Nicaragua es una dictadura. No puede ser más obvio, pero cuando las espurias autoridades electorales proclamen la victoria de Daniel Ortega y Rosario Murillo esta noche, oficializarán su voluntad de perpetuarse en el poder sin la menor pretensión de legitimidad o disimulo. Eso implica un cambio cualitativo.
La pareja autocrática pudo tomar la senda tradicional del fraude, como en otras oportunidades. Hay muchas formas de arreglar el resultado, desde el relleno de urnas hasta la alteración del conteo de votos, pero el régimen no quiso correr riesgos. Su impopularidad es tanta que la victoria opositora se habría notado en las calles y en los centros de votación.
Entonces, abandonó el libreto clásico, seguido a pies juntillas en otras oportunidades, y perpetró el fraude abiertamente y por anticipado. La subversión de la voluntad popular no comenzó con el arresto de los opositores y la anulación de la personería jurídica de sus partidos. La obsecuente Asamblea Nacional venía preparando el terreno con la aprobación de un marco jurídico represivo, donde destaca la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. En la práctica, la norma criminalizó la cooperación internacional y se constituyó en un poderoso instrumento para aislar y perseguir a la sociedad civil en todas sus manifestaciones.