Un juzgado penal había suspendido a Esquivel de la presidencia de la Caja por seis meses, como medida cautelar para proteger el curso de la pesquisa judicial. Sin embargo, el mandatario Rodrigo Chaves la destituyó de ese puesto para nombrarla como ministra.
La Constitución Política otorga inmunidad a los ministros de gobierno. El artículo 143 de la Carta Magna especifica que ni el presidente de la República ni sus ministros podrán ser arrestados por una causa penal salvo que el Congreso lo autorice.
Federico Campos, abogado penalista, explicó: “La investigación continúa normal y solo si hubiera una acusación formal por parte del fiscal general, esta debe enviarse a la Asamblea Legislativa para que se lleve a cabo el antejuicio y se decida sobre el eventual levantamiento de la inmunidad”.
Según lo establecido en la Constitución, para levantar el fuero es necesario contar con el voto favorable de dos terceras partes del total de los legisladores.
Sí los congresistas levantan la inmunidad, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de realizar el eventual juicio.
Por otro lado, la adquisición de inmunidad obliga a que la investigación contra Esquivel sea conducida por la Fiscalía General, ya que la Carta Magna indica que ese despacho debe investigar los casos en los que el imputado es miembro de los supremos poderes.
Actualmente el caso se encuentra en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Caso Barrenador
El Caso Barrenador se dio a conocer en setiembre de 2024, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a la expresidenta de la CCSS junto con ocho altos funcionarios y exdirectivos de la Junta Directiva de la Caja, por presuntas irregularidades en la contratación de las cooperativas encargadas de administrar los Ebáis.
Federico Campos añadió que la Fiscalía General tiene la posibilidad de solicitar una nueva medida cautelar para inhabilitar a Marta Esquivel del ejercicio de cargos públicos.
En su criterio, resulta sorprendente que la Fiscalía no haya solicitado la restricción previamente, pero señaló que, debido al reciente nombramiento, las autoridades tienen la posibilidad de pedir una nueva medida cautelar.
“Sorprende sobremanera que la funcionaria de la CCSS no estuviera suspendida, además, para ejercer cualquier otro cargo público como medida cautelar mientras prosigue la investigación judicial. Por lo visto, no fue así y eso le abrió la puerta para esta nueva designación como Ministra de Planificación.
“No obstante, a mi juicio, en el proceso penal podría ampliarse la medida cautelar de suspensión del cargo en la CCSS y prohibírsele ocupar cualquier cargo público bajo la causal del peligro de reiteración delictiva, ya que las conductas que se están investigando podrían repetirse en este nuevo alto cargo en el cual recién fue designada”, añadió el penalista.
