En medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chaves decidió no girar los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para crear 244 plazas adicionales en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, entidades que alertaron sobre un déficit de personal.
Mediante un oficio enviado el 24 de julio al despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director general del Presupuesto Nacional, José Luis Araya, indicaron que no entregarán los recursos para financiar las plazas en el 2025 ni en el 2026, debido a la situación económica que atraviesa el país y a las limitaciones de recursos.
El hoy exministro alegó que los puestos no fueron contemplados por el Poder Judicial en el anteproyecto de presupuesto del 2026, el cual fue entregado a finales de mayo del presente año.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, confirmó a La Nación que la institución no incluyó las plazas porque el Ministerio de Hacienda nunca asignó los recursos ni los códigos necesarios para incorporarlas al plan de gastos.
“La institución tuvo un impedimento. Al no tener códigos, no pudimos asignar plata, no pudimos presupuestar las 244 que están pendientes. Ese es el argumento que utiliza Hacienda, no porque fuera una decisión nuestra”, indicó Romero.
Hacienda argumentó que los recursos se mantendrán en estado de “no ejecución” debido a la necesidad de mantener el equilibrio de los fondos públicos.
Argumentó que esta decisión reduce la presión de endeudamiento, y que eso beneficiará el esfuerzo por mejorar el tamaño de la deuda pública en comparación con el producto interno bruto (PIB).
El gobierno añadió que, al cumplir con la regla fiscal, se librarán recursos en los años venideros para “financiar y atender las diversas necesidades de la ciudadanía”.
La necesidad de crear plazas en el Poder Judicial fue expuesta por el director del OIJ, Randall Zúñiga, y el fiscal general, Carlo Díaz, el 2 de octubre del 2024 ante los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
En conjunto, los jerarcas advirtieron de que afrontaban un déficit de 1.450 funcionarios, a finales de un año que culminó con 2,4 asesinatos por día, en promedio.
En consecuencia, el 16 de octubre del 2024, los diputados aprobaron tomar recursos de la partida prevista por el gobierno para pagar intereses de la deuda interna en el Presupuesto Nacional 2025 y destinar ¢14.408 millones al fortalecimiento de los cuerpos policiales y judiciales.
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De ese monto, ¢9.346 millones correspondían al Ministerio Público para la asignación de 75 nuevos puestos y al OIJ para contratar 255 funcionarios. El dinero restante se asignó al Ministerio de Seguridad para generar 220 plazas.
Sin embargo, a menos de dos meses de cumplirse un año desde la aprobación del presupuesto, el Poder Judicial únicamente logró asignar el 26% de las plazas previstas (86). Esto ocurrió mediante un único giro de recursos autorizado por Hacienda, en marzo, tras el primer asesinato de un agente del OIJ a manos del sicariato.
Tres rechazos
Desde octubre del 2024, el Ministerio de Hacienda ha rechazado, en al menos tres ocasiones, el giro de recursos para asignar plazas al Poder Judicial.
El 13 de diciembre, el director general del Presupuesto Nacional, José Luis Araya, indicó al magistrado Orlando Aguirre que no era previsible que el gobierno pudiera obtener nuevos ingresos para lo que se describió como “imprevistos generados por desajustes”.
En ese momento, el entonces ministro Nogui Acosta, aseguró a este diario: “Nunca hemos dicho que no vamos a girar esos recursos”, y explicó que no era posible autorizar el desembolso sin contar con claridad sobre el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
Pese a la negativa de girar los recursos, el asesinato del subjefe de la Policía Judicial de Guápiles, Geiner Zamora, ocurrido a inicios de febrero, desató presión por parte de los diputados y de las autoridades judiciales.
“¿Quién más tiene que morir, compañeros? Estamos perdiendo la lucha y vidas costarricenses”, afirmó en el plenario la legisladora independiente Johana Obando.
Ese mismo día, el director del OIJ anunció que Hacienda accedió a desbloquear ¢3.000 millones del presupuesto. El dinero permitió crear 86 plazas: 64 para el OIJ y 22 para el Ministerio Público. Las siguientes erogaciones, de acuerdo con Zúñiga, se darían en junio o julio y durante el último trimestre del año.
No obstante, Acosta dejó claro que no se comprometía a girar todos los recursos después del primer tracto.
Desde entonces, el presidente de la Corte ha remitido dos oficios solicitando la liberación de los ¢6.346 millones restantes.
En abril, Hacienda reiteró que no giraría los fondos, los cuales —indicó— se mantenían en estado de no ejecución, considerando que provenían de rebajas a subpartidas destinadas al pago de intereses de la deuda pública.
Asimismo, Araya recalcó que la presupuestación nunca es una obligación de pago, sino una autorización máxima, y que se valoraría la liberación de recursos en el transcurso del segundo trimestre.
No obstante, el pasado 24 de julio, ante una nueva petición de Aguirre para obtener los recursos restantes, Acosta respondió que no sería posible asignar el monto.
‘Tenemos equipos de trabajo agotados’
La crisis de seguridad está lejos de solucionarse y los cuerpos policiales claman por soluciones. Reducir la violencia exige una inversión muy grande que, para el director del OIJ, Randall Zúñiga, no se está realizando. El país se encamina, por tercer año consecutivo, a cerrar con una cifra cercana a los 900 homicidios.
Por su parte, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, indicó que el Poder Judicial trabaja en buscar alternativas para no perder los fondos; sin embargo, las propuestas son aún inciertas.
Romero recalcó que la necesidad prioritaria del Poder Judicial está en la creación de plazas.
“Tenemos equipos de trabajo agotados, desgastados y también un impacto importante en el presupuesto, porque los mismos equipos son los que tienen que trabajar en tiempo ordinario y extraordinario”, aseguró.
Hace apenas una semana, Jorge Eduardo Cartín, perito forense del OIJ y secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sintrajud), aseguró a La Nación que la sobrecarga de trabajo y las precarias condiciones laborales han provocado una crisis dentro del organismo.
“El Poder Judicial raspa la olla para mantener el servicio, pero acá se trabaja todos los días 12 horas, porque el recurso no da, hacen falta más de mil agentes”, reclamó Cartín.
Aunque no gira más dinero para recursos policiales, Hacienda sí buscó recursos para un plan de una nueva cárcel. El exjerarca de Hacienda pidió a la presidencia de la República y a 12 ministerios, incluida su propia cartera, recortar ¢5.275 millones de sus presupuestos para financiar la obra.
Dos días después, siete ministerios comunicaron su decisión de aplicar recortes presupuestarios superiores a los solicitados. Los aportes elevarían el monto a ¢5.998,8 millones.
Este medio solicitó declaraciones al Ministerio de Hacienda, así como información sobre las plazas que inicialmente se presupuestaron para el Ministerio de Seguridad Pública. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.