Luego de cinco horas de discusión, los diputados aprobaron la noche de este martes, en primer debate, el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), conocida como lista negra.
La iniciativa recibió el voto afirmativo de 28 diputados, mientras que 15 votaron en contra.
El segundo debate quedó programado para el jueves 7 de setiembre y, después, el texto afrontaría un eventual veto de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, el cual dispone de 10 días hábiles para tomar una decisión a partir del momento en que recibe el proyecto (según el artículo 126 de la Constitución).
Un veto obligaría a los diputados a reunir 38 votos para resellar el proyecto y convertirlo en ley. Sin embargo, la UE puso el 15 de setiembre como fecha límite para evaluar el cumplimiento de Costa Rica en la corrección de la ley tributaria.
Si el mandatario veta el plan muy cerca o después del 15, los legisladores no tendrían tiempo para un resello a fin de cumplir con la iniciativa en la fecha requerida. En consecuencia, el país tendrá que esperar otros seis meses hasta la próxima revisión de la UE.
Cámaras empresariales declararon el lunes que esto afectaría el clima de inversiones en Costa Rica.
Votaron a favor del proyecto 13 de Liberación Nacional (PLN), ocho de la Unidad Social Cristiana (PUSC), tres del Liberal Progresista (PLP) y cuatro de Nueva República (PNR).
Votaron en contra los diez diputados del partido de gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), así como cinco del Frente Amplio (FA).
¿Por qué el Gobierno lo vetaría?
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció la oposición del Gobierno al proyecto debido a que el texto reformaría el artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para clarificar que Tributación no puede cobrar impuesto a personas y empresas por ganancias obtenidas en el exterior, aunque las hayan generado con dinero producido en Costa Rica.
El artículo 1 establecería que Tributación solo puede gravar ingresos generados exclusivamente dentro del territorio nacional. Esa sería la definición de “fuente costarricense”.
¿En qué consiste la iniciativa aprobada?
El propósito central de este proyecto es eliminar la doble no imposición que actualmente permite el sistema tributario costarricense para ganancias generadas en el exterior. Es decir, el plan busca evitar que un inversor esté exento de pagar impuestos en un país y en otro.
La iniciativa busca cobrar impuesto de renta a las empresas de papel sobre las rentas pasivas generadas en el extranjero, como las procedentes de inversiones bursátiles, acciones de empresas y regalías por el uso temporal de patentes.
Las inversiones pasivas son aquellas en las que se coloca el dinero en un activo financiero con el propósito de obtener rendimientos, sin una participación activa en la gestión o dirección del negocio.
En tanto, las empresas de papel son aquellas que carecen de empleados y de infraestructura para llevar a cabo operaciones efectivas, además de que no asumen riesgos significativos al desarrollar una actividad económica.
Si estas empresas tributan sobre sus ganancias afuera, podrían deducirlo en Costa Rica. Por el contrario, las empresas que sí cumplen con una actividad económica en el país quedarían exentas de la aplicación del tributo.
El impuesto también recaería sobre las ganancias de capital y los dividendos e intereses. Las primeras provienen de sobreprecios obtenidos en la venta de los títulos valores, como los bonos de deuda pública que se compran a un precio y luego se revenden para satisfacer necesidades de liquidez.
Los dividendos son las ganancias de una sociedad y se imputan directamente a las acciones. En el caso de los intereses, siguiendo el ejemplo de los bonos de deuda pública, la regulación aplica para el monto que se paga como contraprestación por el préstamo.
Asimismo, se gravarían las ganancias de capital inmobiliario, entendidas como las generadas por concepto de arrendamientos, subarrendamientos y la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles.
Inicialmente los diputados aprobaron que la reforma entrara en vigencia hasta en enero del 2024; sin embargo, el plazo fue adelantado porque la UE advirtió que debía entrar en vigencia en este mes de setiembre para que pueda ser tomada en cuenta como cumplimiento.
Argumentos de Gobierno y FA generaron fuerte discusión.
En la línea del Gobierno, también se pronunció la bancada del Frente Amplio.
La jefa del FA, Sofía Guillén, declaró que su bancada está totalmente comprometida con que se logre sacar al país de la lista de países no cooperantes de la UE, pero alegó que un grupo de empresas se está aprovechando de ese proyecto urgente para “incorporar una cosilla que la Unión Europea” no está pidiendo.
Dijo que “esa cosilla” implicaría beneficiar a grandes contribuyentes que hoy pueden pagar el impuesto y lo hacen.
“Esto genera que esos grandes contribuyentes que hoy están obligados a pagar, que usaron los mecanismos legales e institucionales a los que tienen derecho a usar, para que no se les cobrara y al final el Estado resuelve que se les debe cobrar, están pagando y se quiere utilizar este proyecto de ley para que no lo paguen”, acusó Guillén.
En su intervención, la jefa del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, leyó una carta remitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se opuso a la redacción de la iniciativa legal aprobada.
“Los técnicos del FMI dicen que rechazan la propuesta por regresiva e incompleta, por agravar la desigualdad tributaria en el país, al eximir de impuestos a grandes capitales, que sacan sus ganancias producidas en Costa Rica fuera del país para ganar rentas pasivas libres de impuestos.
“No lo dice el Gobierno, no lo dice el ministro de Hacienda, lo dice el Fondo Monetario. En la misma carta agregan algunas de las empresas que se van a beneficiar con esto. ¿A quién estamos defendiendo, a Lafise, a Promérica, al BAC San José, a Durman Esquivel, al Banco General de Costa Rica, GMC, a Borge y Asociados, al Banco Internacional, a Banco Improsa, a la Coca Cola? ¿A quién le estamos diciendo que le regalamos $38 millones (¢21.000 millones) para que no paguen este impuesto?”, reclamó la oficialista.
Los cuestionamientos del PPSD y el FA generaron una fuerte discusión. Hubo alusiones que molestaron a legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Óscar Izquierdo, jefe de Liberación Nacional (PLN), adujo que su partido no está alcahueteando a ningún empresario ni permitiendo que se brinque la cerca para que no pague impuestos.
El jefe verdiblanco alegó que le sorprende la carta leída por Cisneros, porque adujo que el representante residente del FMI en el país dijo, en nota del 28 de agosto, que el asunto de la lista negra es competencia exclusiva de la UE.
“El Fondo no está diciendo cuál es el mecanismo por establecer y mucho menos acusar las empresas; entonces, digamos la verdad, los invito a que trabajemos las cosas como corresponden”, dijo Izquierdo.
Según los promotores de la iniciativa, el texto brinda certeza jurídica a los contribuyentes elimina la discrecionalidad exigida por la Unión Europea y permite que Costa Rica salga de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea.
La lista negra, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.