Costa Rica superó los 500 homicidios el 27 de julio y, con un promedio de 2,4 asesinatos por día, la tendencia se encamina peligrosamente a alcanzar los dos años más sangrientos de la historia, 2023 y 2024, cuando se contabilizaron 905 y 874 asesinatos, respectivamente.
Mientras el país coquetea con cifras récord, la institución responsable de prevenir el crimen, el Ministerio de Seguridad, es objeto de fuertes críticas: se ve lejana la meta planteada en el plan Costa Rica Segura Plus de bajar a 9,5 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Al contrario, según Insight Crime, el país cerró 2024 con una tasa de 16,6 asesinatos, superior a la de Guatemala, y cuatro veces la de Argentina.
El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OJ), Michael Soto, declaró a Revista Dominical este miércoles 13 de agosto que la situación de inseguridad en el país es “muy, muy grave”: proyectan cerrar el año con entre 880 y 900 homicidios.
Sin embargo, la escasez de recursos policiales, los presupuestos limitados, la acumulación de trabajo y la gran presión de afrontar la peor crisis de seguridad en la historia de Costa Rica, podrían repercutir negativamente en el OIJ y sus agentes, que estiran sus cuerpos y mentes a un límite tenso.
“Cuando el OIJ realiza labores preventivas y de contención, surte efecto, pero este es un llamado de atención para el ministro Mario Zamora, que tiene que entender que ese es el rol que a él le corresponde. No puede ser que el OIJ se venga a desgastar en esas funciones”, afirmó a Revista Dominical el exministro de Seguridad, Gustavo Mata.
Ola de crimen
El 74% de los homicidios en el país son motivados por ajustes de cuentas y pugnas entre bandas. En la tendencia actual, que se está consolidando, el organismo prevé que en los próximos años se superen los 1.000 asesinatos. El director del OIJ, Randall Zúñiga, aseguró a La Nación que el número de homicidios y los patrones de violencia responden, entre muchos otros factores, a que no se están desarrollando operativos de control territorial; es decir, que la policía se mantenga visible en áreas conflictivas.
La fama de la que gozaba Costa Rica como “país seguro” se evapora. La Nación reportó el 14 de abril que turistas expresan en reconocidos foros sus inquietudes de venir al país por la percepción de inseguridad. Países como Estados Unidos y Canadá han emitido alertas oficiales en las que advierten a sus ciudadanos de tener cuidado al viajar a Costa Rica. Mientras tanto, los agentes del OIJ absorben la presión.
“Este es un trabajo complejo, delicado, desgastante física e intelectualmente, cada decisión es pensada porque sino los casos se caen. La jornada laboral se extiende a las 10, 12 horas, o más, y eso con un solo caso, pero uno maneja varios a la vez”, explicó a RD un investigador judicial que pidió mantener su nombre en anonimato.
Insight Crime analizó los registros de la última década y detectó que nuestro país y Panamá son los únicos de Centroamérica en los que los asesinatos aumentan. En El Salvador este indicador disminuyó 98%, en Honduras bajó 58%, Guatemala cayó 48% y en Belice se redujo 35%.
A la vez, “en Costa Rica, el aumento del uso de sus puertos para el tráfico de cocaína provocó un aumento del 44%. En Panamá, las disputas entre las bandas locales condujeron a un leve incremento del 4%”.
Lo que antes se consideraba certeza, ahora se tambalea; las dudas se filtran entre las grietas de la institucionalidad encargada de procurar la seguridad de los costarricenses. El Ministerio de Seguridad es el responsable de prevenir los delitos y proteger a la ciudadanía; el OIJ se encarga de investigar los crímenes ya consumados; y el Poder Judicial debe administrar la justicia.
Sin embargo, aún en medio de tales presiones, prosigue la confrontación entre el gobierno Chaves Robles y el OIJ. En esas circunstancias, Revista Dominical indagó cómo está afectando la crisis de inseguridad las vidas de los agentes.
Trabajar “con los recursos que hay”
Ante un panorama tenso, el OIJ intensifica el desarrollo de allanamientos, redadas y operativos. El director de la institución, Randall Zúñiga, ha sido explícito con sus objetivos: desarticular al menos un grupo criminal por semana, y algunas semanas, hasta dos.
