Política

Inestabilidad de gabinete y Congreso dificulta acuerdos políticos

Los acuerdos políticos para definir el rumbo del país se dificultan por la inestabilidad que invade tanto a las bancadas de la Asamblea Legislativa como al mismo gabinete de Carlos Alvarado.

Desde mayo del 2018 se han declarado independientes 12 de los 57 diputados de seis partidos. Mientras, en el gabinete ha registrado 26 salidas. En ambos casos, se trata de las cifras más altas de inestabilidad de las últimas dos décadas.

De acuerdo con una evaluación del Programa Estado de la Nación, esa inestabilidad en ambos poderes compromete la gobernabilidad del país, al tiempo que podría desencadenar bloqueos recíprocos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, de cara al último semestre de esta administración, que se despide el 8 de mayo.

“La alta inestabilidad en el gabinete y en el Legislativo ha estrechado el espacio para la negociación y las transacciones políticas entre ambos. Una consecuencia esperable es la disminución de la efectividad del Ejecutivo en la tramitación de leyes.

“Todo ello, en principio, son condiciones que favorecen el conflicto político y el bloqueo recíproco de iniciativas entre los Poderes del Estado”, añade el informe del Estado de la Nación.

El Estado de la Nación explica que la separación de los diputados de sus respectivos partidos, por desencuentros ideológicos u otras razones, torna aún más compleja la negociación política para el Gobierno.

Si los 12 diputados independientes conformaran un solo bloque político, este sería el segundo más grande de la Asamblea Legislativa, solo detrás de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), que cuenta con 17 congresistas.

En esta administración, uno de cada cinco legisladores se ha declarado independiente.

“Desde el punto de vista práctico, la cada vez más frecuente declaratoria de independencia de una de las personas congresistas, de un determinado bloque legislativo, torna más compleja la tarea del Ejecutivo de construir acuerdos, formar coaliciones y aprobar Leyes.

“En algunas circunstancias, los cambios producidos por estos dos factores pueden acabar o poner en riesgo la existencia de acuerdos formales para dinamizar las relaciones Ejecutivo-Legislativo, pues las diputaciones independientes crean nuevos partidos o se quedan al margen de los existentes”, señala el informe.

La diputada Paola Vega fue la última en engrosar la lista de independientes, en setiembre, cuando se separó del Partido Acción Ciudadana (PAC), días después de renunciar a la campaña del candidato presidencial Welmer Ramos.

También se declararon independientes siete diputados que ganaron sus curules con el Partido Restauración Nacional (PRN). Cinco meses después de haberse estrenado en sus cargos, ellos se unieron a Fabricio Alvarado para conformar el Partido Nueva República (PNR), en octubre del 2018.

Se trata de Jonathan Prendas, Carmen Chan, Marulin Azofeifa, Harllan Hoepelman, Nidia Céspedes, Ignacio Alpízar e Ivonne Acuña. Sin embargo, Acuña también se separó de esa agrupación y decidió trabajar fuera de cualquier bloque o fracción.

La lista de independientes la complementan Shirley Díaz y Dragos Dolanescu, electos por los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Republicano Social Cristiano (PRSC), respectivamente, así como Zoila Rosa Volio y Erick Rodríguez, quienes llegaron al Congreso con el Partido Integración Nacional (PIN).

De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación 2021, estas rupturas “alteran la distribución del poder y reconfiguran las alianzas legislativas, haciéndolas más inciertas y efímeras”.

La inestabilidad en los puestos también ha golpeado al Poder Ejecutivo. El gabinete de Carlos Alvarado ha enfrentado, hasta el momento, la salida de 26 ministros.

El cargo más inestable ha sido el del Ministerio de la Presidencia. Por esa silla pasaron Rodolfo Piza (hasta julio de 2019), Víctor Morales (hasta marzo de 2020) y Marcelo Prieto (hasta diciembre de 2020). Actualmente la ocupa Geannina Dinarte.

Algo similar ha sucedido con Hacienda, otro ministerio clave. Rocío Aguilar renunció en octubre de 2019; enseguida el gobierno nombró a Rodrigo Chaves, pero dimitió menos de cinco meses después. El cargo lo ostenta Elian Villegas desde junio de 2020.

