El gobierno asignó menos recursos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público para el 2026, en comparación con el presupuesto de este 2025.
En el caso del Ministerio Público, se redujo en ¢1.428 millones para el 2026, pues se destinarán ¢59.178 millones, cifra menor que los ¢60.606 millones autorizados para agosto de este 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.
Mientras que la previsión de gastos del OIJ será de ¢127.385 millones, en el 2026, es decir, ¢248 millones menos frente a los ¢127.633 millones del ejercicio económico de este año.
El recorte al OIJ y la Fiscalía se da en un contexto de creciente inseguridad en Costa Rica, principalmente por enfrentamientos de organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Asimismo, por la decisión de Hacienda de no otorgar los recursos necesarios durante este año, para la contratación de nuevo personal.
Frente a este panorama está un crecimiento de apenas 0,2% en el presupuesto total del Poder Judicial para el próximo año. Se trata de la evolución interanual más débil desde el 2021.
Para el 2026 se asignaron ¢532.837 millones al Poder Judicial, ¢1.193 millones más frente a los ¢531.645 millones de previsiones de gasto a agosto pasado, según los datos del Ministerio de Hacienda.
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El plan propuesto contempla recortes en áreas como el mantenimiento de los edificios, remuneraciones básicas y eventuales, capacitaciones, gastos en viajes y transporte, entre otros.
Ministro justifica
Sobre la asignación al Poder Judicial, el jerarca del Ministerio de Hacienda, Rudolf Lücke, afirmó a La Nación que, a diferencia de los demás ministerios, cuando se subejecutan los recursos, como sucede en este poder del Estado, el presupuesto siguiente se ajusta a esa subejecución.
“En el caso del Poder Judicial, a pesar de que el año pasado subejecutó ¢18.000 millones y el año antepasado más de ¢20.000 millones, igual que el año previo; nosotros seguimos presupuestando el monto completo”, indicó Lücke.
Al respecto, el OIJ señaló que la subejecución la provoca Hacienda, pues argumentaron que no entregan los dineros a tiempo, lo que impide liquidar esos recursos a tiempo.
El Organismo puso como ejemplo las plazas que tienen asignadas este año, las cuales no han podido sumar. Alegó que Hacienda sí asignó ese dinero, pero no lo entregará, lo que reflejará una subejecución de ¢6.000 millones, aunque los recursos no se giraron.
Situación grave
Para el OIJ, el presupuesto del 2026 se perfila como un presupuesto “de mantenimiento”, pues considera que apenas permite sostener el funcionamiento mínimo, sin capacidad de expansión o innovación, y con riesgo de deterioro progresivo en áreas críticas como investigación criminal, tecnología, capacitación y recursos humanos.
“El efecto de este estancamiento es doble: por un lado, limita la posibilidad de responder con eficiencia a las demandas de seguridad ciudadana, y por otro, afecta la moral institucional al evidenciar que la organización opera con recursos insuficientes frente al entorno cada vez más complejo”, señaló.
“Lo anterior obliga a visibilizar que, mientras la criminalidad evoluciona con mayor sofisticación y exige respuestas más rápidas y tecnificadas, el OIJ enfrenta un panorama de restricción presupuestaria que no se alinea con dichas demandas”, añadió la entidad.
Recientemente, en un video divulgado por el OIJ, Randall Zúñiga, director de ese cuerpo policial, instó al ministro de Hacienda a reconsiderar esa posición para que la institución pueda contar con los recursos.
“En Costa Rica, el tema de la seguridad no está para dividir, ni tampoco para polarizar. Somos un mismo equipo, estamos en el mismo bando, esperaría yo. Es importante que se demuestre con acciones decididas“, comentó Zúñiga.
En tanto, el Ministerio Público señaló que el porcentaje de decrecimiento del presupuesto para el 2026 es del 2,10%. Indicaron que la tarde del 12 de setiembre, el fiscal general se reunió con otras autoridades del Poder Judicial para abordar el tema de manera integral.
“En el contexto actual que vivimos cualquier reducción al presupuesto impacta de manera importante las funciones que realiza el Ministerio Público”, dijo la Unidad Administrativa del Ministerio.
