El presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó este martes la ley que eximiría al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal. Argumentó que no se opone a esa intención, sino que aboga por la aprobación de un proyecto de ley para reformar en términos generales la regla fiscal; considera que es mejor un cambio integral que avalar excepciones aisladas.
El argumento del mandatario se refiere a una iniciativa legal del Poder Ejecutivo que permitiría al Gobierno Central elevar en ¢140.000 millones el gasto en servicios, salarios y transferencias, en el 2023.
Este texto excluiría los intereses de la deuda pública y el gasto de capital (obras y equipamiento) de la regla fiscal, lo que abriría más espacio para el resto de rubros a la hora de aplicar el tope anual al crecimiento del gasto público.
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Esta iniciativa, además, excluiría de la regla a instituciones como el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), bajo el argumento de que reciben ingresos ajenos al presupuesto del Gobierno Central.
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La regla es un mecanismo legal, creado con la reforma fiscal del 2018, que le fija un techo de crecimiento al gasto público de acuerdo con dos factores: el tamaño de la deuda pública y el ritmo de la economía. El objetivo es evitar que un crecimiento desmedido del Estado afecte negativamente al país.
El tope se aplica sobre gasto corriente, lo que incluye intereses, transferencias, servicios y salarios. Sin embargo, si la deuda supera el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre hoy, también se extiende al gasto de capital.
Los diputados aprobaron en definitiva el proyecto de exclusión del 9-1-1 a finales de agosto, cuatro meses después de la votación en primer debate, y luego de numerosas discusiones en el Congreso.
El texto del decreto legislativo 10.307 solamente consta de una reforma en el inciso f del artículo 6 de la ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para excluir el Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal, y únicamente en lo que corresponde a los recursos generados por la tasa establecida en la ley 7566.
Esa tasa corresponde a un 0,75% sobre la facturación mensual de los ingresos totales por servicios de telecomunicaciones disponibles al público, es decir, telefonía móvil, tradicional, por Internet, así como el servicio de Internet fijo y móvil, líneas delicadas.
El argumento del Sistema es que ese dinero proviene de recursos propios y que no se trata de transferencias directas del Presupuesto Nacional.
Razones del veto presidencial
En el oficio PR-P-0048-2022, dirigido al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, Rodrigo Chaves asegura que emite el veto por razones de oportunidad y conveniencia.
El veto lleva las firmas de Chaves y Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, y alega que se “debe tener mucha prudencia y mesura en las reformas que se lleven a cabo y no solamente sopesar sus efectos en lo inmediato, sino las repercusiones a mediano y largo plazo, así como el impacto sobre la ruta de consolidación fiscal”.
Chaves también alegó que legitimar la tendencia de excluir instituciones del ámbito de aplicación de la regla envía un mensaje erróneo sobre el compromiso de los actores políticos respecto a la consolidación y estabilidad fiscal del país.
El veto también arguye que el Gobierno es “consistente al pronunciarse en contra de diversos proyectos de ley, tendientes a excluir a entidades del sector público no financiero de la aplicación de la regla fiscal, procurando un manejo sano de las finanzas públicas”.
Chaves también manifestó que exceptuar al Sistema de Emergencias 9-1-1 de forma aislada va en contra del objetivo de la ley 9635 y, aunque encuentra mérito para excluir a dicho sistema, es “un tema que se debe tratar con integralidad”.
El veto también se basa en el criterio negativo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, que alegó que sería incentivar que más instituciones del sector público no financiero quieran salirse del cumplimiento de la regla fiscal, “lo que a su vez afectaría el cumplimiento de los propósitos y principios contemplados” en la ley 9635.
Valorar el resello
El liberacionista Danny Vargas se manifestó sorprendido por el veto y apuntó a la necesidad de valorar el resello de la iniciativa, tal como lo permite la ley.
Cuando un presidente veta un decreto legislativo, los diputados pueden acoger esa decisión, o bien pueden insistir en la vigencia de la iniciativa y, a través de una votación por mayoría calificada, con 38 diputados a favor, resellar un proyecto y mandarlo a publicación en el diario oficial La Gaceta, con lo cual entraría en vigencia.
Andrea Álvarez, también de Liberación Nacional (PLN), lamentó la decisión de Chaves, pues dijo que la iniciativa buscaba que el Sistema de Emergencias asuma inversiones tecnológicas para atender situaciones de violencia intrafamiliar, niñez y adolescencia, personas con discapacidad auditiva y atención psicológica.
El puntarenense Francisco Nicolás aseguró que el veto es un acto de insensibilidad de parte del presidente Chaves, y dijo que “no sucede lo mismo cuando se trata de subirle el doble del salario a sus ministros y sus viceministros”, por lo calificó la decisión como “un acto más de inconsecuencia del Gobierno.
Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que buscarían una solución para la regla fiscal para el 9-1-1 y que, de no hallarse, procederían a resellar el expediente.
En el caso de la frenteamplista Priscilla Vindas, ella se manifestó sumamente preocupada, por lo esencial del servicio que presta el Sistema de Emergencias y enfatizó que no puede quedar a la buena voluntad política.
“Ya el servicio está presentando problemas para la continuidad del servicio. Por esto, buscaremos el resello”, acotó.
Fabricio Alvarado, jefe de Nueva República, se manifestó de acuerdo en lo propuesto por el gobierno de Chaves, para discutir el proyecto general de Chaves y rechazó resellar el plan específico sobre el 9-1-1.