Disposiciones infringían el derecho al refugio, el principio de reserva de ley y la libertad de tránsito.
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El 17 de febrero, el presidente Chaves afirmó que las inconstitucionalidades del decreto ‘no son el fin del mundo’ y que lo corregiría. Hasta hoy, el documento se mantiene como se publicó.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional señaló que el decreto de Chaves ‘contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos’.