Sofía Chinchilla C.. 23 enero
El organismo interamericano felicitó la “actuación inmediata
El organismo interamericano felicitó la “actuación inmediata" del Estado, al detener a quienes cometieron las agresiones xenófobas en el parque La Merced en agosto del 2018. Foto: Graciela Solís.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a Costa Rica tomar medidas para proteger a los refugiados nicaragüenses de amenazas, intimidaciones y actos de xenofobia en el país.

El organismo regional también instó al país a garantizar que los migrantes puedan acceder a mecanismos de reparación por las agresiones que puedan sufrir.

La CIDH hizo la petición luego de enterarse, en una gira de trabajo, de que migrantes nicaragüenses sufrieron agresiones xenofóbicas en el parque capitalino La Merced, en agosto del 2018, durante una manifestación convocada en redes sociales.

Así lo recoge un documento emitido en setiembre del 2019, el cual contiene los hallazgos de una gira efectuada con el objetivo identificar la condiciones en que viven los nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica.

Durante la visita, realizada entre el 14 y el 18 de octubre del 2018, la Comisión realizó 259 entrevistas y recabó las declaraciones de 152 migrantes.

“La Comisión insta al Estado a vigilar los actos de intimidación, amenaza, violencia y las manifestaciones y expresiones de racismo, discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia en contra de las personas nicaragüenses en necesidad de protección internacional, a fin de garantizar su protección y garantizar su acceso a medios de recurso, resarcimiento y reparación”, dice el informe de la Comisión.

Miles de nicaragüenses han huido de su país, como consecuencia de la crisis política que se detonó en el país vecino en abril del 2018.

En diciembre, el presidente Carlos Alvarado dijo ante el Foro Mundial de Refugiados, en Suiza, que en los últimos dos años, Costa Rica recibió más de 70.000 solicitudes de refugio de ciudadanos de Nicaragua.

La CIDH indagó sobre la situación de los solicitantes de refugio, entre los cuales hay estudiantes que participaron en las protestas contra Daniel Ortega, líderes de movimientos sociales y campesinos y personas que ayudaron a los manifestantes con comida, albergue o medicinas.

“Con base en los testimonios receptados, se obtuvo que en el 32% se manifestó haber experimentado algún tipo de discriminación y actos de xenofobia, particularmente por parte de particulares nacionales en lugares públicos”, reportó la Comisión.

El organismo interamericano también se refirió a los acontecimientos del 18 de agosto del 2018 en el parque de la Merced, en San José, cuando participantes de una concentración arremetieron con ataques xenófobos contra ciudadanos del país limítrofe y provocaron un altercado.

Al intervenir, la Fuerza Pública detuvo a 44 personas –38 de ellos costarricenses– por agresiones xenofóbicas. Los policías también decomisaron bombas molotov, puñales, cuchillas y un bate de béisbol.

“La Comisión recibió con preocupación la información respecto a las manifestaciones violentas y xenófobas que tuvieron lugar el 18 de agosto de 2018 en San José, y los efectos que esto ha generado en la población nicaragüense en necesidad de protección internacional”, reportó la Comisión en su informe Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica.

El organismo interamericano felicitó la “actuación inmediata" del Estado, al detener a quienes cometieron las agresiones.

No obstante, la Comisión también notó que el Estado no había cumplido a cabalidad con su deber de propiciar la integración de los migrantes.

Según la CIDH, Costa Rica tiene normas restrictivas que dificultan que los solicitantes de protección obtengan un permiso laboral y accedan a profesiones para las que se exigen determinadas categorías migratorias.

La Comisión también anotó que, para dicha población, el acceso a los servicios de salud pública y vivienda es limitado, así como que el sistema de recepción de solicitudes de asilo es insuficiente, lo cual, según el informe, “da lugar a situaciones de discriminación de facto en contra de este grupo de personas por parte de las personales nacionales”.

El informe del organismo de derechos humanos instó al país a revertir las “situaciones de discriminación existentes en la sociedad costarricense” a través de políticas públicas que promuevan el respeto, así como a implementar campañas informativas y capacitaciones a los funcionarios que atienden a los extranjeros en necesidad de protección.

Violencia en redes

Según una revisión de La Nación, un año después de los ataques en La Merced, las páginas y publicaciones xenofóbicas mantenían e incluso incrementaron su presencia.

Entre agosto del 2018 y agosto del 2019, la iniciativa de detección de noticias falsas #NoComaCuento desmintió 19 informaciones erróneas de tipo xenofóbico.

Dichas publicaciones suelen responsabilizar a los migrantes por los problemas que afronta el país, como la pobreza y la inseguridad. También, se difunden mentiras sobre las ayudas que reciben los migrantes.

Desde hace días, las noticias falsas también atacan a la boxeadora costarricense Hanna Gabriels, quien colabora con proyectos relacionados con las personas que buscan refugio en Costa Rica.

Una oleada de publicaciones busca desacreditar a la deportista al afirmar que ella recibe un pago por su colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cuando en realidad Gabriels dona su participación.