El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, impuso este martes un veto total al proyecto de vuelos baratos a Centroamérica y República Dominicana, el cual establecía precios máximos de entre $100 y $120 para boletos de ida y vuelta, según el destino. Con esta decisión, la aprobación de la ley queda en manos de la Asamblea Legislativa, donde se definirá el destino de la iniciativa.
En una carta a la que La Nación tuvo acceso, enviada al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, el Ministerio de la Presidencia informó de que Chaves rechazó la Ley para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica (expediente 24.207) por “razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad”.
Con el veto, la decisión sobre el futuro del proyecto regresa a los diputados, quienes podrán rechazarlo y aprobar la ley mediante el “resello”, un mecanismo que requiere al menos dos tercios de los votos (38 a favor).
Según la exposición de motivos para el veto, el proyecto de vuelos baratos se fundamenta en un estudio del Banco Mundial de mayo de 2024, titulado Integración de los Servicios Aéreos en América Central. Reducción de los costos del transporte aéreo intrarregional: Un estudio para América Central, República Dominicana y Belice. No obstante, Presidencia advirtió que el análisis no fue elaborado específicamente para Costa Rica y genera “dudas razonables sobre las elasticidades propuestas”.
El Ejecutivo también señaló que no hay garantía de que el aumento en la demanda, derivado de la reducción en las tarifas, compense la pérdida fiscal para Hacienda ni la disminución de recursos para el Instituto Costarricense de Turismo.
Actualmente, todo pasajero que salga del país por los aeropuertos internacionales debe pagar un impuesto único de $27, según la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional. La iniciativa propone reducir este monto a $14 para quienes tengan como destino final Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o República Dominicana.
Además, el proyecto plantea modificar uno de los tributos establecidos en la Ley para el Fortalecimiento de la Industria Turística Nacional, que impone un impuesto de $15 al ICT por cada persona que ingrese por vía aérea y haya adquirido su boleto en el extranjero. Con la nueva propuesta, el tributo se reduciría a $4 para viajeros provenientes de los países mencionados, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Ante estos cambios, el Gobierno argumentó que no existe garantía de que la reducción de impuestos genere el impacto económico esperado ni que su aplicación esté plenamente justificada.
El 4 de febrero pasado, los diputados aprobaron el proyecto en segundo debate con 34 votos a favor y nueve en contra. La oposición provino de los ocho legisladores del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y de Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
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Reservas en cuanto a viajes de negocios y turismo multidestino
Para justificar el veto, el Gobierno también argumentó que, según el informe del Banco Mundial, la elasticidad de la demanda en los viajes de negocios es baja. La elasticidad de la demanda mide la sensibilidad o reacción de los consumidores a un cambio de precio de un bien o producto.
Según el gobierno, la reducción de tarifas no garantiza un aumento en la venta de tiquetes baratos, tal como lo plantea el proyecto de ley para justificar su impacto económico.
Otro de los puntos cuestionados por el Ejecutivo es el turismo multidestino, una modalidad en la que los turistas visitan varios destinos o países durante un mismo trayecto, en lugar de centrarse en uno solo.
Para la Administración de Rodrigo Chaves este tipo de turismo “no es un punto particularmente importante en la decisión del turista para visitar Costa Rica”, donde las estadías, según números que atribuye al ICT, son de 13 noches, convirtiendo al país en un destino en sí mismo y no en uno de muchos puntos de visitación.
Por ello, el Ejecutivo interpretó que, en caso de implementarse la medida, las estadías podrían reducirse, a pesar de los esfuerzos promocionales para atraer turistas, ya que muchos visitantes optarían por permanecer solo uno o dos días en el país.
Además, el Ejecutivo señaló que “no vislumbra un impacto real” en los precios de los boletos aéreos para los consumidores, ya que el mercado regional es reducido y “no hay suficiente demanda para estimular que la región se convierta en una opción atractiva para las líneas aéreas”. Asimismo, destacó que los impuestos que abonan los viajeros no inciden en el costo operativo de las aerolíneas.
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Fracciones impulsarán el resello
El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, cuestionó la decisión de Chaves en cuanto a la posibilidad de reducir el costo de viajar para los costarricenses y promover la generación de negocios en la región.
“Lo curioso es que el presidente Chaves haya escogido convertirse en un obstáculo para que los costarricenses obtengan ese beneficio”, apuntó.
El legislador acusó al mandatario de personalizar la decisión, “y comete un grave error porque es un proyecto de ley que tiene el apoyo de todas las bancadas legislativas, excepto el chavismo”. Feinzaig aseguró que cuentan con los votos para resellar el veto.
Por su parte, Óscar Izquierdo, jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), lamentó profundamente que el mandatario “vuelva a tomar las cosas de forma personal”. Según Izquierdo, vetar una ley aprobada por la mayor parte del Congreso no trae ningún beneficio al país y refleja una actitud de “quemar cuentas”.
“Creo que nos aproximamos a otro resello más de este Gobierno”, sentenció Izquierdo.
El diputado Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que su fracción analizará la posibilidad de realizar un resello al veto. En la misma línea, el diputado José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), también señaló que podría procederse con el resello del veto y que están a la espera de que se retome la discusión en el Plenario.
La Nación envió consultas a la fracción del Frente Amplio y a la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros. No obstante, al cierre de esta nota, no se ha recibido respuesta.
