Es probable que en un país menos atribulado, menos personas conocieran a Randall Zúñiga. En Costa Rica, ahora ruta central del narcotráfico y víctima de homicidios imparables, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habla a diario, aunque no quisiera.
En medio de la peor crisis de homicidios que ha vivido el país, además, ha afrontado un ataque sin precedentes de parte del Poder Ejecutivo, así como una reducción del presupuesto que, según él, le cuesta al país en cuerpos, uno por uno.
En Revista Dominical quisimos conocer cómo piensa Zúñiga sobre lo que vive el país, sobre la política que parece absorberlo y las calamidades de su cuerpo policial. Le ofrecemos tanto la entrevista completa como en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.
— A modo de un resumen ejecutivo, me gustaría que nos comente el estado de la seguridad en Costa Rica.
— Estamos ante una situación bastante crítica, la verdad. Cuando yo me postulo para ser director general, teníamos un panorama totalmente diferente. Veníamos avisando que iban a aumentar los homicidios, y al final se cumplió. Dentro de este panorama, diría que estamos viviendo los tiempos más difíciles a nivel de seguridad.
“No solamente los homicidios han aumentado, sino también los fraudes, y esto de alguna forma ha empujado para que los delitos contra la propiedad bajen. Esto es algo que dijimos desde el 2023 que iba a suceder, y se está cumpliendo también”.
— Es decir, ¿pareciera que la delincuencia está migrando de los delitos típicos contra la propiedad o asaltos, a algo más especializado?
— Si vos lo ves, anteriormente, cuando yo ingresé al OIJ, teníamos robos de bicicletas o en casas, se robaban la pantalla de televisión, algo por el estilo. Pero ahorita, los jóvenes están desplazándose a lo que es el sicariato, delitos contra la vida.
“En la pandemia los delincuentes entendieron de que era más rentable robarse las cuentas de una persona que asaltarlo, porque asaltarlo en la calle tiene tres problemas: uno, te pueden identificar o incluso matar si la víctima porta un arma; dos, solo se pueden dar dos o tres golpes en un día porque luego llega la Fuerza Pública o el OIJ a la zona; y tres, y quizás más importante, lo que puede andar una persona en la billetera no es igual a lo que tiene en la cuenta bancaria.
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“Entonces, en pandemia se dieron cuenta de todas estas situaciones, lo que provocó que se desplazaran a robos mediante fraudes o estafas bancarias. Para muestra un botón, en 2020 teníamos 2.000 estafas por fraude bancario, y este año 2025 vamos a terminar en 30.000 muy probablemente”.
— ¿Cómo es el estado de salud del OIJ? ¿Cómo soportan la crisis de inseguridad?
— Ustedes en Revista Dominical hicieron un reportaje muy interesante hace unas semanas, en el cual hablaban de la problemática del OIJ viéndola desde varias perspectivas. Primero, la lucha contra la criminalidad, que ha ido en buena medida sobre los hombros de todos los compañeros y compañeras del OIJ. Tenemos que luchar en varios frentes, trabajar lo que son homicidios, desapariciones, casos de violencia contra las mujeres, por ejemplo, femicidios, préstamos gota a gota, tenemos que trabajar casi que todos los delitos.
“Pero también tenemos que estar luchando para que el personal se mantenga en la institución. Este es uno de los problemas más graves, porque mes a mes, semana a semana, se nos está yendo el personal y es un personal muy valioso, muy calificado, que es el que nos permite resolver casos.
“Para hacer una analogía, no se puede pretender que un doctor general recién ingresado diagnostique una enfermedad igual que un cardiólogo con 20 años de experiencia. Esa es la problemática que estamos viviendo nosotros.
“El otro tema es una situación innecesaria del Poder Ejecutivo hacia nosotros, de diferentes trabas que nos interponen en el camino, y que nos están afectando la labor que realizamos”.
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Renuncias en OIJ pasaron de 14 a 125 por año
— Usted menciona la deserción de agentes. En el reportaje que usted cita se habla del salario global. ¿Cuál es la forma de atender esto?
