La crisis política vivida hace casi dos años en Nicaragua obligó a miles de sus víctimas a pedir asilo en Costa Rica. Muchos lo recibieron, otros aún esperan, pero el camino ha sido doloroso y, en este momento, empeora.
El impacto económico que está generando el nuevo coronavirus en el país también pone a este grupo contra la pared. Si conseguir un empleo ya era tarea difícil, ahora es, prácticamente, imposible.
Karen Martínez, de 37 años, es una de las caras de esas personas que debieron salir huyendo de la nación vecina. Tomó esa decisión para salvar su vida, luego de que su esposo fuera asesinado.
Eso sucedió en el departamento de Carazo, el 8 de julio de 2018, cuando fuerzas armadas del gobierno hacían la llamada “operación limpieza”, desalojando de las calles a opositores a Daniel Ortega.
“Mi esposo salió de la casa y a 200 metros le dieron un balazo certero y fulminante. Había persecución porque éramos totalmente opuestos al gobierno, nos podían identificar porque colaboramos con muchachos atrincherados llevándoles comida y agua”, contó.
A su esposo también lo creían jefe de una trinchera, pero Martínez asegura que él era agente de ventas y en el poco tiempo libre apoyaba con alimentos.
Dos días después del asesinato, ella llegó a Costa Rica con sus tres hijos, pero un año más tarde devolvió al menor (de 4 meses en ese momento) por la dificultad de cuidarlo mientras buscaba trabajo. Ahora vive con las niñas de 10 y 4 años.
Las penurias han permanecido, pero acrecentaron en los últimos días, por eso Martínez fue parte de los 200 refugiados o solicitantes de refugio que el martes recibieron alimentos básicos y alcohol en gel por parte de la Fundación Arias y SOS Nicaragua, una organización sin fines de lucro que trabaja gracias a donaciones de individuos y asociaciones.
Quienes recibieron esta ayuda son personas que salieron de su país durante la represión sufrida por la dictadura; es decir, no se trata de inmigrantes provenientes por el covid-19.
De acuerdo a Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias, corresponde a víctimas en su mayoría jóvenes, con un perfil educativo y cultural alto, profesionales o estudiantes universitarios, quienes llegaron aquí sin documentos.
“No es gente que decidió venirse a probar suerte, se vinieron porque les estaban metiendo presos o torturando, vinieron para salvar su vida. No tienen redes de apoyo o gente conocida en el país”.
Es lo que le sucede a Karen, pues en Nicaragua fue propietaria de una tienda y cuando llegó aquí lo hizo sin nada. Tuvo trabajos informales como empleada doméstica, pero la propagación del nuevo coronavirus le cerró las posibilidades.
Aunque intenta no exponerse, llamó a diferentes casas de habitación donde daba el servicio y le indicaron que por seguridad prefieren evitar el contacto con personas externas.
"El país no está en una situación tan factible, también hay crisis económica y lo entendemos. Gracias a Dios este tipo de ayudas nos vienen bien porque, aunque no son seguidas, ayudan”.
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Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. A menudo, su situación es tan peligrosa e intolerable, que cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos y así ser reconocidos, internacionalmente, como “refugiados”, con asistencia de los estados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones.
En este caso se trata de nicaragüenses provenientes de Managua, Carazo, Matagalpa y Granada, quienes recibieron los alimentos en las instalaciones de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, donde también se les entregó información sobre cómo prevenir el contagio del covid-19.
“La crisis de salud que actualmente vivimos afecta en mayor medida a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Es por eso que centramos nuestra atención en estas poblaciones, dentro de los cuales, se encuentran todos aquellos que han tenido que huir hacia nuestro país, víctimas de la dictadura y la represión”, señaló Lina Barrantes.
Claudia Vargas, nicaragüense refugiada y quien trabaja para la Fundación Arias desde el año anterior, explicó que los alimentos se entregaron a quienes están sin empleo, priorizando en mujeres con hijos, embarazadas y familias numerosas.
La comida es una colaboración más accesible de encontrar, pero el problema detectado en este momento es la falta de vivienda o la dificultad para pagar alquileres.
“Es algo crítico, en las próximas semanas esperamos reporte de personas que no pueden pagar la renta y que van a tener que moverse. Estamos tratando de acuerpar a las personas que están quedándose sin vivienda, pero no hay refugio, la iglesia luterana daba refugios, con serios requisitos, pero el dormitorio está cerrado debido al coronavirus”, mencionó.