“Buscamos cerrar con 1.000 casos por venta local de drogas, y andar alrededor de las 90 o 100 estructuras criminales grandes del país. Por eso vemos estos allanamientos constantemente”, destacó el subdirector del OIJ, Michael Soto, este miércoles, tras participar en una operación de alto riesgo realizada en Limón para detener a socios de Tony Peña Russell.
Soto afirmó que el OIJ ha endurecido su labor ejecutiva, como allanamientos, redadas y operativos, ya que todos en el organismo, desde directores hasta agentes, son conscientes de que la inseguridad se encuentra “en el peor momento”. Por eso, están comprometidos con trabajar “con los recursos que hay”.
Gustavo Mata, exministro de Seguridad que trabajó 35 años en el organismo, sostiene que la institución ha tenido que asumir tareas que no debería —como labores preventivas— y que inevitablemente traerán una sobrecarga y desgaste a sus funcionarios.
Mata aseguró que el OIJ siempre ha contribuido a sostener la seguridad ciudadana como un basamento de la democracia costarricense; sin embargo, durante los últimos cuatro años, “es la entidad policial que ha sostenido el basamento de esa estructura de la democracia”.
Ejemplo de estas tareas “extra” que el OIJ asume es la operación Caribe 2.0, desarrollada en los primeros días de enero del 2025, durante la cual el organismo realizó un fuerte despliegue con 80 agentes de investigación en Batán de Matina, en Limón. El operativo se ejecutó un día después de que la delegación de ese cuerpo policial fuera atacada por dos sujetos que dispararon una AK-47 en ráfaga contra el edificio.
El día previo, la autoridades de Batán reportaron el asesinato del oficial de la Fuerza Pública Mainor Obregón Briceño. Los 80 policías judiciales patrullaron esa zona de Limón durante varias semanas, al tiempo que el Ministerio de Seguridad prestó asistencia con patrullaje aéreo y marítimo.
En esa ocasión, Randall Zúñiga afirmó que el operativo buscaba “dar una respuesta clara y contundente” a las agresiones contra la delegación del OIJ, así como perseguir a 20 personas con órdenes de captura. La primera operación Caribe se ejecutó en 2024, también en Limón, para mitigar la violencia homicida. Ese refuerzo, con agentes judiciales, fiscales y Fuerza Pública, permitió rebajar la cantidad de asesinatos de 212 en el 2023, a 180 a finales del año 2024.
Michael Soto reconoció que estas operaciones tienen un sentido estratégico, ya que buscan desarrollar “acciones preventivas con algún sentido investigativo”, en especial para maximizar los esfuerzos. “Somos pocos, el recurso es limitado”, declaró a RD.
Tanto Soto como Zúñiga sostienen que sus incursiones en las labores preventivas han tenido éxito. Por ejemplo, Batán tuvo 51 homicidios en 2023, pero en agosto del 2024 el OIJ desarticuló la banda de Tan, con lo que los asesinatos bajaron a 35 y 2025 inició con cero homicidios. Un viernes levantaron su operativo, y al día siguiente se sumó el primer asesinato del 2025.
Gustavo Mata lamentó que, durante el gobierno Chaves Robles, los cuerpos policiales, en especial el OIJ y el Ministerio Público, han tenido que mantener una lucha constante por tener recursos económicos. Esta posición fue respaldada por el exdirector del OIJ, Rafael Ángel Guillén.
Uno de los casos más recientes fue en enero, cuando el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se negó a girar el dinero aprobado por la Asamblea Legislativa para crear 328 nuevas plazas en el OIJ y en el Ministerio Público. En consecuencia, el director Randall Zúñiga tuvo que alzar la voz para defender que los fondos tienen el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad, mediante la contratación de al menos 255 agentes para el Servicio Especializado de Respuesta Táctica (SERT), plazas para combatir el cibercrimen y mejorar los servicios forenses.
Rafael Ángel Guillén criticó que, durante más de tres años, en lugar de fortalecer las instituciones encargadas de resguardar el orden público, el Poder Ejecutivo ha debilitado los cuerpos policiales.
