Volver a OpiniónSi el Congreso decide votar en secreto contra la reelección del magistrado Paul Rueda, bien podría incurrir en un acto viciado. También hay razones de transparencia para votar abiertamente, sobre todo, después del cuestionable procedimiento seguido hasta ahora por la comisión de nombramientos.
El muelle de Caldera y la autopista de San José a Cartago claman por reparaciones urgentes y ya hay propuestas viables para la ejecución de las obras. Ojalá las autoridades conformen equipos especiales de trabajo, con objetivos operativos y claras responsabilidades, para ejecutar los dos proyectos con la urgencia del caso.
El régimen de Ortega aprobó una ley con el fin de proteger a los represores, no para hacer justicia para las víctimas. Celebramos que haya conducido a la liberación de opositores; sin embargo, vivirán bajo amenaza.
El debate sobre la reelección de Paul Rueda se distingue por la ausencia de voces que clamaron contra la decisión de no reelegir al magistrado Fernando Cruz a finales del 2012. Sorprende ver a sindicatos del Poder Judicial sumarse a la tentativa de descarrilar la reelección de Rueda por razones relacionadas con el más puro ejercicio de la función jurisdiccional.
La recomendación de no reelegir a Rueda se dio poco después de recibido un informe de la Corte Suprema de Justicia sobre el intachable expediente del magistrado. A dos días de la votación, ayunos de razones para recomendar la no reelección, los diputados lanzaron las redes a ver si algo pescaban. Las redes regresaron vacías.
Los timbres son un incremento artificial de los costos de servicios indispensables, como los médicos, legales, odontológicos y de ingeniería, entre otros. Es difícil creer en la pronta aprobación de la iniciativa, pero cuando ocurra tendremos una señal de la voluntad de modernización y cambio indispensables para sacar al país adelante.
Para los trabajadores independientes, la propuesta de costo-beneficio recibida de la Caja Costarricense de Seguro Social es poco atractiva. Es irracional pedir a una persona el pago de poco menos de la quinta parte de sus ingresos a la CCSS, como sucede con muchos trabajadores independientes.
El recorte y control de gastos, muchos de los cuales pueden consistir en salarios y cargas sociales, es necesario y no solo debe practicarse con los de naturaleza fija. La institución requiere reformas estructurales, pues, como señaló el ministro del ramo, ‘la descentralización de la generación de energía hace que vaya perdiendo clientes’.
El ministro de la Presidencia, atemorizado por los sindicatos, asegura que la reforma del derecho de huelga 'no compete al Poder Ejecutivo. La jefa de fracción liberacionista advirtió que las declaraciones “dinamitan” la relación del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, así como la credibilidad de Piza como ministro.
La reducción del encaje mínimo legal va en el sentido correcto, pero no es necesariamente cierto que se transformará en un estímulo para la economía. La medida se une a dos rebajas recientes en la tasa de interés de política monetaria que apuntan en la misma dirección.
Asombran las contorsiones y peripecias de los rectores de la Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico para justificar el secreto de los expedientes sobre acoso sexual. Los rectores insistieron en la protección de las víctimas sin mencionar, una sola vez, que la petición de información de este diario solicitaba expresamente excluir sus identidades.
El compromiso del Poder Legislativo y la Casa Presidencial con el ingreso a la OCDE es razón para el optimismo cuando más lo necesitamos. Sin embargo, la ley contra el soborno fue votada a la carrera y con dudas, tanto así que los diputados admiten, de entrada, la necesidad de reformarla.
En materia de comercio y migración, el presidente juega de forma compulsiva y depredadora. El anuncio de tarifas punitivas contra México es el más reciente ejemplo de esta riesgosa actitud.
Un rector como Salom no debería preocuparse, en este momento, por el papel de un periódico como ‘La Nación’, o cualquier otro, en la difusión de noticias sobre acoso. Una universidad como la Nacional no debe entregarse a la tonta autocomplacencia de señalar como monumental avance la creación de una fiscalía para recibir denuncias.
No hay motivo para que el gobierno continúe inyectando colones buenos a una mala empresa. Las instituciones públicas no pueden ser utilizadas para extraer rentas y pagos que no se corresponden con los servicios suplidos.
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