Esta comparativa se realizó con el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda para el 2026, en contraste con el presupuesto autorizado a agosto de este año.
Menos del 1%
El presupuesto del Poder Judicial para el 2026 representa menos del 1% del producto interno bruto (PIB) proyectado, algo que no ocurre al menos desde el 2018, pues siempre se ha superado ese umbral.
El PIB nominal previsto para el 2026 es de ¢54,63 billones, según la Dirección General de Presupuesto Nacional, con base en los datos del Informe de Política Monetaria Julio 2025 e información adicional del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
De esta forma, los ¢532.837 millones presupuestados para el Poder Judicial equivalen a 0,98% del PIB para el próximo año. La relación respecto a la producción se redujo desde el 1,03% destinado en el año previo. Esto significa que el PIB crece más rápido que lo destinado a este poder del Estado.
La previsión total de egresos es de ¢12,8 billones para el próximo año, lo que implica un incremento del 3,1% respecto a los ¢12,4 billones del 2025, según el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional del 2026.
El presupuesto del Poder Judicial representa un 4,16% del total de egresos previstos para el 2026, una participación menor al 4,29% del año previo, cuando se incrementó el monto presupuestado en ¢24.278 millones.
Postura de Hacienda
El jerarca de Hacienda reiteró que el aumento que se le otorga al Poder Judicial incluye la subejecución que tuvo el año pasado. “(...) si uno registra en este presupuesto 2026, el aumento es de unos ¢1.000 millones, pero es que la subejecución de ¢18.000 millones del año pasado se les reconoció como si lo hubieran ejecutado y para este año se estima una subejecución de ¢20.000 millones”, agregó.
Consultado por las razones de la subejecución, comentó que es un tema propio del Poder Judicial. “Desde mi punto de vista esto debiera ser una asignación más eficiente de los recursos para poder, por ejemplo, destinarle más recursos al OIJ. Nosotros no somos los que destinamos los recursos al OIJ, es el Poder Judicial que los administra. Entonces, si el Poder Judicial tiene subejecuciones recurrentes, a la hora de asignar los recursos de forma más eficiente podrían generar esos recursos hacia el OIJ”, apuntó el jerarca.
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Sobre la asignación de recursos al resto de instituciones del gobierno con base en el incremento del porcentaje de gasto permitido por la regla fiscal para el 2026, Lücke dijo que el gasto por regla fiscal es de 5,81% y en el proyecto de presupuesto se estableció en 4,63%.
“Tenemos ese techo de 5,8% que puede generar asignaciones mayores, pero también hay que tener cuidado de que ese gasto no crezca más que lo que crezca el producto interno bruto nominal porque otra vez entraríamos en un ciclo de que incrementaría mucho el gasto con respecto al PIB”, concluyó Lücke.
Partidas recortadas
Si bien el presupuesto del Poder Judicial registra un leve incremento, algunas subpartidas sufrieron recortes importantes respecto al plan del 2025. En el balance total, el aumento es de ¢1.193 millones.
El plan de gastos para las remuneraciones básicas se redujo en ¢1.688 millones, al pasar de ¢139.980 millones a ¢138.292 millones, principalmente por una disminución en el rubro de suplencias.
En esa misma línea, el presupuesto para el recargo de funciones, que forma parte de las remuneraciones eventuales, se redujo en ¢16 millones, de ¢65 millones a ¢49 millones en el 2026.
También se redujo lo presupuestado para mantenimiento y reparación. Por ejemplo, la cifra destinada a edificios, locales y terrenos disminuyó en ¢1.071 millones y la de transporte en ¢69 millones.
De igual forma, los egresos en 2026 son menores en capacitación y protocolo, que se redujo en ¢56 millones, en gastos de viaje y transporte, ¢152 millones menos, y en útiles y materiales de resguardo y seguridad, que disminuyen en ¢304 millones.
En el OIJ también se aplicaron recortes en útiles y materiales de resguardo y seguridad, así como en el apartado de mantenimiento de edificios y transportes, si se compara el plan de gastos inicial del 2025 con el del 2026.
Mientras que en el Ministerio Público la mayor reducción se dio en incentivos salariales, como la retribución por años servidos o la restricción al ejercicio liberal de la profesión.