— En la actualidad hay un proyecto de ley de doña Kattia Cambronero, para que se excluya al OIJ de la Ley Marco de Empleo Público. Eso nos permitiría retener a ese personal.
“Sin embargo, como te digo, parte de las trabas que hemos tenido con el Ejecutivo es que la diputada Pilar Cisneros interpuso como 158 mociones que no tienen sentido, porque es una reiteración de la moción, nada más que le cambian una coma o le cambian algo extra a la moción, simplemente para hacer filibusterismo parlamentario. Mucho se habla ahorita de jornadas 4:3, de que otro partido está haciendo algo similar, pero ellos, el gobierno, también lo hacen con esta reforma de ley.
“Lo más grave es que a esta fecha, no me han podido explicar, con datos certeros, cuál es el beneficio de que el OIJ permanezca en la Ley Marco de Empleo Público y cuál es el perjuicio. El único argumento que reportan es que (sacar al OIJ) sería abrirle la puerta a otras instituciones para que hagan lo mismo. Eso no es técnico, eso no es científico.
“Nosotros sí les hemos demostrado, con números, que el perjuicio que ha tenido el OIJ es de ¢125.000 millones en pérdidas a lo largo de casi 6 años. Es bastante grave, se nos está yendo el personal que nos permite resolver los casos con más facilidad".
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— ¿Se conoce cuántas personas han dejado el OIJ?
— Entre el año 2011 al 2019 renunciaban en promedio 14 personas por año. A partir de que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aumentó a 40-45 durante un tiempo. Pero desde que entró la Ley Marco de Empleo Público, subió a 120 o 125 personas por año. Dos leyes son las que están afectando más al OIJ.
“Los compañeros están poniendo el pecho a las balas, están generando todo este entramado para desarticular grupos criminales, y son amenazados. Cada 2 o 3 días tenemos que estar reubicando a un compañero, o dar protección, porque hay amenazas directas de grupos criminales sobre ellos. También pasa con Fiscalía y algunos jueces, pero más con OIJ.
“Hemos tenido compañeros que han fallecido producto de esta misma situación, pero pareciera que hay una ligereza, por ponerlo bonito, respecto a las situaciones que está sufriendo el OIJ por parte del Ejecutivo”.
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‘El Ejecutivo toma represalias por la labor que hace OIJ’
— Recientemente La Nación publicó que el Ministerio de Hacienda decidió no girarles un dinero que ya la Asamblea Legislativa les había aprobado. Ese dinero iba a ser destinado a contratar más agentes. ¿Cómo les afecta eso?
— Nos afecta en varias dimensiones. Primero que nada, ese dinero va a quedar como plata no ejecutada por el OIJ, cuando en realidad nunca le ingresó. Es lo más ilógico del asunto. El año pasado también, Hacienda nos trasladó algunos dineros hasta noviembre, cuando evidentemente en un mes no se puede ejecutar, porque el procedimiento de contratación dura meses. Esos dineros, que fueron como ¢2.500 millones, casi quedaron en subejecución.
“Más allá de la subejecución, que van a ser como ¢6.000 millones que nunca nos ingresaron, esas plazas se iban a utilizar para la lucha contra la criminalidad, enfocado en corrupción.
“También para la parte técnica-científica. Auditores. Forenses. Nosotros tenemos un pendiente de 1.800 teléfonos por aperturar. Son plazas que servirían para atender ese problema y sacar casos con más prontitud. Todo eso nos está afectando.
“Te podría decir que nos dieron el terreno para el OIJ de Limón y después nos lo quitaron. El tema de la pensión del OIJ. Allanamientos 24/7. Ha venido una serie de acciones en detrimento de la labor que realiza el OIJ, pese a que esta es la policía que está resolviendo cantidades de casos importantísimas.
“Tenemos por consigna sacar por lo menos una organización criminal grande por semana. Esta semana (la del lunes 8 de setiembre), por ejemplo, desarticulamos dos grupos importantes, uno dedicado al acetileno y otro a los fraudes o estafas.
