En los primeros siete meses del año, Costa Rica superó los 500 homicidios. Aunque la cifra varía a diario, al 8 de agosto se registraron 532, diez más que en la misma fecha del año anterior.
Son, en promedio, 2,4 asesinatos por día que responden a una alarmante tendencia que, en los últimos tres años, no se detiene y está lejos de revertirse. De estos homicidios, el 80% se atribuye actualmente al sicariato.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, advierte que frenar el aumento de homicidios y comenzar a reducirlos exige una inversión muy grande que hoy no se está haciendo y que, en caso de hacerse tomaría años en verse reflejada.
“(Este año) no va a cambiar. Vamos a llegar a los 600, a los 700, a los 800 y lo más probable es que vamos a alcanzar los 900 o una cifra cercana″, afirmó el jerarca en entrevista con La Nación.
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Aunque por el momento, afirma, la cifra quizás no alcance los 1.000, explica que se está consolidando una tendencia que permite inferir que, en los próximos años, “perfectamente” se superará este número y así se limita, cada vez más, la posibilidad de controlar la cantidad de asesinatos.
“Históricamente cuando nosotros llegamos a un umbral nunca hemos bajado”, indicó.
‘Botín político’
Según Zúñiga, la incapacidad para contener la crisis de violencia en las calles es multifactorial.
Uno de los principales motivos radica en que la seguridad nacional “se está utilizando como botín político para acarrear votos para diferentes partes” y sostiene que, para enfrentar una ola de violencia como la que atraviesa actualmente el país, es necesario unificar el discurso de seguridad nacional.
“En río revuelto, ganancia de pescadores. En Estado revuelto, ganancia del narcotráfico”, dijo.
Para él, la evidencia más reciente de polarización entre las autoridades policiales ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó el proyecto de ley que permitiría a las autoridades judiciales a realizar allanamientos en cualquier momento del día.
“Uno no le da alas a animales ponzoñosos”, justificó entonces el mandatario.
Según defendió Zúñiga en ese momento, el proyecto representaba una “herramienta clave” para combatir el crimen organizado. “Esas situaciones lo que vienen es en desmerito de la seguridad”, afirmó a este medio.
Además, insistió en que incluso la asignación de más plazas para la contratación de agentes en la Policía Judicial se ha convertido en un tema de discusión política.
Justo la semana anterior, mediante un oficio remitido a su despacho, indicó que el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, le comunicó que no se girarían los fondos que el pasado 16 de octubre fueron aprobados en la Asamblea Legislativa para destinar ¢10.808 millones a la creación de 548 plazas en el OIJ, la Fuerza Pública y el Ministerio Público.
La aprobación ocurrió menos de dos semanas después de que el OIJ y la Fiscalía General informaron ante esa misma comisión que, en conjunto, tienen un faltante de 1.450 funcionarios.
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“No nos van a dar ni la plata de este año ni la del otro año, ni los años siguientes, pero es que la misma Asamblea Legislativa estableció la fuente de financiamiento (...). No hay una coherencia entre lo que está sucediendo en el país y las acciones o respuestas que se están teniendo”, indicó.
“Lo que pasa aquí es que los grupos narcos se fortalecen al generar estas disputas”, agregó.
Seis homicidios en siete horas
El fin de semana del 19 de julio dejó seis fallecidas en solo siete horas, lo que se traduce en prácticamente un homicidio cada 70 minutos. Todos los ataques de ese sábado ocurrieron en vía pública, como en el centro de San José y hasta en una plaza de deportes, en sitios concurridos y a horas de alto tránsito.
La luz del día o el lugar dejaron de ser un obstáculo para que los homicidas perpetren sus crímenes.
Para el jefe de la Policía Judicial, el número de homicidios y los patrones de violencia también responden a que no se están llevando a cabo operativos de control territorial; es decir, que la policía se mantenga visible en áreas conflictivas.
“Batán tuvo 51 homicidios en el año 2023. Después, cuando nosotros detuvimos y desarticulamos a la banda de Tan, en agosto del año pasado, los homicidios bajaron a 35 y a inicios de este año estaba en cero. Levantamos el operativo un viernes y el sábado hubo un homicidio”, afirmó.
Los territorios con alta incidencia en este tipo de crímenes, dice, no han variado con respecto al año anterior. La pugna se sostiene en la capital, Limón y Puntarenas, justo los sitios donde se debe incrementar la presencia de la policía.
San José, por su parte, es el punto más crítico en todo el país, pues padece de un grado de violencia sin precedentes por disputas por la venta de droga, especialmente en los barrios del sur.
En 2024, la capital cerró con 244 homicidios. Al 8 de agosto de este año, la provincia registra 178, 40 más que en la misma fecha del año anterior.
“El control territorial no se está haciendo”, sentenció.
Al consultar sobre el motivo, Zúñiga aseguró que la pregunta debía dirigirse al Ministerio de Seguridad. La Nación solicitó el jerarca de esa cartera, Mario Zamora, una explicación. Al cierre de este nota, no hubo respuesta.
Apagón educativo
Más allá de la acción policial y los constantes roces entre los poderes del Estado, la exclusión social y el deterioro educativo complican, cada vez más, la posibilidad de revertir la crisis de seguridad.
Personas jóvenes se asocian con más frecuencia a bandas delictivas para perpetrar crímenes, o bien, terminan siendo víctimas de violencia armada, de acuerdo con el OIJ.
El caso más reciente ocurrió la noche del 5 de agosto, cuando un adolescente de 15 años fue atacado a balazos en la vía pública en barrio El Verolís, en Turrialba.
El jerarca afirma que una de las principales problemáticas es el “apagón educativo”, que ha sacado a menores de edad de las aulas y, al ser mano de obra no calificada, terminan dedicándose a labores de narcotráfico.
“Hay todo un tema ahí de inversión que no se está haciendo, que se dejó de hacer”, lamenta.
Mientras el crimen organizado penetra las calles, las autoridades se refieren a un punto de no retorno con cautela; sin embargo, las estadísticas y el panorama indican que la posibilidad de reducir la violencia armada se distancia a un paso acelerado.