Desde hace varias semanas, se conversa en corrillos parlamentarios la idea de que los diputados se vayan a receso en enero, justo en la época más intensa de la campaña electoral. Sin embargo, ninguna bancada ni congresista asume la paternidad de la propuesta.
“El receso no lo ha planteado el PUSC. Nosotros, desde antes, estamos claros en que no votaremos impuestos. Mi posición es que, si el Gobierno, en enero, solo quiere impuestos y créditos, sería muy bueno que se cierre. Es mucho mejor para el país que seguir en esa ruta empobrecedora”, insistió el diputado Abarca.
En tanto, la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, declaró que no existe una propuesta formal de receso para enero, pero confirmó que, en criterio de ella, esta es una conversación que se tendrá que realizar en algún momento, entre los jefes de las fracciones políticas.
Cuando se le preguntó a Corrales si hay miembros de su bancada que apoyan una pausa del Congreso en enero, respondió que el tema no se ha planteado.
Por ahora, solo está previsto que los diputados se vayan a receso del 31 de enero del 2022 al 3 de febrero, precisamente en la semana previa a las elecciones nacionales del 6 de febrero.
La idea que cunde en Cuesta de Moras es suspender labores también en las semanas anteriores. Aunque no sesionarían ese mes, los congresistas sí cobrarían ¢4 millones en dietas cada uno si aprueban el receso.
“Todo diputado tiene su criterio, su posición al respecto, es su posición personal y eso se va a ver reflejado en el momento de la votación, si se llega a presentar una propuesta de este tipo. Para mí, es bastante complejo manifestar mi posición personal porque represento a una bancada, 17 personas”, respondió Corrales.
Que los diputados se vayan a vacaciones en enero, ya sea por acción de ellos o porque el Ejecutivo desconvoque la agenda de proyectos de ley, implicaría que Zapote pierda uno de los tres meses de su último periodo en control de la agenda parlamentaria.
Además, sería la última oportunidad del Gobierno para centrar a los congresistas en el trámite legislativo de la agenda de ajuste fiscal pactada con el FMI, acuerdo dirigido a mejorar las finanzas públicas del país y acceder a un crédito por ¢1.778 millones de ese organismo internacional con condiciones blandas.
La agenda acordada con el Fondo incluye el plan de renta global, la reforma al impuesto a casas de lujo y la eliminación de exoneraciones fiscales.
En torno a la idea de los diputados, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, dijo que el Ejecutivo confía en que la Asamblea Legislativa dimensione el impacto para el país de seguir posponiendo “una agenda que busca garantizar no solo el esfuerzo de consolidación fiscal, sino que busca evitar afectaciones al país”.
Esos efectos negativos podrían ser, según enfatizó Dinarte, en términos de la confianza de los mercados y las implicaciones en los macro precios, “que a su vez afectarían a los hogares”.
“No es con amenazas que resolveremos los problemas del país, ni retrasando las discusiones; por el contrario, trabajando con prioridad en estos temas urgentes, podemos también avanzar con otras agendas relevantes y que nos hacen coincidir, por ser de beneficio para el país”, manifestó Dinarte.