“Que no nos den el apoyo, creo yo que por un tema de revanchismo, porque no gustó que se investigara a Marta Eugenia Esquivel y Mauricio Batalla, pero ya eso no es culpa de nosotros... El presidente de la República fue el que dijo que había una situación anómala en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, nos corresponde investigarlo.
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“En todos los gobiernos han habido personas afines al gobierno implicadas en presuntos casos de corrupción. No es nada nuevo. Solo en este caso se están tomando represalias por la labor del OIJ.
“En Limón hicimos una barrida completa, de los 12 cabecillas importantes, hay 10 detenidos y 2 en fuga, que son Tan y Diablo, pero los demás están detenidos. Limón hace 2 años tenía una situación gravísima, personas iban a las casas con escuadrones de la muerte y mataban a personas. Ya eso se paró en Limón. Igualmente en Puntarenas.
“Todas estas acciones que hace el OIJ han permitido mantener los homicidios en 900, que no es lo ideal, pero se requiere más para poder bajarlos”.
“En todos los gobiernos han habido personas implicadas en presuntos casos de corrupción. No es nuevo. Solo en este se están tomando represalias por la labor del OIJ”
— Randall Zúñiga, director del OIJ
— Hace apenas dos semanas, en este mismo espacio, el diputado chavista Daniel Vargas justificó que Hacienda no quisiera girar los recursos, ya que de cualquier forma el OIJ y la Fiscalía tenían subejecución presupuestaria...
— No. Pero es que eso es perverso, es perverso, porque quien nos hace subejecutar el presupuesto es el mismo Ministerio de Hacienda. El ministerio no gira los recursos, entonces el presupuesto se nos queda asignado a nosotros, pero nunca nos entró el dinero. Ni siquiera lo tocamos.
“Este año van a quedar en subejecución ¢6.000 millones de plazas que nunca nos dieron, y así va a quedar constando. ¿Qué podemos hacer nosotros contra eso? Les propusimos ‘dennos las platas por lo menos para este año’, nos dijeron que no.
“Propusimos: ‘entonces, dennos la plata para remitirla al fideicomiso que tenemos, para que no quede subejecutada’. Nos dijeron que no. No hay forma, de ninguna forma vamos a poder ejecutar algo que nunca nos van a dar”.
‘Cuando no haya competencia, empezarán a matar ministros, diputados y jueces’
— Hace unas semanas, el presidente Rodrigo Chaves dijo que la situación de inseguridad no era tan grave como la querían hacer ver. El diputado Daniel Vargas dijo que “el ciudadano común no está sufriendo el ataque directo de la guerra entre bandas“. ¿Son correctas estas afirmaciones?
— Primero que nada, no se puede minimizar la situación que estamos viviendo, nunca hemos vivido, en tiempos de paz, algo parecido a esto. Esto de que mueran tantos costarricenses, independientemente que si hay o no luchas entre grupos criminales.
“El problema de no darle la importancia a esta lucha de bandas es que el grupo criminal viene a eliminar a la competencia, eliminar lo que le estorba, que es el otro grupo. Pero cuando esa organización (gana la pugna) y se asienta, ya no hay competencia.
“Cuando sea un político, un ministro de Seguridad, un director de la policía, o un policía lo que les estorba, entonces van a empezar a eliminar a esos policías, a esos ministros, esos diputados, esos jueces, como ha sucedido en otros países, en Colombia, en Guatemala.
“Minimizar el asunto de esa lucha entre grupos criminales, porque es una situación de que ‘se matan entre ellos’, no es correcto. Tenemos algo que nunca ha sucedido en Costa Rica, que antes no se veía: víctimas colaterales.
“¿Por qué se da la víctima colateral? El OIJ se ha encargado de poner en prisión a la mayoría de gatilleros que han tenido algún tipo de prolijidad a la hora de ejecutar los asesinatos. Esos están en prisión.
