Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fustigó este martes la decisión del Ministerio de Hacienda de no girar los recursos presupuestarios que la Asamblea Legislativa aprobó para fortalecer la lucha contra la inseguridad.
“Cada colón que se le quita al OIJ o a la Fiscalía es un espaldarazo para el crimen organizado”, denunció Zúñiga, ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El director del OIJ tildó de “cómplices” a quienes “le quitan el dinero” a la Policía Judicial, impidiéndoles poder llevar adelante sus investigaciones criminales, durante la presentación del presupuesto 2026 del Poder Judicial.
Zúñiga también cuestionó la decisión del ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, de garantizar en el Presupuesto Nacional de 2026 el financiamiento de 220 plazas nuevas en el Ministerio de Seguridad, pero que no hiciera lo mismo para llenar las vacantes en el Ministerio Público y OIJ.
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Tanto los recursos para las plazas en el Poder Judicial como en Seguridad Pública fueron avalados por la Asamblea Legislativa, cuando aprobó el Presupuesto Nacional 2025. No obstante, los recursos no fueron girados por Hacienda, bajo el alegato de que fueron tomados de la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública y que no era responsable prescindir de esos fondos.
A criterio de Zúñiga, la “limitación presupuestaria” generada por Hacienda para el Poder Judicial, “no se puede comprender”, por este trato diferenciado.
“Me alegro por ellos (Seguridad), pero también deberían de dárselas a OIJ y al Ministerio Público”, indicó.
“La lucha contra la criminalidad no se va a ganar con discursos, no se va a ganar con una lucha entre poderes de la República, se va a ganar con una unión nacional”, destacó el jefe del OIJ.
Zúñiga reiteró que los cuatro principales puntos de ingreso de droga al país —Punta Burica, Golfito, bahía Drake y Cabo Velas (Tamarindo)— coinciden en que el OIJ carece de presencia física directa en esas localidades.
Orlando Aguirre: Recursos son insuficientes
El presidente del Poder Judicial, el magistrado Orlando Aguirre, declaró que los recursos asignados para el próximo año son insuficientes para enfrentar la crisis de inseguridad que golpea al país.
“Sin duda, que los recursos no son suficientes para poder atender el aumento de la criminalidad”, manifestó Aguirre ante una consulta del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).
El magistrado calificó de “limitado” y “austero” el presupuesto de ¢532.837 millones asignado para el año 2026. El monto es 0,2% mayor a lo otorgado en 2025.
Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, señaló que el Ministerio Público tiene un faltante urgente de al menos 134 plazas de fiscales y cantidad similar de personal técnico.
Estos puestos se concentran principalmente en Cóbano, Tarrazú, Siquirres, Desamparados, Corredores, Golfito, Puerto Jiménez, San Carlos, La Fortuna, Upala, Guatuso, Los Chiles, Liberia, en las fiscalías de flagrancia Alajuela y Osa, la Fiscalía de Narcotráfico y la Fiscalía de Género.
“Son zonas y fiscalías bastante sensibles que requieren mayores recursos”, agregó Díaz.
Negativa de Hacienda para incorporar nuevas plazas
Sin embargo, el director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow Hing, señaló que una de las indicaciones dadas por el Ministerio de Hacienda, durante el proceso de elaboración del presupuesto, era que no se autorizaría la creación de plazas nuevas, ni la incorporación de las 244 plazas restantes de las 330 cuyo financiamiento fue aprobado en 2024 por la Asamblea.
De la totalidad de las vacantes con visto bueno legislativo, Hacienda solo liberó 86, las cuáles sí están incorporadas en el plan de gastos del 2026.
Aguirre señaló que los recursos se destinarán prioritariamente a inversión en tecnología, construcción de infraestructura —incluida la morgue judicial en Buenos Aires— y al fortalecimiento de la seguridad en los recintos judiciales.
Sin embargo, advirtió que para poder convertir estos ejes en resultados tangibles, es necesario un “compromiso real para que los recursos aprobados en este plan fluyan con agilidad, permitiendo su correcta y plena ejecución”.
Agregó que si bien el “debate público está cargado de descalificaciones infundadas”, no era su intención caer en esa polémica.
Préstamo para seguridad
Los diputados de oposición reiteraron sus críticas al gobierno de Rodrigo Chaves por no transferir al Poder Judicial los recursos adicionales aprobados por la Asamblea Legislativa para fortalecer al OIJ y al Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó de “excusa sin justificación” el alegato del Poder Ejecutivo de que no pueden girar los recursos aprobados por los diputados para seguridad, porque fueron tomados del pago de intereses.
Igualmente, la verdiblanca hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que tramite con urgencia un préstamo para dotar de más recursos a los cuerpos de seguridad. “Hay tantos créditos aquí en trámite y ninguno de ellos tiene dentro de sus objetivos la seguridad nacional”, criticó.
“No hay nada que tenga más prioridad o importancia que la seguridad. Se está muriendo la gente en las calles y adicionalmente se está saliendo de control”, añadió.
El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), afirmó que se trata de una “intención política” de “dificultar” la labor del OIJ para desarticular bandas criminales.
“Yo no entiendo cómo un país con recursos policiales tan limitados, no se aprovecha la capacidad instalada que hay, no se promueve una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, tanto los del Ejecutivo como del Judicial”, destacó.