durante un mes, pero me llegó un mensaje diciéndome que saliera del país porque ya estaba en una lista de los siguientes por ser apresados. Entonces decidí huir a Costa Rica, tuve que pasar por cinco puntos hasta cruzar la frontera y cuando por fin llegué me puse a llorar”.
Ese es parte del relato de una nicaragüense que tuvo que huir hacia nuestro país hace tres meses. Una profesional que tenía su carrera hecha, pero que por defenderse de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se vio obligada a dejar todo, incluida su familia y su pareja. Hoy es parte de la ola de nicaragüenses que llegó a territorio tico durante el 2021 en busca de refugio.
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De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), en el último año se registró la cifra más alta de solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua de las últimas décadas. Hasta octubre el número llegó a 39.172, el doble de ciudadanos que en el mismo periodo de 2018, cuando estallaron las protestas opositoras que dejaron al menos 300 muertos.
La mayor parte de los migrantes escaparon tras ser amenazados y perseguidos por las autoridades nacionales, las cuales les marcaban sus viviendas con inscripciones en las paredes o les quemaban sus locales comerciales. Temen regresar porque tienen compañeros desaparecidos o por el riesgo de que sus hijos adolescentes sean reclutados por el Ejército.
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Hay quienes afirman haber sido detenidos, golpeados y hasta torturados. Entre estos se encuentran periodistas acusados con base en la autoritaria ley de ciberdelitos de la supuesta divulgación de noticias falsas, así como empresarios investigados por presunto lavado de dinero.
En la lista también se incluyen miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) que reportan amenazas de decomiso de propiedades y pasaportes, corte de servicios básicos como agua y luz, privación de libertad y maltratos físicos.
Otra buena parte de los solicitantes de refugio son profesionales que han sido afectados por la llamada “muerte cívica”, es decir, que por ser opositores no les dan acceso a préstamos, les cobran mayores sumas de impuestos, los multan sin razón y les quitan sus empresas. La situación les impide trabajar y los motiva a huir en busca de mejores condiciones económicas.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Refugio de Migración, Allan Rodríguez, en junio se cuadruplicó la cantidad de solicitudes de refugio de nicaragüenses, precisamente cuando comenzaron los arrestos arbitrarios de opositores políticos a pocos meses de las elecciones presidenciales, en las que Ortega logró ampliar por cinco años más su gobierno en unos comicios calificados de farsa electoral por la comunidad internacional.
Rodríguez destacó que el perfil de estos nuevos migrantes es muy distinto al de años pasados, ya que anteriormente la mayoría era personas de baja escolaridad que venían para trabajar en la agricultura y la construcción, pero ahora se trata de profesionales médicos, educadores, universitarios y empresarios que buscan insertarse en la fuerza laboral costarricense para aportar con su conocimiento y subsistir.
En ese sentido, subrayó que los costarricenses deben dejar de lado la xenofobia y entender que estos ciudadanos no están aquí por gusto o para quitarle trabajo a los nacionales, sino para resguardar su vida porque no les ha quedado otra opción que escapar de su país. Además, se trata de personas con capacitación para laborar en cualquier actividad económica y ayudar al país.
Ola de nicaragüenses en riesgo
Desde la crisis política de 2018 creció exponencialmente el número de solicitudes de refugio, pero en el último año se registró un incremento todavía mayor.
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA || LA NACIÓN.
Aunque la DGME dice estar lista para atender este aumento de refugiados nicaragüenses, los datos demuestran que la tasa de aceptación de solicitudes cayó de un 50% del total a tan solo 30% y los mismos solicitantes manifiestan que las condiciones para realizar los trámites no son las más idóneas, como el hecho de que solo se puedan realizar por Internet o por llamadas telefónicas que cuestan $3 por cuatro minutos.
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Capacidad del Estado
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el número de nicaragüenses que ha huido recientemente a Costa Rica podría ser mayor, pero muchos se quedan como “desplazados” y no inician la solicitud de refugio, precisamente por la dificultad de este trámite y las pocas posibilidad de obtener una resolución pronta y favorable, pues los procesos pueden tardar hasta tres años.
“Las personas solicitantes de refugio pueden ingresar al país por cualquier vía. En el caso de las personas nicaragüenses, la mayoría ingresa por vía terrestre. A las solicitantes de refugio no se les puede penalizar por ingreso irregular al país, ni se les puede rechazar en frontera si solicitan refugio, puesto que son personas en necesidad de protección internacional”, detalló la entidad a La Nación.
De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, una persona refugiada es aquella que se ve obligada a huir de su país de origen o residencia habitual por fundadas razones de temor dada la persecución que sufre por cinco factores: nacionalidad, religión, opinión política, grupo étnico o pertenencia a un grupo social determinado. En Costa Rica también se valida la razón de género.
Gabriela Núñez es directora de HIAS, una ONG con más de 100 años de existencia y presente en 16 países, que brinda asesoría legal a solicitantes de refugio. Para ella, el Estado costarricense no está preparado para atender el aumento de solicitantes de refugio, ya que falta mucha capacitación y formación para sensibilizar y concientizar a los funcionarios de Migración y los policías fronterizos.
“Tienen que entender mejor quiénes son estas personas para que ellas puedan recibir un trámite que sea ágil y que verdaderamente proporcione protección internacional, ya que ese es el principio máximo del refugio. Yo creo que la institucionalidad de Costa Rica no cuenta con los recursos humanos, presupuestarios ni la capacidad técnica para atender esto”, aseveró, al resaltar que hay casos de 2017 que aún no se han resuelto.
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Desde HIAS recomiendan a los solicitantes de refugio mantener un perfil bajo y cuidar su identidad a toda costa, así como no publicar fotos o videos en redes sociales, ya que tienen conocimiento de que gobiernos como el de Nicaragua contratan informantes que vigilan a las personas que huyen del país para cerciorarse de que no atenten contra el régimen. Incluso, aseguraron, hace poco tiempo balearon a un exiliado que organizó una marcha contra Ortega.
Carlos Sandoval, experto en Migración, expresó que aunque tramitar la solicitud de refugio es complicado, es necesario para que estos extranjeros tengan posibilidad de laborar de manera remunerada sin problema y de tener acceso a los servicios de salud. Además, señaló que el aumento de solicitantes del norte también responde a que antes de 2018 era más complicado justificar el riesgo de vivir en un país como Nicaragua.
En los últimos seis años, Costa Rica ha recibido más de 134.000 solicitudes de refugio y un 76% ha sido de nicaragüenses. De hecho, solo en los últimos cuatro meses se registraron más pedidos que en todo 2018. Los otros países que figuran en el pico de la lista son Colombia, El Salvador, Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. Hoy, el país alberga a casi 10.000 refugiados de 44 países del mundo y cerca de la mitad son de Nicaragua.
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