“Entonces, ¿qué tienen que hacer los grupos criminales? Empiezan a reclutar jóvenes sin experiencia, que no saben utilizar una AR-15, o una AK-47, y es por eso que van a un evento a matar una persona, pero en vez de matar a una, matan a tres o cuatro, que son víctimas colaterales.
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“La situación de víctimas colaterales no se puede resumir únicamente a las ciento y resto de personas que han muerto en 2 años. No. Hay un grupo de tres o cinco veces esa cantidad, que son personas que han resultado heridas en un evento en el que intentaron matar a otro sujeto.
“Tenemos el ejemplo de una niña de 11 años que estaba en una cancha de fútbol, recibió un disparo, y ella nunca va a poder ser madre. Hay personas que perdieron un ojo, perdieron el funcionamiento de un órgano, que tienen que usar una bolsa para hacer sus evacuaciones. Entonces, son víctimas colaterales que se les destruyó la vida, quedaron en una silla de ruedas, pero nadie las contabiliza. Solo contabilizan a las que murieron.
— Si se utiliza la tasa de homicidios como referencia, la época con mejores números fue el gobierno de doña Laura Chinchilla. ¿A qué se debieron esos números bajos?
— Eso está en el Reporte Situación del OIJ de 2019, página 69, y te lo voy a leer. En el 2019 dijimos lo que iba a suceder y sucedió. También lo mencionamos en el reporte de 2024, sobre cómo llegamos a 900 homicidios.
“Dice: ‘La importancia del combate de la criminalidad en época de crisis fiscal. La crisis fiscal que atraviesa el país conlleva un problema de fondo que no se debe dejar de advertir. Generalmente, en tiempos de constricción económica, se opta por limitar o cortar los proyectos y programas sociales, así como de prevención e investigación criminal’.
“Además, dice que ‘la Estrategia Internacional de Control de Drogas, publicada el 2 de marzo del 2017 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, establece que el deterioro fiscal provoca que disminuya el presupuesto destinado a la seguridad del país, amenaza el trabajo realizado en la lucha contra el narcotráfico’.
“Inclusive aquí nosotros dijimos que el costo de no hacer inversión en materia de seguridad es grande, pues las pérdidas económicas pueden surgir de la afectación de la imagen internacional del país, y también iba a afectar la inversión extranjera. Todo lo dijimos aquí, en el reporte del 2019.
“¿Qué fue lo que pasó? En el año 2019 se genera algo que se llama regla fiscal, y esa regla establece un tope presupuestario. Las policías nos financiamos de lo que decomisamos al narco, pero aunque estemos generando recursos propios al OIJ, tenemos un tope presupuestario. Si EE.UU. nos dona $1 millón, tenemos que dejar de gastar ese $1 millón de nuestro presupuesto, cosa ilógica, para gastar el millón que nos están donando.
“Anteriormente, como somos muy juiciosos con el pago de horas extra, viáticos, y otros, los sobrantes que quedaban los agarrábamos y los transformábamos en activos, compramos equipos, municiones... Pero con la regla fiscal no se pudo hacer más.
“Esta visión fiscalista imposibilitó que el OIJ y la Fuerza Pública pudieran atacar el problema de fondo. Evidentemente, este gobierno ha tenido una visión fiscalista en tema de seguridad. La inversión que se hace es muy básica.
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“A cada rato se refiere el ejemplo de El Salvador, se habla de lo que hicieron (...). Bukele queda en 2019 y hace un plan de siete pasos. El primer paso es control territorial, sacar a la policía y al ejército a la calle. El OIJ copió ese modelo en Limón, con la operación Caribe, fuimos a Limón, dominamos la zona y en 22 días no hubo un solo homicidio. Lo hicimos en los barrios del sur, en San José, e igual, en 22 días no hubo un solo homicidio.
“Este año tuvimos que hacer otra vez la operación Caribe 2.0, fuimos a Guápiles, donde nos mataron a un compañero, y a Batán, donde le dispararon a la regional del OIJ, y no hubo ni un solo homicidio en ese periodo. La presencia policial evita los homicidios de inmediato, pero eso es caro, requiere horas extra, viáticos, hospedaje... Es plata (...)“.
