Nicaragua va a elecciones presidenciales con siete precandidatos en la cárcel y al menos otros 38 presos políticos capturados en 2021. Cuando José Daniel Ortega Saavedra gane estos comicios, el actual mandatario extenderá su gobierno hasta enero del 2027. Para entonces, acumulará más de 30 años en el poder. De las grandes dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX, únicamente la de Fidel Castro, en Cuba; y la de Alfredo Stroessner, en Paraguay, superarán al caudillo centroamericano.
Los resultados electorales de Nicaragua ya se conocen. El calendario es lo único que atrasa. El Consejo Supremo Electoral (CSE), supuesto árbitro del ejercicio democrático, está compuesto por cinco magistrados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —el partido de Ortega—, y otros dos magistrados también responden al mandato del Ejecutivo.
De hecho, ninguno de los Poderes del Estado es independiente. La Asamblea tiene mayoría absoluta de diputados sandinistas, la Corte Suprema de Justicia también, y la Policía Nacional y el Ejército responden al llamado de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Este control férreo de los poderes se amasó paulatinamente desde 2007, cuando Ortega regresó al Poder, tras la salida de Enrique Bolaños (2002-2007). Dicho dominio derivó en una escalada que incluye la brutal represión estatal del 2018 contra manifestantes que se quejaron primero de una reforma de pensiones y después protestaron contra la violencia de las autoridades; y la actual cacería de opositores, que incluye encarcelamientos sumarios de al menos 45 personas opositoras, señaladas de cometer crímenes todo tipo y sin pruebas.
Sin una oposición al frente, Daniel Ortega, quien cumplirá 76 años el 11 de noviembre, tiene la vía libre para perpetuarse en el poder en las “elecciones” del domingo 7 de noviembre.
ÁVIDO DE PODER
Daniel Ortega Saavedra acumula 25 años y 3 meses en el poder en Nicaragua y va por cinco años más. Ya acumula más años como jefe de Estado de Nicaragua que cualquier otro mandatario, dictador o caudillo en la historia del país.
73 MANDATARIOS EN 183 AÑOS DE VIDA SOBERANA
En 183 años de Nicaragua soberana (a partir de 1838), el país ha tenido 111 cambios de gobierno y 73 mandatarios diferentes.
Ortega, el caudillo de varias generaciones
El de 2022 será el quinto periodo presidencial de Ortega y su cuarta reelección. Él llegó al poder en 1979 cuando fungió como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconciliación Nacional —inmediatamente después de la dictadura somocista—, y se mantuvo en ese cargo hasta 1985, cuando asumió su primer periodo presidencial hasta 1990. Posteriormente, volvió a ser electo en el 2007 y desde entonces se mantiene en el poder.
Hasta ahora, Ortega ya suma 25 años y tres meses a la cabeza del Ejecutivo nicaragüense. Esto es más que cualquier gobernante que haya conocido ese país en su larga lista de mandamases, incluyendo a los tres Somoza, contra quienes Ortega luchó siendo un joven revolucionario desde el sandinismo —aunque estuvo preso siete años y no participó activamente en la Revolución de 1979—.
Anastasio Somoza García estuvo en el poder 16 años y 9 meses; José Santos Zelaya, 16 años y 6 meses; Anastasio Somoza Debayle, 9 años y 6 meses; y Tomás Martínez Guerrero, 9 años y 3 meses.
Continuando con la aritmética orteguista, desde el 2007, el gobernante ha tenido a 22 homólogos en Centroamérica. Aunque las generaciones más jóvenes de Nicaragua solamente han conocido a un presidente.
Por ejemplo, en el caso de Costa Rica ha coincidido con Óscar Arias, (2006-2010), Laura Chinchilla (2010-2014), Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018 hasta la actualidad).