“Se les niega el presupuesto adecuado, se veta la ley que permitiría allanamientos durante las veinticuatro horas del día, se rechazan incentivos para motivar a los funcionarios y, como si fuera poco, se les desacredita a diario ante la opinión pública. El efecto buscado parece claro: que el ciudadano común crea que son las fuerzas represivas —y no el propio gobierno— los responsables del deterioro de la seguridad”, remarcó el exdirector del OIJ.
Agentes del organismo que prefirieron no revelar su nombre confirmaron a RD que el ataque hacia el trabajo del OIJ y el descrédito a su labor mella a los encargados de perseguir e investigar el crimen. Además, el “meterlos a todos en el mismo saco” y señalarlos de corruptos provoca molestia.
Guillén recalcó que la Constitución Política obliga al Poder Ejecutivo a garantizar el orden y la seguridad. Para él, el discurso de Zapote se ha centrado en la evasión de responsabilidades, en lugar de la acción. “Las excusas se acumulan mientras la criminalidad gana terreno”, lamentó.
“La única manera de afrontar la actividad criminal es fortaleciendo el OIJ, la Fiscalía y la Fuerza Pública. A mí me preocupa que el ministro Mario Zamora está ausente de la realidad. Él se ha atrevido a decir que la Fuerza Pública hay que recortarla hasta la mitad porque había mucho funcionario. ¡Evidentemente eso es falso! Estas instancias necesitan un financiamiento robusto, no solo para tener chalecos, balas y armas, sino también tecnología”, criticó Mata por su parte.
El 30 de septiembre del 2024, el ministro Zamora aseguró a La Nación que el gobierno renunció a aumentar el número de policías en el 2025, y optó por subir los salarios a los oficiales antes de sumar más plazas. ¿La justificación? El jerarca argumentó que decidieron favorecer “un criterio cualitativo sobre uno cuantitativo”, ya que “muchos colegas nos han dicho: ‘es mejor una policía pequeña y eficiente, y no masiva y fuera de control’”.
El ministro de Seguridad confirmó en setiembre que, para ese momento, el 39 % de las patrullas estaban fuera de servicio y que solo el 34 % de todos los vehículos terrestres asignados al Ministerio están en condiciones de operar.
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Como señaló Guillén, a lo anterior se suma que, en mayo, el presidente Rodrigo Chaves vetó el proyecto de ley que busca autorizar a las autoridades judiciales a realizar allanamientos en cualquier momento del día, sin restricciones de horario, ni día de la semana, incluyendo feriados. Apenas a inicios de año, la diputada Pilar Cisneros calificó como un “regalito para los delincuentes” la norma que limita la ejecución de allanamientos “en horario de oficina”.
“La criminalidad está a la libre, no hay prevención, no hay contención, que es responsabilidad de la Fuerza Pública; pero eso no es culpa de los muchachos, los uniformados, no, son los jerarcas los que no han peleado por el financiamiento para que nuestros compañeros tengan carros, motocicletas, armas, chalecos, botas… ¡Ese pensamiento tan mezquino da lástima!”, aseveró Mata.
Michael Soto reconoció que el OIJ recibe constantemente la colaboración de la Fuerza Pública, pero admitió que los policías también lidian con la escasez de recursos: “Sé que ellos tienen limitaciones de presupuesto, sé que no tienen todo lo que necesitan y los oficiales que necesitan”, declaró.
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Consecuencias de la escasez
La presión y carga de trabajo que ha asumido el OIJ ha repercutido en sus funcionarios, quienes enfrentan situaciones de gran estrés y horarios exhaustivos. No se trata solo de los agentes especializados en investigación e intervención policial, sino también de peritos forenses y en la morgue.
En esto coinciden tanto Jorge Eduardo Cartín, perito forense del OIJ y secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sintrajud), como Mauricio Gómez, oficial con 34 años de experiencia en el OIJ y secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC).
Cartín aseguró que la sobrecarga de trabajo, la imposibilidad de ampliar los grupos de trabajo y las precarias condiciones laborales han provocado una crisis dentro del organismo. Para él, eso implica que los resultados del Poder Judicial no sean los esperados por la sociedad.