“Bukele aumentó becas, invirtió en la policía, compró equipo, compró drones, dio más posibilidades, ya después empezaron todas las medidas de excepción, pero antes de eso, logró pasar de una media de 300 homicidios mensuales a 169 en junio de 2019. Sí se pudo, pero invirtió $525 millones, aquí al OIJ le están denegando $8 millones para plazas”.
“A cada rato se refiere el ejemplo de El Salvador. (...) Bukele invirtió $525 millones, aquí al OIJ le están denegando $8 millones”
— Randall Zúñiga, director del OIJ
‘Si se va un especialista, lo recuperamos hasta en 7 años’
— ¿Cómo ha solucionado el tema de reclutamiento y formación de agentes del OIJ? ¿Logran satisfacer la demanda?
— Cuando va a ingresar una persona tiene que pasar como siete filtros. Filtros de inteligencia, de autocontrol, de relaciones interpersonales, la parte física, psicología manejo, etcétera. Generalmente el proceso de reclutamiento del OIJ está en 9 meses.
“De 100 personas que aplican, al final del proceso solamente cinco van a poder rescatarse, porque somos bastante estrictos. Si alguien tiene un pariente con algún antecedente penal, tampoco va a entrar. Posteriormente empieza la capacitación, que son otros 9 meses, y después viene una práctica supervisada de tres meses.
“En resumen, por cada persona que se nos va, se van a requerir dos años para que otra inicie a investigar, pero inicia a investigar de cero kilómetros. No conoce, no tiene informantes, no tiene nada. Esa persona va a requerir 2 o 3 años para conocer bien la parte de investigación, y luego se puede pasar eventualmente a investigación de homicidios, narcotráfico, crimen organizado o corrupción, y ahí también tiene que aprender. Es decir, si se va un especialista, lo recuperamos hasta en 7 años”.
— Desde que empezaron los arrestos relativos al tema de extradición, solicitados por la DEA, se ha repetido la frase de que “la DEA vino a hacer el trabajo que las autoridades de Costa Rica no hacen”. ¿Cómo respondería a ese argumento?
— Eso lo dijo el señor presidente en su momento. Yo lo primero que le diría al señor presidente es: ¿qué hicieron ellos con Limón? Él tiene una policía especializada única y exclusivamente para lo que son drogas (Policía de Control de Drogas, PCD), ¿qué hicieron con Limón? ¿Por qué no hicieron algo contra Celso Gamboa? ¿Por qué no hicieron algo contra Pecho de Rata o contra Shock?
“Ellos han tenido más tiempo que yo. Yo tengo dos años acá, acabo de cumplirlos. Este Poder Ejecutivo tiene tres años y medio. ¿Qué hicieron ellos con Celso? Jorge Torres le indicó al presidente que Celso llegó a negociar el tema de Diablo ahí. El presidente tenía conocimiento de quién era Celso Gamboa. ¿Qué hicieron ellos?
“¿Y qué hicieron por Limón, por ejemplo? Que me diga el señor presidente cuál grupo criminal han desarticulado a Limón. Yo le diría que ninguno. Y ojo, la PCD tiene más personal que OIJ en materia de narcotráfico. Según doña Pilar Cisneros, tienen como 320 agentes, mientras el OIJ tiene 70 agentes dedicados exclusivamente a narcotráfico, y con 70 hemos barrido Limón, desarticulamos grupos criminales importantes. Antes de que vean al vecino, ¿qué han hecho ellos?
“Después de eso, sí le puedo decir que nosotros llegamos a acuerdos con la DEA desde hace dos o tres años, ni siquiera era yo el director, era don Walter Espinoza. Nos comprometimos porque la DEA quería extraditar a varios cabecillas para que afronten la justicia estadounidense. Nosotros convenimos que era lo mejor, porque aquí, en las prisiones de Costa Rica, no tienen esa seguridad o esa calidad que puedan tener las prisiones estadounidenses”.
