El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, aseguró que el Ministerio de Seguridad Pública contará con el presupuesto necesario para financiar las 220 plazas nuevas aprobadas por la Asamblea Legislativa, en octubre del 2024.
Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que, según dijo, no recibirán los recursos asignados originalmente para nuevas vacantes.
Este domingo, Lücke precisó que los recursos para Seguridad Pública se girarán a partir de octubre próximo y que ya están contemplados en el presupuesto del 2026, lo que garantiza su financiamiento durante todo el siguiente año.
Las plazas destinadas al Ministerio de Seguridad, señaló, serán financiadas gracias “al espacio fiscal que se ha generado” en los últimos meses.
En el caso de las instituciones del Poder Judicial, si bien los fondos para crear nuevos puestos también fueron aprobados desde el 16 de octubre del año pasado, Hacienda se rehúsa a hacer el giro, bajo el alegato de que el monto es muy alto y que no puede garantizar el contenido presupuestario para el 2026.
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Desde hace 11 meses, los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron tomar recursos de la partida prevista por el gobierno para pagar intereses de la deuda interna en el Presupuesto Nacional 2025 y destinar ¢14.408 millones al fortalecimiento de los cuerpos policiales y judiciales.
De ese monto, ¢9.346 millones correspondían al Ministerio Público para 75 nuevos puestos y al OIJ para contratar 255 funcionarios.
El dinero restante, ¢5.062 millones, se asignó al Ministerio de Seguridad para generar 220 plazas.
A casi un año de la aprobación de ese presupuesto, el Poder Judicial únicamente logró asignar el 26% de las plazas previstas (86). Esto ocurrió mediante un único giro de recursos autorizado por Hacienda, en marzo, tras el asesinato de un agente del OIJ a manos del sicariato.
Rechazos
Desde octubre del 2024, el Ministerio de Hacienda rechazó, en al menos cuatro ocasiones, girar los recursos para asignar plazas al Poder Judicial.
La más reciente ocurrió el pasado 1.° de setiembre, mediante un oficio firmado por Lücke y dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
En la misiva, Hacienda reiteró que no girará los recursos al Poder Judicial y, además, rechazó la propuesta presentada por dicha entidad, que pretendía trasladar los fondos, ya aprobados por los legisladores, al Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial BCR, para utilizar el dinero en mejoras a la infraestructura de las sedes judiciales alrededor del país.
“Esa sería la alternativa final para no perder los recursos, porque retornarían a fortalecer al Organismo. Sin embargo, esa no fue la intención del legislador, ni la intención primera del OIJ”, dijo a La Nación, en agosto, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero.
Por su parte, Lücke reiteró textualmente los motivos planteados, el pasado 24 de julio, por el entonces ministro de esa cartera, Nogui Acosta, para no asignar las plazas.
Los recursos, afirmó, se mantendrán en estado de “no ejecución”, debido a la necesidad de mantener el equilibrio de los fondos públicos y que esta decisión reduce la presión de endeudamiento, lo que beneficiará el esfuerzo por mejorar el tamaño de la deuda pública en comparación con el producto interno bruto (PIB).
El gobierno añadió que, al cumplir con la regla fiscal, se liberarán recursos en los años venideros para “financiar y atender las diversas necesidades de la ciudadanía”.
Poder Judicial depende de eurobonos
Consultado sobre el motivo por el cual se aprobaría la creación de plazas al Ministerio de Seguridad y no en el Ministerio Público y el OIJ, Lücke argumentó que existen “diferencias sustanciales” en los montos y los periodos previstos para la habilitación de las plazas.
No obstante, el jerarca no cerró del todo la posibilidad de girar los recursos al Poder Judicial más adelante.
Explicó que la aprobación de las plazas correspondientes al Poder Judicial depende de la evolución de la partida de intereses y de la aprobación de eurobonos en el Congreso; para así utilizar los recursos de los intereses para crear los puestos, tal y como fue aprobado por los legisladores en octubre del año pasado.
“Dependiendo de esa aprobación de los eurobonos es que ya sé que el costo de los intereses no podría haberse incrementado, y dependiendo también de la evolución que eso tenga, en los últimos meses, con los resultados fiscales”, insistió.
Sin embargo, aunque este escenario ocurra, señaló una limitante adicional. Hacienda, dijo, no puede garantizar el contenido presupuestario para mantener las plazas durante el 2026, por lo que “tendría que verse una moción para el presupuesto del 2026 para incluir eso”, sentenció.
Necesidad de plazas
En agosto, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó a La Nación que la necesidad prioritaria del Poder Judicial está en la creación de plazas para afrontar la crisis de inseguridad.
“Tenemos equipos de trabajo agotados, desgastados y también un impacto importante en el presupuesto, porque los mismos equipos son los que tienen que trabajar en tiempo ordinario y extraordinario”, aseguró.
El 2 de octubre, tan solo días antes de que los legisladores aprobaran el presupuesto para más plazas, el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga; y el fiscal general, Carlo Díaz, informaron que, en conjunto, afrontaban un déficit de 1.450 funcionarios.
Ese año cerró con 2,4 asesinatos por día, en promedio.