“El desgaste político derivó en la salida de los ministros de la Presidencia, Víctor Morales y Marcelo Prieto, quienes estuvieron poco tiempo en su cargo (216 y 234 días respectivamente); además de la ministra Rocío Aguilar y Rodrigo Chaves de Hacienda (este último con una duración de 184 días).

“Estos casos sobresalen por el hecho de que ocurren varias salidas en las mismas carteras ministeriales. En otras palabras, una parte importante de las salidas del actual gabinete tienen lugar entre quienes han reemplazado a las personas titulares”, señala el informe.

De acuerdo con el análisis del Estado de la Nación, este gobierno tiene el mayor número de salidas al cumplir los tres años de mandato: 24 salieron al 8 de mayo pasado. La cifra más alta la había reportado la administración de José María Figueres (1994-1998), con 20 bajas en los tres primeros años.

“Los motivos de salida en la actual gestión son principalmente por desgaste político: 14 ministros y ministras han abandonado su puesto por ese motivo, el mismo número que en la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), seguidos por la administración Laura Chinchilla (2010-2014). En esa ocasión 10 personas salieron por ese motivo”, señala el estudio.

A las 24 bajas reportadas hasta mayo de 2021, deben sumárseles la salida de Giselle Cruz del Ministerio de Educación Pública (MEP), así como la renuncia del ministro de Turismo, Gustavo Segura.

Cruz renunció el 14 de noviembre luego de la polémica por la aplicación de un cuestionario en las pruebas FARO que solicitó información de índole personal a alumnos de quinto grado. Segura presentó su dimisión el 1.° de diciembre para liderar la expansión de la cadena hotelera AKEN.

El Estado de la Nación señala que la inestabilidad política tiene su origen, principalmente, en “las precarias condiciones” que tiene el oficialismo, que apenas cuenta con nueve diputados. Añade como causas la sucesión de gobiernos divididos y los bajos niveles de aprobación ciudadana.

Además de ese complicado escenario político, agrega el informe, el país enfrenta los efectos del déficit fiscal y de la pandemia de coronavirus, los cuales dividen a la opinión pública, lo cual ha debilitado las alianzas políticas.

“Las medidas para sanear las finanzas públicas por un lado, principalmente por medio de la contención del gasto y el impulso a una reforma tributaria en el marco de un convenio con el FMI, así como aquellas que han impuesto restricciones a libertades civiles, como el tránsito o la libertad de comercio, para mitigar los efectos de la pandemia, tienen cada una por separado o en conjunto el potencial de desencadenar crisis gubernamentales con fuertes implicaciones políticas en dos sentidos: enfrentamientos entre el Gobierno y la ciudadanía, por un lado, y conflictos de competencia entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por otro”, concluye el informe.

Este contexto ocurre mientras el Congreso discute la agenda de reformas y ajustes comprometidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), discusión que ya está influenciada por la campaña electoral.

Precisamente, al ser consultado sobre la relación de su gobierno con los diputados, el presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó que algunos legisladores apoyan en secreto algunas de sus medidas, pero que lo callan por miedo al costo político.

“Una cosa curiosa que voy a decírselo a modo de chisme: mucha gente en privado coincide con nosotros, pero dice ‘no podemos hacerlo públicamente porque salimos pegados al Gobierno y eso nos lo van a cobrar’. Sí, diputados y partidos. O sea, muchos coinciden con nosotros en privado, pero tienen un miedo del costo político de que se vea públicamente”, manifestó Alvarado el 30 de noviembre.

Mientras tanto en el Congreso, algunos diputados han amenazado con entorpecer la discusión de la agenda del FMI por desencuentros con el Gobierno, como la disconformidad con la exigencia del código QR en comercios.

Ese es el caso de Pablo Heriberto Abarca, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien aseguró que “sería muy bueno” que la Asamblea Legislativa cierre durante el mes de enero si el Gobierno convoca créditos internacionales y las reformas de impuestos del FMI. Al final, los congresistas desistieron y trabajarán en enero.

Además, el ausentismo de múltiples diputados ha impedido la realización de sesiones en el plenario legislativo en las últimas semanas.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.

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