Chaves cuestionó el respaldo de los diputados a la iniciativa y sugirió que podía responder a intereses particulares, especialmente del legislador Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien fue el proponente de la iniciativa.
“Yo tengo una opinión muy particular de por qué Eli Feinzaig y otros diputados apoyaron ese proyecto de ley. Yo creo que quieren, ya sea por intención o por implicación, favorecer a las aerolíneas que tengan viajes dentro de Centroamérica. Creo que hay una o hay tres. No sé si lo hicieron al propio o lo están haciendo como consecuencia de falta de inteligencia”, dijo el presidente.
Chaves también indicó que este jueves sostendrá una reunión con William Rodríguez, ministro de Turismo, para discutir el tema y definir si se abstendrán de firmar la ley.
Asimismo, agregó que, en caso de aplicar el veto y que los diputados resellen la ley, se los agradecería “muchísimo”, ya que considera que con los resellos aplicados por el Congreso los parlamentarios exponen sus “intereses”.
“Cada vez que 38 diputados se ponen de acuerdo para resellar un proyecto de ley le están dando información a Costa Rica de cuales intereses están defendiendo. Mañana decidiré si veto o no”, aseveró el mandatario.
Eliécer Feinzaig aseguró que tiene contemplada la posibilidad del veto y que el Congreso está preparado para resellar y “seguir rompiendo el récord del presidente con más vetos rechazados”.
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¿Qué es un veto?
El veto presidencial es un mecanismo que permite al presidente de la República rechazar un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa y devolverlo con observaciones. A partir del día en que el texto llega a la Presidencia el Ejecutivo cuenta con un plazo de 10 días hábiles para vetarlo.
El veto puede ser total y rechazar la totalidad del proyecto, o puede ser parcial. En este último caso, el mandatario objeta solo una parte del proyecto, mientras que el resto puede ser aprobado.
Cuando el presidente veta una ley, los diputados pueden decidir si aceptan las observaciones o si insisten en aprobar el proyecto sin cambios. Para esto último, deben recurrir al resello, un proceso en el que al menos 38 diputados deben votar a favor de la ley para que entre en vigencia pese al veto presidencial.
La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de boletos aéreos en segundo debate el pasado 4 de febrero, después de que el Ejecutivo lo mantuviera congelado durante los tres meses de sesiones extraordinarias entre noviembre y enero.
La iniciativa recibió 34 votos a favor, mientras que nueve legisladores votaron en contra, entre estos estaban ocho diputados del partido de gobierno y el parlamentario Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El proyecto establece un costo máximo de $100 para los pasajes ida y vuelta a cualquier país centroamericano y de $50 en caso de un viaje solo de ida. Los impuestos y tarifas aeroportuarias cobradas al usuario no podrán exceder los $23 por país, tanto en Costa Rica como en el destino.
Para los vuelos a República Dominicana, la tarifa máxima será de $120 en viajes ida y vuelta, y de $60 para boletos solo de ida. Luego de convertirse en ley el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para reglamentar la ley en caso de que entre en vigor.