22 HOMÓLOGOS CENTROAMERICANOS DESDE 2007
Cantidad de presidentes por país centroamericano desde 2007
La Nicaragua de hoy y mañana
La Nicaragua de estas elecciones es heredera directa de la masacre estatal de 2018. Ese año fue un parteaguas que se tradujo en más de 300 muertos, miles de heridos y exiliados, y un futuro diferente.
Dicha masacre está ampliamente documentada. A pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con el aval inicial del gobierno de Nicaragua, se formó un grupo de investigación llamado GIEI Nicaragua (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes).
Tras más de dos meses de investigaciones in situ, el GIEI encontró que el Estado, bajo las órdenes de Ortega y Murillo, comandó crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
Una vez publicado el informe, el Gobierno negó todas las pruebas de testimonios, fotos y videos, y desde entonces calificó de “golpista” o “imperialista” a todo aquel que recuerde esta matanza de manifestantes, o que denuncie la nueva ola de represión y cárcel arbitraria.
En esta negación de pruebas, garante de impunidad, el régimen Ortega-Murillo apresó, entre otras personas, a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, el pasado 2 de junio, y al exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el pasado 25 de junio.
Ambos son hijos de Violeta Barrios, presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1995, y son hermanos de Carlos Fernando Chamorro, periodista y exiliado político, director del medio El Confidencial, uno de los pocos diarios independientes que quedan, y que publican únicamente en Internet.
“Cuando el régimen fue desafiado en abril 2018 por una insurrección cívica que demandó elecciones libres, Ortega respondió con la violencia letal de policías y paramilitares y provocó la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz, sin enfrentar una insurgencia armada”, declaró Carlos Fernando Chamorro a La Nación.
“Y luego provocó el encarcelamiento masivo de la oposición e impuso un estado policial, de facto, sin decretar un estado de emergencia. Ese estado policial solo tiene precedentes en las dictaduras militares del siglo pasado”, agregó.
Las capturas por motivos políticos usualmente ocurren de noche. La Policía allana sus casas sin órdenes judiciales, dejándolas presas en modalidad de casa por cárcel, o bien, llevándolas a Auxilio Judicial, un centro de detención histórico en la loma de Tiscapa, en Managua, donde hay calabozos policiales con varios pisos subterráneos —los mismos que usaron los Somoza durante los 45 años de dictadura dinástica previa al sandinismo—.
Los delitos que se le imputan a los presos políticos abarcan una larga lista a la que las autoridades dan “copiar/pegar” en prácticamente todas las notificaciones oficiales que publican cada vez que detienen a alguien.
Entre los supuestos crímenes, siempre carentes de prueba, están: “conspiración; realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía y la autodeterminación; incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos; pedir intervenciones militares; lavado de dinero, bienes y activos; organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización; proponer y gestionar bloqueos económicos, etcétera”.
Presión internacional
Desde el 2018, una decena de sesiones extraordinarias sobre la represión en Nicaragua han tenido lugar en la OEA, en Washington DC, pero la presión internacional no ha sido efectiva para lograr elecciones libres en noviembre entrante.
“La presión internacional, desgraciadamente, ha funcionado muy poco en el caso de Nicaragua”, dijo Eduardo Ulibarri, periodista y exembajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Y añadió: “Hay límites a esa presión. Nicaragua es un país con índices de pobreza muy elevados, que está en una zona de Centroamérica que para Estados Unidos es clave por el tema de tráfico de drogas, y que generar una desestabilización económica mediante sanciones generales contra el país podría producir mucha inestabilidad regional. La presión internacional ha sido sobre todo política y económicamente limitada a personeros de alto rango del régimen. Más allá de eso no se ha producido.
“(...) Yo espero que la comunidad internacional no acepte la legitimidad de los comicios y presione de una manera enérgica por todas las vías porque haya nuevas elecciones con garantías absolutas para todos los participantes y con supervisión internacional. Que esto pueda tener éxito está por verse; es probable que no”.