“La Ley de Flagrancia aumentó casi en el doble la carga de trabajo en Ciencias Forenses, pero tenemos el mismo recurso humano. Así es casi imposible dar respuesta. El Poder Judicial raspa la olla para mantener el servicio, pero acá se trabaja todos los días 12 horas, porque el recurso no da, hacen falta más de mil agentes”, reclamó Cartín.
El representante sindical dio algunos ejemplos de la saturación que generan los altos índices de violencia en el sistema judicial. En el caso de la unidad de Ciencias Forenses, el aumento en la cantidad de homicidios abarrota sus despachos; pero a esto se suma que los delitos son cada vez más complejos, y requiere mucho más tiempo analizar una escena del crimen con 40 casquillos de bala percutidos con cuatro armas diferentes, que un escenario más sencillo.
“En Ciencias Forenses tenemos como meta un tiempo máximo de respuesta máximo de tres meses, pero el promedio aumentó de un mes y medio a dos meses y medio. Cumplimos con los objetivos, pero los tiempos aumentan en todas las secciones”, declaró Cartín.
Hace apenas unas semanas, el OIJ y la Fiscalía General informaron a una comisión de la Asamblea Legislativa que, en conjunto, tienen un faltante de 1.450 funcionarios.
Michael Soto confirmó lo dicho por Cartín.
“Para usar una frase costarricense: ‘hacemos de tripas, chorizo’. Estamos desgastándonos todos, nuestros muchachos, nosotros, con jornadas extenuantes, con sacrificios importantes a nivel familiar, físico y de salud. Pero sabemos que el OIJ es un pilar importante para el país y la democracia. No podemos bajar los brazos y decir que si no nos dan, no hacemos. No”, indicó Soto.
Mauricio Gómez, secretario general de ANIC que ha laborado 34 años como en el OIJ, explicó a RD que los agentes judiciales trabajan muchísimas horas cada semana, lo cual repercute en su salud física y mental.
“Los agentes cobran horas extra hasta después de las 12 horas de trabajo, y tenemos compañeros que llegan a cobrar hasta 100 horas extra al mes. ¡Son 100 horas generadas después de las 12 horas de trabajo! Imagínese la cantidad de horas que están trabajando, y eso afecta a nivel familiar, casi que tienen que ser muchachos solteros, porque no hay familia que aguante eso”, lamentó el secretario general.
Según Gómez, a esto se añade que operativos como Caribe 2.0, realizado en Batán de Limón con un componente preventivo, implica que se tengan que desplazar muchos agentes judiciales a esa zona, lo que desampara otras áreas del país y atrasa aún más el avance de los expedientes que están bajo investigación.
Tanto Mauricio Gómez como Jorge Eduardo Cartín coinciden en algunos otros aspectos que desmotivan y alejan a los agentes judiciales de desarrollar su carrera en el OIJ.
Por ejemplo, el congelamiento de salarios como resultado de la reforma fiscal, lo que ha provocado una desbandada de más de 900 agentes en los últimos años; cuando se logra contratar un reemplazo, la curva de aprendizaje es de muchos años hasta que adquiere los conocimientos del funcionario que renunció. Asimismo, debido a la Ley de Empleo Público, hay empleados recién contratados que ganan mejores salarios que sus colegas experimentados.
“Esto desmotiva y provoca que la gente no quiera trabajar en el Poder Judicial”, criticó Cartín.
Mauricio Gómez recordó dos casos particulares ocurridos en el OIJ que considera injustos: en el primer caso, un oficial fue asesinado y su compañero resultó gravemente herido en la cabeza; hoy en día, el agente está incapacitado y recibe un salario mucho menor, pese a que su condición es derivada de su trabajo. “En otro país él sería un héroe, pero más bien es castigado”, lamentó Gómez.
El segundo caso corresponde a otro agente del OIJ que fue asesinado en el ejercicio de su trabajo, pero su viuda actualmente recibe menos del 10% del salario original del fallecido: menos de ¢250 mil mensuales.
Sintrajud y ANIC han defendido que los agentes del OIJ deberían tener acceso a una jubilación más temprana que un trabajador común, no solo por la cantidad de horas que laboran, sino por el alto riesgo de su trabajo y la gran presión psicológica que enfrentan.
