El presidente de la República, Rodrigo Chaves, tenía apenas 10 días en Zapote cuando emitió su primer veto a un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa. El 18 de mayo del 2022 empezó a marcar un camino de rechazo a ciertos expedientes legislativos, que hoy suman ocho vetos, decisiones que no siempre han sido bien acogidas entre los diputados.
De hecho, de los ocho expedientes que el mandatario ha vetado, hasta este viernes, la mitad han sido resellados, es decir, la Asamblea Legislativa rechazó el veto y volvió a aprobar la iniciativa legal respectiva.
La potestad constitucional de los legisladores les permite rechazar un veto presidencial, volver a aprobar el proyecto y enviarlo al diario oficial La Gaceta para que entre en vigor como ley de la República.
El primer veto de Chaves, aquel 18 de mayo del 2022, fue a un proyecto impulsado por congresistas del anterior periodo legislativo, de los partidos Liberación Nacional (PLN); Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC).
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Se trataba de la iniciativa para exceptuar de la aplicación de la regla fiscal a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Su objetivo era, dijo el gobierno, “garantizar las finanzas públicas sanas”. Además, se afirmó que ese proyecto era inconveniente.
Nueve meses después, en el plenario, una amplia mayoría de 43 legisladores de cinco fracciones políticas rechazaron los criterios del mandatario y resellaron la iniciativa sobre Procomer. Aunque fue el primer veto emitido por Chaves, fue resellado en tercer lugar.
El segundo veto aplicado por el presidente se refería al expediente 22.221, la iniciativa de Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional, que fue acogido por el Congreso en todos sus extremos, y el proyecto, archivado.
Para Chaves ya existían colegios profesionales que velaban por el correcto ejercicio de ese campo profesional, por lo que era innecesario crear un nuevo ente público.
La tercera ley vetada por Chaves, en setiembre del 2022, fue la que eximía al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la aplicación de la regla fiscal. Según el presidente, él no se oponía al objetivo de la propuesta, pero argumentó que era necesario reformar, en términos generales, la regla fiscal. En su criterio, era mejor un cambio integral que avalar excepciones aisladas.
Ese criterio del mandatario tampoco fue aceptado por los congresistas, quienes repudiaron la propuesta de veto y, más bien, resellaron el proyecto con una mayoría de 44 legisladores. En parte, advirtieron de que no podían esperar a que el presidente les mandara, sin fecha precisa, un proyecto para reformar la regla fiscal.
A inicios de octubre del 2022, el cuarto proyecto de ley que el mandatario intentó frenar y sepultar fue el plan que autorizaba la renovación, por tres años más, de los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de Golfito.
Zapote indicó que la decisión de vetar se dio porque se pretendía dar una prórroga automática, sin tomar en cuenta que existían procesos iniciales de licitación pública para concesionar de nuevo los espacios del depósito.
No habían pasado dos semanas desde que se presentó el veto, cuando 44 diputados aprobaron el resello de la ley sobre el Depósito de Golfito. La votación se dio en medio de un desorden porque, en el centro del plenario, la jefa oficialista, Pilar Cisneros, pretendía hablar a todos los congresistas fuera de micrófonos, para convencerlos de que no resellaran el plan.
Durante el 2023, solamente un proyecto de ley aprobado en el Congreso fue vetado por Rodrigo Chaves; sin embargo, esa decisión y la posterior votación sobre el asunto en el plenario legislativo no estuvieron exentos de una fuerte polémica.
Se trata de la iniciativa para reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta que tenía el objetivo de lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal, o lista negra.
El Ejecutivo vetó el proyecto porque alegó que los diputados buscaban con la iniciativa, impedir que la Dirección de Tributación pudiera cobrar el impuesto sobre la renta a personas y empresas reales por ganancias obtenidas en el exterior, aunque el capital invertido hubiera sido generado en Costa Rica.
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A finales de setiembre del 2023, Luz Mary Alpízar, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que llevó a Rodrigo Chaves al poder, fue el voto decisivo para lograr las 38 diputaciones a favor de resellar el proyecto para salir de la lista negra de la Unión Europea. Ese voto le acarreó calificativos como “judas” y “traidora” de parte de Chaves y Pilar Cisneros.
El sexto veto emitido por el presidente de la República se debió a un error de forma en el proyecto de la liberacionista Katherine Moreira para dinamizar el Sistema de Banca para el Desarrollo.
El texto de la ley contenía un inciso que anularía una norma que excluye del Sistema de Compras Públicas (Sicop) las contrataciones de la Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial. Haber eliminado esa norma podría haber dejado expuesta información sensible de los beneficiarios del programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público.
En este caso, el veto fue acogido y sus sugerencias adoptadas por los congresistas en la iniciativa legal, que fue modificada y aprobada nuevamente en el plenario, ya enmendada, para que entrara en vigencia.
Los dos últimos vetos de Chaves se emitieron en cuestión de dos semanas, entre el 18 y el 28 de febrero de este año, y aún no han sido resueltos por los congresistas, de hecho, uno de ellos está generando una amplia discusión.
Se trata del veto al proyecto de Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y los demás países de Centroamérica, así como a República Dominicana.
El mandatario argumentó que vetó la iniciativa liberal por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.
Aunque los diputados originalmente estaban seguros de que contaban con los votos suficientes para resellar el proyecto, el lunes pasado, el cambio de criterio de Nueva República puso en peligro el futuro de la iniciativa.
Este jueves, en la reunión de los jefes de fracción, los voceros partidarios acordaron que el plan se ponga nuevamente en discusión el martes 11 de marzo, en el plenario legislativo.
El más reciente veto presidencial llegó este viernes, cuando Chaves rechazó el proyecto para imponer sanciones a los funcionarios que no cumplan con la obligación legal de reglamentar las leyes y sean acusados de incumplimiento de deberes.
La pena propuesta para ese delito es la de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de uno a cuatro años. El presidente aseguró que esa sanción es desproporcionada y alegó que los diputados no consultaron a las instituciones autónomas, municipalidades y la Corte Suprema de Justicia.