El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, rechazó los ataques que el mandatario Rodrigo Chaves lanzó este miércoles, en el programa semanal de la Casa Presidencial, contra el proyecto de jubilación anticipada para agentes judiciales.
“Hay una situación particular del señor presidente contra el OIJ, ya no podría decir mucho sobre eso. Sobre los epítetos que se dijeron hoy, yo le puedo decir que vergonzoso sería que alguien se vaya, después de cuatro años, con una pensión full sin haber cotizado para ella”, criticó Zúñiga.
La reforma, respaldada con un informe actuarial, establece que los policías del Organismo podrán acogerse a una jubilación igual al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, siempre que hayan cumplido 55 años, tanto hombres como mujeres, y hayan laborado 30 años.
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En caso de que no se cumplan los 30 años de servicio, la jubilación se acordará en proporción a los años laborados, siempre que el número de años laborados no sea inferior a los 20 años.
El jefe policial puntualizó que las jornadas ordinarias de los policías judiciales son de 12 horas, lo que implica 60 horas semanales, 3.000 al año. En un año, un policía judicial tiene el equivalente a 375 jornadas, si fueran días de ocho horas cada uno.
Vía telefónica, Zúñiga comentó que, al final de su vida laboral, un agente del OIJ habrá trabajado casi 40.000 horas más que cualquier otro funcionario público, al término de la edad regular de pensión.
‘Les están regalando 12.000 años de salarios’, dice Chaves
Este miércoles, el presidente Chaves reiteró su amenaza de vetar la iniciativa y advirtió a los 40 congresistas que la votaron afirmativamente que debían prepararse para resellar “esa ley del regalo descarado que le hacen, a costa del pueblo, a 1.200 agentes”.
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Según los números del mandatario, adelantar 10 años la pensión de esos oficiales significa regalarles 12.000 años de salarios.
“Son 12.000 años que hay que pagar, de gente que no contribuyó, porque ellos no van a contribuir, y allí anda una viejita pulseando una pensión no contributiva”, aseveró Chaves.
Al respecto, Randall Zúñiga aseguró que los policías judiciales hacen una contribución al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial muy superior a la que hacen los demás trabajadores del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Recordó que, todavía después de pensionados, los funcionarios judiciales siguen cotizando hasta su muerte.
Zúñiga: ‘Están politizando esto para hacer ver mal al OIJ’
A criterio del director policial, los ataques desde el Poder Ejecutivo sobre la iniciativa buscan politizar la discusión para hacer ver mal al Organismo de Investigación Judicial, pese a que el texto aprobado por el Congreso se sustenta en un estudio actuarial.
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Cuestionó que, hacia el puro final del trámite legislativo, tanto Rodrigo Chaves como los ocho diputados oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) salieron a atacar encarnizadamente la reforma, pero no presentaron una sola moción para hacer valer su derecho de enmienda.
Zúñiga señaló que, incluso, la vocera chavista, Pilar Cisneros, y sus siete compañeros de bancada avalaron que la iniciativa legal avanzara en el Congreso, dando sus votos en el plenario.
Respecto a la comparación constante que han hecho Chaves y los legisladores de gobierno entre la pensión anticipada y los derechos jubilatorios de los oficiales de la Fuerza Pública, las diferentes policías del Poder Ejecutivo y el Cuerpo de Bomberos, el director indicó que las jornadas laborales no son comparables.
Señaló que, mientras un agente judicial labora cinco días por 12 horas, cada jornada, los oficiales de Fuerza Pública trabajan en el sistema de seis por seis, es decir, seis días laborados y seis libres, lo que al final significa que trabajan la mitad del año, y en jornadas de 12 horas diarias.
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Agregó que, de todas formas, el Poder Ejecutivo tiene toda la posibilidad de impulsar una iniciativa para darles una pensión digna a los policías y los bomberos.
De ser vetada la iniciativa, sería el noveno veto aplicado por Rodrigo Chaves.