El 6 de mayo el presidente Rodrigo Chaves vetó el proyecto de ley que busca restablecer esa jubilación anticipada. Pese a la oposición del mandatario, durante la última semana la Asamblea Legislativa retomó la discusión de la iniciativa y se valora un posible resello para pasarle por encima al veto presidencial.
Psicólogo siente crisis
Para conocer el nivel de desgaste que enfrentan los agentes del OIJ, Revista Dominical habló con Cristian Mora Víquez, jefe de la Sección de Apoyo Psicológico Operacional (Sapso) del OIJ. El especialista reconoció que la crudeza de los delitos, así como las altas cargas de trabajo, afectan la salud mental de los trabajadores.
“Nosotros hacemos abordaje de incidentes críticos, que es el trabajo después de un acto con potencial traumático, en esto comenzamos en 2009, por el terremoto de Cinchona, y se atendían personas solo por estos eventos extraordinarios; ahora, atendemos a mucha más gente por balaceras, enfrentamientos armados, amenazas de muerte, fallecimiento de compañeros y escenarios del crímen más sangrientos”, explicó Mora.
El estrés agudo es el principal motivo de incapacidades en el OIJ en lo que a salud mental se refiere. Esta afección es seguida por la depresión y la ansiedad, entre otras.
“Una persona que consolida una crisis aguda lleva tiempo en recuperarse. Una pierna enyesada tarda un plazo fijo en recuperarse, pero los temas emocionales no son así, una crisis aguda puede generar estrés postraumático, burn out, desgaste por empatía, y otras afecciones que requieren seguimiento. Además, los policías viven situaciones de violencia pero no pueden decidir dejar de vivirlas en su trabajo”, explicó Mora.
Un investigador del OIJ entrevistado por Revista Dominical explicó que ellos funcionan como un “pararrayos” de la ciudadanía, ya que son una “primera línea” para atender a la ciudadanía ante un contexto de violencia.
“La gente llega con problemas, que les robaron el carro, los asaltaron, se les metieron a la casa, los atacaron, los intentaron matar, y uno se convierte como en un ‘salvador’ para la gente que llega y dice ‘por favor, ayúdeme’. Es muy desgastante a nivel psicológico, uno oye cosas feas: extorsión, violación, secuestro, robo, asalto”, reconoció el agente.
Desde luego, como los agentes judiciales portan armas, deben someterse a un examen psicológico cada dos años. Cuando se detecta una situación inhabilitante, al funcionario se le quita el arma y se le aparta de algunas de sus funciones, pero esto enflaquece aún más las filas del OIJ.
Además, no todas las afecciones mentales son fáciles de ver ni se manifiestan de inmediato; según Mora, el enfrentamiento a escenarios de violencia pueden elevar el consumo de alcohol, generar retraimiento social o provocar irascibilidad.
“En la policía judicial el 85% de los funcionarios son hombres, y todos los factores de riesgo de los hombres se ven reflejados: los hombres cometen más suicidios que las mujeres, los hombres tienen más enfermedades crónicas, más siniestralidad, menor promedio de vida y con peor calidad de vida, más tabaquismo, consumo del licor… Toda esa dinámica social se refleja en la policía”, explicó Mora.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, reconoció que los recientes ataques contra sedes del organismo, e incluso el asesinato de agentes, como el caso de Geiner Zamora, han impactado a la institución y sus funcionarios.
“En Batán mataron un oficial de Fuerza Pública, balearon la delegación del OIJ, balean patrullas, hay amenazas constantes, anteriormente nos mataron a otro compañero de Interpol que también se llamaba Geiner… El respeto por la autoridad es mínimo, pero vamos a seguir haciendo nuestra labor a costa de lo que sea, es nuestro deber”, declaró Soto.
El OIJ trabaja con lo que puede, y las autoridades políticas se niegan a entregar el presupuesto que se le asigna al organismo. Mientras tanto, en palabras de Randall Zúñiga: “En Estado revuelto, ganancia del narcotráfico”.
En este reportaje colaboró el periodista Christian Montero