“Si usted ve, nosotros tenemos a la mayoría de cabecillas de este país en prisión. Celso Gamboa hizo una lista y dijo ‘aquí estoy en prisión con Winston Myrie, con Norman Amador, con Tío Edgar, con Peña Russell, con Macho Coca. A todos los detuvo el OIJ, a todos. ¿A quiénes de esos ha detenido el Ejecutivo? Porque ahí hablan bastante, pero yo no veo que te ejerzan esa posibilidad.
“Que me diga el señor presidente cuál grupo criminal han desarticulado a Limón. Yo le diría que ninguno”
— Randall Zúñiga, director del OIJ
Megacárcel: ‘Ver para creer’
— Un proyecto sobre que sí hemos visto que el gobierno y el presidente han puesto dinero, y han puesto su capital político, es la famosa “megacárcel”...
— Es interesante, porque vos ves que crecen Justicia y Seguridad en ¢52.000 millones, pero no se tienen ¢4.000 millones para el OIJ.
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— Por ahí iba. ¿A ustedes la construcción de una cárcel les ayuda en algo, les aliviana el trabajo?
— El OIJ es el que se encarga, en buena medida, de llenar las cárceles. Este gobierno empezó con 15 mil privados de libertad y ahora están en 18 mil. Al final, el tema de hacinamiento es del Ministerio de Justicia. Nosotros lo que hacemos es detener a las personas y mandarlas a prisión.
“¿Qué esperaría uno que tenga la prisión? Que no se puedan comunicar con el exterior. Si usted ve el caso de alias Curry, la banda que se detuvo hace dos meses y medio, hay 26 personas en prisión preventiva. En ese caso, alias Curry, que fue detenido y condenado a más de 20 años de cárcel, desde la prisión llamaba para que ejecutaran a 13 personas. Lo tenemos documentado con una intervención judicial. Hubo dos muertes colaterales
“¿Cómo es posible que desde una prisión puedan ordenar matar a una persona? ¿Cómo es posible que Peña Russell tenía tres o cuatro celulares en su celda si era de máxima seguridad? ¿Cómo es posible que en el caso Pancho Villa también tenían celulares? Entonces, hay una serie de situaciones alrededor de la prisión que es resorte de Justicia, no es resorte del OIJ. Es responsabilidad del Ministerio de Justicia. Yo tendría que ver la cárcel para creer. No lo veo tan viable a corto plazo, al final es otro módulo más dentro de La Reforma”.
— Su figura ha sido sobresaliente durante los últimos años. Es común verlo defendiendo el trabajo y la legitimidad del OIJ, teniendo que defender recursos. ¿Qué tan saludable es que el director del OIJ esté metido en esa refriega política?
— Sinceramente yo no debería estar en temas de presupuesto, en temas de contestar al presidente cuando nos dice algo. Pero si nos lo dice al OIJ, yo soy la cabeza y tengo que responder. Si nos atacan y es injusto el ataque, tenemos que contestar. No es una situación que me agrade, pero soy la cabeza de la institución y me corresponde hacerlo.
“Yo te diría que la institución goza de los máximos niveles de credibilidad en el país. Recientemente se generó un estudio de percepción en comunicación digital y el OIJ tiene una aceptación del 70%. El CIEP siempre ha dicho que la nota del OIJ es 70. Solamente hay un 21% de comentarios negativos en redes sociales.
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“A mí no me hace nada feliz tener que estar en eso. Yo debería estar en las labores propias de dirigir la policía, estar viendo cómo resolvemos casos, pero las circunstancias nos obligan a tener que defender los recursos que nos corresponden.
“Cuando viene alguna crítica malsana, hay que responderla, el OIJ no puede permitir que se deslegitime la acción policial por una vendetta o algún tipo de celos. Pero esta labor que he tenido que asumir no es política, siempre ha sido técnica, siempre ha sido científica”.
