La Constitución Política protege la libertad de expresión de todos los ciudadanos, pero también reconoce las responsabilidades cuando se cruzan los límites establecidos por la ley. En los últimos tres años, al menos 11 personas han sido procesadas por presuntas amenazas contra funcionarios públicos por parte de la Fiscalía.
La política de persecución penal del Ministerio Público por ese tipo delitos en casos como los de Yendry Quirós, Jimena Rueda, Stella Chinchilla y detenciones por presuntas amenazas a la presidenta Laura Fernández y otros jerarcas han puesto el foco en la frontera entre una crítica fuerte u ofensiva y una expresión que puede constituir una amenaza sancionable.
“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley”, dice el artículo 28 de la Carta Magna.
Sin embargo, especialistas consultados por La Nación reconocen que, como cualquier otro derecho, la libertad de expresión no es absoluta y debe soportar limitaciones; por ejemplo, cuando se vulnera el honor, la libre determinación de una persona o a la autoridad pública.
Según expertos, para sancionar una expresión, deben cumplirse tres condiciones: que la restricción esté establecida expresamente en la ley, que persiga un fin legítimo como proteger el honor, la intimidad o los derechos de terceros, y que la medida sea necesaria y proporcional en una sociedad democrática, de modo que solo se aplique cuando la vulneración genere un daño sensible.
‘Le conoceremos el sirope’
El pasado 2 de setiembre, la activista Yendry Quirós Conejo, conocida como La Colocha, fue condenada a un mes de prisión por las amenazas que dirigió el 22 de junio del 2023 contra el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, cuando este último ejercía el cargo de legislador.
Ese día Quirós y otras personas se aprestaban para entregar una petitoria al Directorio de la Asamblea Legislativa, con el fin de que cesara la violencia política contra la entonces diputada oficialista Pilar Cisneros.
Usando un megáfono a las afueras de la Asamblea, Quirós dijo sobre el entonces legislador del Frente Amplio: “Porque le aseguro que a uno como Ariel le conoceremos el sirope, se lo conoceremos. Porque él cree que toda la vida va a tener inmunidad, cree que toda la vida va a ser protegido por la ley”.
“No le quedan ni siquiera tres años, que se haga un churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz, para que aprenda a ser hombre”, dijo, según consta en un video de 39 segundos que está en el expediente judicial.
Quirós no descontará la pena en la cárcel, sino que se le concedió a la ejecución condicional de la pena.
En julio de 2023, Álvaro Morales amenazó de muerte a los diputados Ariel Robles Barrantes y Francisco Nicolás Alvarado desde la barra del público.
Morales fue finalmente retirado del lugar con ayuda de tres oficiales del Congreso. En julio de 2024, previo al juicio, el sujeto ofreció disculpas públicas a los diputados ofendidos.
En febrero del 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre de apellidos Mora Chaves que habría amenazado de muerte a las diputadas Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y la contralora general de la República, Marta Acosta.
Presuntas amenazas a Rodrigo Chaves
En mayo del 2024, Jimena Rueda Ledezma, una funcionaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e hija del magistrado constitucional Paul Rueda, publicó un mensaje contra el entonces presidente, Rodrigo Chaves.
Rueda habría replicado en su Instagram una noticia del Semanario Universidad sobre unas declaraciones ofrecidas por Chaves, en las que dijo que el gobierno no destruirá el tesoro natural de la costa sur de Limón, pero tampoco se lo dejará a la fauna. Ella habría escrito: “Ya eso amerita francotirador”.
En enero pasado, la comunicadora y activista social, Stella Chinchilla, fue denunciada por el entonces director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, por una presunta tentativa de homicidio contra Chaves.
Según unos pantallazos de WhatsApp, aportados por la DIS a la Fiscalía, la comunicadora habría sugerido que pagaría un sicario para dar muerte al expresidente. Chinchilla ha negado ser autora de la supuesta amenaza.
Consultada por este medio, la Fiscalía indicó que tanto el caso de Rueda como el de Chinchilla se encuentran en investigación y se les persigue por el presunto delito de amenaza a funcionario público.
En marzo pasado se detuvo a otras dos personas por presuntamente amenazar a Chaves.
Primero, un hombre de apellido Trejos Salas, tío del diputado frenteamplista Antonio Trejos,
En un primer incidente el hombre irrumpió durante una transmisión en vivo de Noticias Repretel y lanzó gritos e insultos contra el presidente Rodrigo Chaves. El episodio se viralizó posteriormente en redes sociales.
Días después circuló otro video, profirió insultos y aseguró que enviaría sicarios contra Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández. En ese momento, fue internado en un centro de salud mental.
El Ministerio Público confirmó que el caso continúa en investigación, a la espera de que se remita un informe de psiquiatría forense.
Posteriormente, también fue detenida una mujer de apellidos Gamboa Freer, quien también figura como sospechosa del presunto delito de amenaza contra funcionario público por frases relacionadas contra Chaves.
Presuntas amenazas contra Laura Fernández
En febrero pasado, cuando Fernández era presidenta electa, una mujer de apellido Barahona, de 26 años, fue detenida. Posteriormente, en junio, un hombre de apellido Ordoñez también fue aprehendido en San Carlos.
A ambos se les imputó un delito de supuestas amenazas agravadas.
En agosto pasado, un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, fue detenido por el presunto delito de amenazas a funcionario público. En todos los casos, los supuestos hechos se habrían dado en redes sociales.
En agosto pasado, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, interpuso una denuncia contra un menor por una presunta amenaza de muerte contra él y su familia.
La Nación consultó al Ministerio Público cuántas personas han sido procesadas por supuestas amenazas contra Fernández y Rodrigo Chaves.
Sin embargo, la Fiscalía indicó que no cuentan con un sistema unificado que les permita conocer el total.