“Las personas acuden a los bancos solo con su cédula. Tienen la opción de obtener dos tarjetas, y en ese momento reciben ¢100.000, sin saber en qué estafa se utilizarán esas cuentas ni cuándo. Luego, estos individuos enfrentan problemas, ya que el sistema bancario bloquea las cuentas”, detalló Carvajal.
Además, Carvajal indicó que las personas que cooperan abriendo cuentas bancarias pueden enfrentar responsabilidades legales, incluso “hay casos en los que llegan a juicio en contra de esas personas, porque obviamente la cuenta es muy personal”.
Carvajal señaló que las organizaciones delictivas tienen claramente definidas las funciones en sus estructuras jerárquicas.
En el curso de las investigaciones judiciales, han descubierto cómo funciona la estructura jerárquica de las redes delictivas. En la parte más alta está el “cabecilla”, encargado de orquestar todas las operaciones. Le siguen los “cazadores”, quienes se dedican a localizar víctimas y persuadirlas, ya sea por teléfono y remitiéndoles enlaces digitales engañosos, para obtener información personal.
Posteriormente, los “banqueros” se encargan de extraer fondos de las cuentas de los usuarios en cuestión de horas, dirigiéndolos a diversas cuentas adquiridas por los ¢50.000. Por último, los “frenteadores”, que están en los cajeros automáticos para extraer el dinero y luego desaparecerlo.
En el caso de los “banqueros”, tienen un alto nivel de habilidades cibernéticas.
“Si se trata de un banco X, ya están en esa aplicación, introducen usuario, contraseña, token, y saben cómo registrar una cuenta. Conocen los límites de tiempo y las cantidades que pueden transferir, por lo que tienen muchas cuentas listas para distribuir ₡100 millones”, ejemplificó Carvajal.
90% de estafas digitales desde La Reforma
El 90% de las estafas, según lo mencionado por Carvajal, se siguen ejecutando desde el centro penal conocido como “La Reforma”.
“Los cabecillas aún se encuentran allí, en los penales ubicados en San Rafael de Alajuela, mientras que los grupos secundarios ya están trabajando afuera”, explicó.
A pesar de que las cárceles cuentan con bloqueadores de señal, los delincuentes evaden esta medida con facilidad.
“Utilizan servicios de telefonía internacional de roaming, que no son bloqueados por el sistema anteriormente implementado”, indicó.
Con el objetivo de combatir y reducir los fraudes informáticos, Randall Zúñiga, director del OIJ, le solicitó a la Asamblea que apruebe una reforma legal para implementar la figura del “agente encubierto digital”. Esto permitiría a los agentes recopilar pruebas en casos de estafas digitales.
“Es una figura que existe en otros países, mediante la cual, con la aprobación de un juez, los agentes pueden infiltrarse virtualmente en una organización”, afirmó Carvajal.
Zúñiga afirmó el 12 de octubre en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que los ciberdelincuentes han estafado a los costarricenses por un monto superior a ¢85.000 millones y $53 millones en los últimos seis años.
