Costa Rica cerró el año pasado con una cifra aproximada de 874 homicidios, 31 menos con respecto al 2023, cuando hubo 905 crímenes de este tipo. De esta manera, el 2024 se posiciona como el segundo año más violento desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comenzó a llevar este tipo de registros, hace 26 años.
Debido a lo anterior, la tasa nacional rondará los 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy cerca de los indicadores de Guatemala (16,7), Brasil (18,7) y Belice (21,5), según los datos más recientes de la página Insight Crime, del 2023.
2024, el segundo más crítico
Muertes aumentaron en cuatro provincias y disminuyeron en tres
FUENTE: cifra preliminar OIJ || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Las provincias de San José, Puntarenas, Alajuela y Cartago sufrieron un aumento en los asesinatos en comparación con el año pasado, mientras que las muertes bajaron en Limón, Guanacaste y Heredia. Así lo evidencian estadísticas preliminares publicadas por el OIJ y recuentos propios de La Nación.
La cifra definitiva será divulgada este viernes en conferencia de prensa, cuando la Policía Judicial divulgue los datos depurados, luego de tener los últimos informes de autopsias y muertes bajo investigación.
Por segundo año consecutivo, San José fue la provincia que contabilizó más asesinatos en medio del enfrentamiento que libran bandas narco como los Lara y los Myrie por el control de los mercados capitalinos. Allí se registraron 247 homicidios, cifra que duplica los casos registrados en 2022 y es la más alta de los últimos ocho años.
Limón volvió a ocupar el segundo lugar, pero con 33 muertes menos con respecto al 2023. En diciembre pasado, Michael Soto, subdirector del OIJ, señaló que los esfuerzos realizados por ese cuerpo policial en conjunto con la Fiscalía y el Ministerio Público contribuyeron a contener la criminalidad en la provincia del Caribe y en Puntarenas.
Mediante investigaciones y operativos, las autoridades lograron capturar a unas 600 personas vinculadas con homicidios.
El desmantelamiento de organizaciones como la de Tonny Peña Russell y otras relacionadas con muertes por encargo y narcotráfico, han incidido en la reducción de homicidios. Por ejemplo, en abril el OIJ realizó nueve allanamientos en San José, Heredia y Limón en los que cayeron ocho personas sospechosas de prestar servicios de sicariato en diversos puntos del país.
Por otra parte, el cantón Central de San José fue el más violento del año anterior con 96 asesinatos. Esta cifra supera el total de casos contabilizados en la provincia de Heredia (39), Cartago (75) o Guanacaste (76). Una situación similar se observó en el cantón Central de Limón, que concentró 87 homicidios.
Mientras tanto, en Matina las muertes bajaron de 50 en el 2023 a 35 en el 2024. Sin embargo, sigue figurando entre los diez cantones con más asesinatos junto con Limón, Puntarenas, Alajuelita, Alajuela, Desamparados, Goicoechea, Parrita y Nicoya. (Vea gráfico)
Leve merma en homicidios no debe ser motivo de celebración
Para la criminóloga Tania Molina, la disminución de unos 31 asesinatos en el 2024 no debe considerarse motivo de celebración. Aunque la cifra representa un freno al aumento exponencial de casos que se venía observando, los homicidios del año recién terminado han sido especialmente violentos.
Según Molina, mientras no se aborden las causas estructurales de la criminalidad, como la desigualdad social, la crisis educativa, la pobreza y la falta de oportunidades laborales, el país seguirá enfrentando altos niveles de violencia.
Además, afirmó que el aumento de la droga circulante en el país fomenta el uso de estas sustancias como moneda de cambio por armas de guerra. Por lo anterior, fusiles M16 y AK-47 o los rifles AR-15, son muy utilizados en ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, lo que deja una creciente estela de muertes colaterales.
Como ejemplo, citó la muerte de Kilian Ramírez, un niño de 9 años que falleció en Alajuelita el pasado 25 de diciembre como víctima inocente de un tiroteo.
En su opinión, el afán por reducir cifras lleva a que se realicen operativos policiales en zonas conflictivas, donde las autoridades tienen identificados a sujetos amenazados por organizaciones rivales.
Consideró que aunque este tipo de acciones dificultan los ajustes de cuentas, se incurre en el uso de recursos policiales para proteger a delincuentes. “La Policía parece actuar como guardaespaldas de pandilleros amenazados”, expresó Molina.
Molina enfatizó la necesidad de combatir las redes internacionales del crimen organizado, que utilizan al país como punto de tránsito de drogas hacia Europa y Asia.
En caso de que no ocurran cambios significativos, la criminóloga no espera una disminución en la criminalidad para el año 2025. Por ello, abogó por soluciones multilaterales y regionales para frenar el tráfico de drogas, raíz de tantos homicidios.
Finalmente, advirtió sobre el riesgo para la ciudadanía en general, de convertirse en víctimas colaterales de la violencia en cualquier momento y lugar, ya sea en un vehículo, en la vía pública o al realizar actividades cotidianas.
También señaló que la falta de coordinación y las divisiones entre los poderes de la República alimentan el crimen organizado, que prospera en contextos de fragmentación política y social.
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