En las condiciones actuales, para Ulibarri, experto en política internacional, las elecciones no tienen legitimidad alguna. También en 2011 y 2016 se habló de fraude electoral. De hecho, es probable que estemos viviendo la peor hora para la democracia nicaragüense, como lo afirma el caricaturista político Pedro Molina (conocido como PX Molina).
Molina ha dibujado y desdibujado al poder nicaragüense desde los años noventa. El pasado 21 de octubre, la Fundación Gabriel García Márquez, de Colombia, le otorgó el prestigioso Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo por su trayectoria. Esto aseguró Molina a este diario:
“En toda mi vida solo he podido votar en dos elecciones presidenciales que pudiera considerar medianamente justas y limpias; en 1996 y en 2001. La de 2006 ya no la cuento, porque ya estaba envenenada por el pacto entre la extrema derecha y la extrema izquierda (pacto Ortega-Alemán). Nací a finales de la dictadura de Somoza, salí al exilio por primera vez siendo un niño por culpa del gobierno de Daniel Ortega y me volvió a tocar más de 30 años después por culpa otra vez de Daniel Ortega.
“Nos podemos ir a la historia y argumentar que hubo dictaduras nicas de similar duración que esta, pero las circunstancias eran otras, el mundo era otro y en todo caso, esta para mí es la peor por el simple hecho de que de las otras aprendí en los libros y esta la he sufrido en carne propia”.
LOS CAUDILLOS DE LATINOAMÉRICA
Si Daniel Ortega gana, acumulará 30 años y 5 meses como mandatario de Nicaragua para finales de 2026. Sería el tercer mandatario con más años en el poder en Latinoamérica, detrás de Fidel Castro, de Cuba; y Alfredo Stroessner, de Paraguay.
Para Carlos Fernando Chamorro, el gobierno de Nicaragua no tiene un rumbo fijo hacia el futuro. Su único objetivo es mantenerse en el poder, sea como sea.
“Ortega está atornillado al poder sin un plan de futuro después de su reelección en unas elecciones sin competencia ni legitimidad el 7 de noviembre. No tiene oferta de salida a la crisis del país, porque solo puede mantenerse en el poder imponiendo el estado policial, y porque el modelo de alianza con los grandes empresarios que prevaleció hasta antes de 2018, está muerto y sepultado”, afirmó Chamorro.
“Su único objetivo es prolongar la agonía del régimen en el poder, vivir el día a día, a cualquier costo y sin ninguna clase de escrúpulo, y por lo tanto es extremadamente peligroso por el daño y el dolor que está dispuesto a causar al pueblo nicaragüense, a la economía y el tejido social del país para mantenerse en el poder”, agregó el periodista nicaragüense.
La Nación le envió dos preguntas a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a su correo electrónico personal. Estas fueron las consultas:
—Estas elecciones se desarrollarán con casi 45 presos políticos que fueron encarcelados durante el 2021. Entre ellos, seis eran precandidatos presidenciales; todos opositores. Además, seis de diez magistrados (contando los suplentes) en el Consejo Supremo Electoral son sandinistas. ¿En este escenario, cuánta legitimidad tienen las elecciones de este 7 de noviembre?
—Contando los años que Daniel Ortega fue coordinador de la Junta de Gobierno entre 1979 y 1984, el actual presidente acumularía más de 30 años en el poder para 2026, siempre y cuando gane estos próximos comicios. Esto lo pondría únicamente debajo de Fidel Castro y Alfredo Stroessner en cuanto a años en el poder, si hablamos de los regímenes más largos de Latinoamérica del siglo pasado. ¿Es comparable el actual gobierno sandinista de Nicaragua, que lleva 15 años consecutivos al mando, con las dictaduras del siglo XX?
Y esta fue la respuesta oficial del Gobierno de Nicaragua:
Managua, 26 de octubre, 2021
A: Hermano Fabrice Le Lous
Gracias por tanto aprecio e interés.
Saludos,
Rosario Murillo.
