El presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó parcialmente la ley aprobada por los diputados para salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), debido a que contiene una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta con la que el Poder Ejecutivo está en desacuerdo.
“La estamos vetando por razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo por razones de conciencia, más que de conveniencia”, dijo el mandatario.
El Gobierno no objetó la parte del texto que sacaría al país de la lista negra. Esta consiste en gravar los ingresos que obtengan en el exterior, producto de rentas pasivas, las empresas de papel o de maletín que utilizan países con portillos tributarios para colocar capitales y administrar inversiones sin pagar impuestos. La idea es evitar la doble no imposición, que permite no pagar impuestos ni en un país ni en otro.
Las empresas de papel son las que no tienen una actividad económica real. No tienen empleados, infraestructura ni asumen los riesgos de una producción. A estas se les cobraría impuesto de renta por ganancias en el exterior por inversiones bursátiles, dividendos de acciones, ganancias por venta de bonos, intereses y ganancias de bienes inmuebles, entre otros.
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Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había adelantado el veto porque los diputados incluyeron una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, para dejar en claro que Tributación no puede cobrar impuesto a personas y empresas reales por ganancias obtenidas en el exterior, aunque el capital invertido haya sido generado en Costa Rica.
El artículo 1 establecería que Tributación solo puede gravar ingresos generados exclusivamente dentro del territorio nacional. Esa sería la definición de “fuente costarricense”.
La contrapropuesta de Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves adujo que, de aprobar esta ley, el Gobierno perdería ¢36.000 millones que están en disputa con contribuyentes que generaron recursos en el exterior.
En el documento de veto, el gobernante envió una propuesta para el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, según el cual se entenderá como ingresos de fuente costarricense “toda renta cuyo origen tenga una vinculación económica con el territorio nacional”.
El texto diría que existirá vinculación económica con el territorio nacional cuando las rentas se originan en servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el país, que se obtengan durante el periodo fiscal.
Agrega que, si de tales elementos se derivan otras rentas, en el territorio nacional o fuera de este, estas se entenderán como vinculadas económicamente a la actividad lucrativa de fuente costarricense y, en consecuencia, resultarán gravables con impuesto de renta.
¿Qué pasará ahora?
Según el artículo 127 de la Constitución, hay tres opciones ante el veto.
La primera es que los diputados acepten la contrapropuesta sobre la reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, para aprobar de nuevo el proyecto. Si lo hacen, el Poder Ejecutivo no podrá negar la firma.
La segunda es conseguir 38 votos para resellar la iniciativa y convertirla en ley sin necesidad del visto bueno del mandatario.
La tercera es que, si los diputados desechan la propuesta presidencial y no consiguen los 38 votos para resellar, el expediente se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura.
Este plan había sido aprobado con 28 votos provenientes de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR).
Progreso Social Democrático (PPSD) y el Frente Amplio (FA), que suman 16 votos, están en contra. El resto de partidos dispone de 41 votos. Sin embargo, el liberacionista José Joaquín Hernández votó en contra del texto en el segundo debate.
La Unión Europea está pronta a efectuar, en octubre, una revisión de cumplimiento de los países en lista negra. Si Costa Rica no cumple para esa fecha, permanecerá al menos seis meses más en este rango (está desde febrero pasado), con las consecuencias que esto conlleva para el clima de inversiones, según habían advertido cámaras empresariales.
La jurisprudencia de Sala I y Sala IV
“Esa ley representa una afectación de recursos enorme al Ministerio de Hacienda, una disminución de recursos disponibles para el pueblo de Costa Rica y es para beneficiar de manera clara y controvertible a grupos de gente muy acaudalada en este país”, dijo el gobernante.
Chaves argumentó que, en momentos en que el Gobierno tiene limitaciones para subir salarios y reparar infraestructura, tanto la Sala I como la Sala IV respaldaron una interpretación de Hacienda que ahora los diputados buscan evitar con esta reforma.
A finales de noviembre del 2022, la Sala Constitucional avaló una interpretación de la Dirección de Tributación según la cual puede cobrar impuesto de renta a inversiones hechas en el extranjero por contribuyentes domiciliados en Costa Rica, bajo el argumento de que se trata de dinero de fuente costarricense.
El fallo se dio a raíz de acciones de inconstitucionalidad presentadas por los bancos Promérica, Lafise y BAC Credomatic, contra las actuaciones de Tributación y jurisprudencia de la Sala Primera.
“¿Por qué algunos diputados, no todos, pero algunos accedieron a literalmente regalar esos dineros? Yo respeto la separación de poderes y el Estado de derecho. Lo que hago es ejercer el derecho que me da la legislación costarricense a vetar parcialmente esta ley con la esperanza patriótica de que los diputados puedan reflexionar sobre su decisión”, argumentó el presidente.
“Nuestro gobierno, ustedes lo han visto, ha sido el gobierno latinoamericano más prosector privado, pero no puedo firmar una ley que va a beneficiar a la parte más privilegiada, a un segmento chiquitito del sector privado para que chupen parasitariamente las finanzas públicas”, continuó.
Chaves argumentó que esta ley sacaría a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea, pero los diputados mezclaron en ella “beneficios fiscales para los bancos, empresas grandes, para los que invierten en Nueva York a costa de los costarricenses”.
Citó que ese monto equivale a más del presupuesto anual de varios ministerios juntos.
“No era necesario meter ese artículo, que estoy vetando, para sacar a Costa Rica de la lista negra”, dijo Chaves, quien sostuvo que el bloque no pidió cambiar el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta.
“Estamos en la lista negra de la Unión Europea porque nuestro régimen permite a empresas europeas y ciudadanos europeos precisamente eludir y evadir pagos de impuestos, como esta ley que me mandaron para que la firmara, que permite a los bancos y empresas grandes hacerlo. Es absolutamente contradictorio”, dijo.
También, consideró contradictorio que la reforma incentive a los bancos a colocar recursos en el exterior, en vez de prestarlos internamente.
Chaves alega extorsión
El mandatario Chaves alegó que el proyecto fue casi una extorsión. Alegó que le pusieron sobre la mesa un plan para salir de la lista negra, con el cual sería “partícipe de un regalo de impuestos”.
Sobre las consecuencias para el clima de negocios, por permanecer en la lista de la Unión Europea por al menos seis meses más, el gobernante dijo que el Poder Ejecutivo hará todo lo posible para proteger la reputación de Costa Rica, pero le corresponderá a los diputados valorar sus acciones “y que caigan las fichas donde tengan que caer y que cada palo aguante su vela”.
“No quiero darle esperanzas falsas a nadie, la bola está del lado del Congreso, ahí la tienen. Ellos deberán ver los plazos, deberán medir las consecuencias porque, si aquí no nos ponemos de acuerdo, el país llevará palos”, sostuvo Chaves.
