El Poder Ejecutivo se encuentra entre el clamor de los ciudadanos por una intervención eficaz contra las medidas de fuerza y las crecientes provocaciones de los sindicalistas radicalizados. Es una situación peligrosa, creada con terrible irresponsabilidad por quienes llamaron a la huelga sin tener la fuerza necesaria para sostenerla en ausencia de la violencia.

Al igual que pasó con el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Consejo Nacional de Producción y la Fábrica Nacional de Licores son dos ejemplos más de instituciones deficitarias que se mantienen a toda costa. La eficiencia poco importa, lo que vale es mantener entidades abiertas.

Este es, según apunta la evidencia científica, el año en que dejamos de estudiar y hablar del cambio climático para empezar a vivirlo. Un artículo del ‘New York Times’ hace un recuento de los principales eventos: incendios sin control en California, Grecia y el círculo polar ártico, hasta sobrecargo de líneas eléctricas. Y aún así Trump quiere eliminar metas de emisiones.

La administración de Luis Guillermo Solís, con deliberada determinación, descarriló la propuesta legislativa de Mario Redondo de eliminar el “enganche” médico. A cambio, planteó la falacia de un decreto ejecutivo, cosa que a nadie convenció, pero que sirvió para congraciarse con algunos sectores públicos.

Dos investigaciones se realizarán por separado para determinar lo que en verdad ocurrió entre manifestantes y efectivos de la Fuerza Pública en la Universidad de Costa Rica. Además, el caso del periodista del ‘Semanario Universidad’ merece especial atención.

La decisión que tomó la Asamblea Legislativa de fundir el Banco Crédito Agrícola de Cartago en el Banco de Costa Rica es acertada, pero habría sido innecesaria si el gobierno hubiese tomado a tiempo la determinación de vender el Bancrédito y obtener ganancias.

En muchos casos, se trata de una silenciosa explotación del interés general por un minúsculo, pero sonoro grupo de servidores públicos y puede corregirse con reformas legales aplicables de inmediato.

El cierre de vías, como venimos insistiendo desde hace años, es una medida de fuerza ejecutada para infligir a los demás un sufrimiento que obligue a la Administración Pública a hacer concesiones.

Si Hacienda maneja manualmente un asunto tan básico como la administración de la deuda pública, es de esperar que en otras áreas de su competencia existan similares debilidades.

El narcotráfico, además de causar estragos en la salud pública y la seguridad ciudadana, amenaza las exportaciones. Con justa razón, los productores de piña manifiestan su preocupación y exigen la adopción de medidas eficaces para combatir el contrabando de drogas utilizando las exportaciones legítimas como caballo de Troya.

El movimiento de paro anunciado por dirigentes sindicales del sector público es inaceptable. Se proponen, en esencia, imponer intereses estrechos y costosos sobre las necesidades colectivas.

Si ante iniquidades e ineficiencias, el gobierno se acobarda o se mantiene indiferente, arriesga a perder autoridad moral para liderar la totalidad de la reforma fiscal.

Las inversiones en obras viales de baja monta, aptas para dar fluidez al tráfico, deben emprenderse a pesar de las restricciones enfrentadas por las finanzas públicas.