Diputados resellan ley para salir de lista negra de Unión Europea: Voto de una diputada oficialista frustra veto de Rodrigo Chaves

Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada que preside el partido que llevó a Rodrigo Chaves al poder, se convirtió en el decisivo voto 38 con el cual la Asamblea Legislativa rechazó el veto parcial que emitió el mandatario al proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea (UE).

Ese voto provocó una tormenta a lo interno del partido oficialista Progreso Social Democrático (PPSD) y en la misma Casa Presidencial.

La jefa de la bancada de PPSD, Pilar Cisneros, le gritó “traidora” en el mismo plenario de la Asamblea Legislativa y luego el presidente de la República salió a calificarla de “Judas”.

“Perdimos esto por doña Luz Mary; por un voto. Hubiéramos ganado; esa es una traición de esa señora en particular que nunca me olvidaré”, expresó el gobernante.

Resellar es la potestad constitucional que tiene el Congreso de rechazar un veto presidencial y votar de nuevo un proyecto para convertirlo en ley, enviándolo a publicación en el diario oficial La Gaceta. Para ello, eso sí, se requiere de mayoría calificada. Es decir, es necesario el apoyo de al menos 38 congresistas, equivalentes a dos tercios del plenario.

Los 38 votos a favor los dieron diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y el Liberal Progresista (PLP), más Alpízar.

Ese voto fue decisivo porque, sin él, las cuatro bancadas de oposición no habrían alcanzado los 38 debido a que en el PUSC Carlos Andrés Robles votó en contra; María Marta Carballo se salió del plenario y Melina Ajoy no asistió a la sesión.

En contra del resello se pronunciaron 15 diputados: ocho de Progreso, cinco del Frente Amplio (FA), uno del PUSC y el liberacionista José Joaquín Hernández.

La decisión se tomó en una sesión extraordinaria del plenario legislativo, este martes, a las 11:20 a. m. Con este resello, el Congreso enviará la iniciativa aprobada directamente a publicación en La Gaceta.

La decisión de la mayoría calificada del plenario mantiene la iniciativa tal como fue aprobada en primer debate y rechaza la contrapropuesta de redacción del presidente.

Costa Rica estaba contra el tiempo para tomar una decisión sobre este caso porque el Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de la UE se reunirá el 3 de octubre para revisar los ajustes que ha hecho nuestro país y definir si lo saca de la lista negra.

Nuestro país entró a ese deshonroso listado de 14 naciones desde el 14 de febrero. Entre ellas están Rusia, Panamá, Anguila y Bahamas.

La inclusión en la lista se debe a que se incumplió con el compromiso de introducir, a más tardar al 31 de diciembre de 2022, reformas de ley para enmendar el régimen de exención de rentas pasivas de origen extranjero, de forma que resultara compatible con las exigencias de gobernanza fiscal de la UE. Dicho compromiso había sido adquirido por el país en 2021.

‘Irrespetos’

Luz Mary Alpízar respondió al señalamiento de “traidora” advirtiendo que “irrespetos” como el de Pilar Cisneros se dan “cuando las personas no tienen argumentos”.

Afirmó que en la fracción oficialista liderada por Cisneros, compuesta por 10 diputados, no hay espacio de confianza ni de diálogo, sino “prácticamente de imposición”. De esa forma aludió al señalamiento de la jefa de bancada, quien declaró que en las reuniones previas, Alpízar nunca dio a conocer que votaría contra la línea de gobierno.

Alpízar explicó que dio su voto al resello del proyecto porque no puede permitir que se deje para último minuto la decisión de sacar al país de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la UE. Indicó que el Congreso ha tenido mucho tiempo para debatir y que era el momento de tomar posición.

La presidenta de Progreso votó en contra de la posición de fracción y de gobierno dos días después de que el PPSD solicitó a los otros nueve legisladores renunciar al partido porque apoyan públicamente a otro grupo político, de nombre Aquí Costa Rica Manda, el cual es presidido por Federico Cruz, asesor de imagen del mandatario.

¿En qué consiste el proyecto?

En febrero, la Unión Europea incluyó a Costa Rica en su lista negra al considerar que el sistema tributario costarricense permite la doble no imposición, es decir, que una persona no pague impuestos ni en un país ni en otro.

Para revertir la situación, la ley exigirá a las empresas de papel o de maletín pagar impuesto de renta sobre los ingresos que obtengan en el exterior, producto de rentas pasivas.

Las empresas de papel son las que utilizan países con portillos tributarios para colocar capitales y administrar inversiones sin pagar impuestos; no tienen una actividad económica real, no tienen empleados, infraestructura ni asumen los riesgos de una producción.

En tanto, las inversiones pasivas son aquellas en las que se coloca el dinero en un activo financiero con el propósito de obtener rendimientos, sin una participación activa en la gestión o dirección del negocio. A estas se les cobraría impuesto de renta por ganancias en el exterior producto de:

• Inversiones bursátiles
• Dividendos de acciones de empresas
• Ganancias de capital, las cuales provienen de sobreprecios obtenidos en la venta de los títulos valores, como los bonos de deuda pública que se compran a un precio y luego se revenden para satisfacer necesidades de liquidez.
• Ganancias de capital inmobiliario, entendidas como las generadas por concepto de arrendamientos, subarrendamientos y la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles.
• Regalías por el uso temporal de patentes.

¿Qué vetó el presidente?

Chaves vetó la reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, la cual impedirá a Tributación cobrar impuesto sobre las ganancias obtenidas por personas y empresas reales en el exterior.

La ley dejará en claro que, con excepción de las compañías de papel, Tributación solo puede gravar los ingresos que se producen dentro de los límites geográficos del territorio nacional.

Chaves alega que esa reforma impedirá cobrar impuestos por ¢36.000 millones a empresas que invirtieron en el exterior, con base en una interpretación de Tributación, respaldada por la Sala I y la Sala IV, según la cual el fisco puede gravar ganancias obtenidas afuera si estas son producto de inversiones hechas con dinero de fuente costarricense.

Como contrapropuesta, Rodrigo Chaves propuso cambiar el proyecto para cobrar impuesto sobre todo ingreso obtenido en el exterior si la inversión se hizo con recursos generados en el país.

¿Qué argumentaron para resellar?

Según los diputados de oposición, la reforma era necesaria para eliminar la “discrecionalidad administrativa”, señalada por la UE, entre lo que señala el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta y las resoluciones de las salas I y IV. Argumentaron que la situación actual genera inseguridad jurídica.

Asimismo, consideraron que la contrapropuesta de Chaves equivalía a crear más impuestos y a introducir el esquema de renta mundial, en vez del sistema de renta territorial.