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Las amenazas de muerte contra figuras políticas no solo ponen en riesgo a quienes las reciben. También, pueden provocar que otras personas dejen de opinar, participar o ejercer la crítica pública por temor a enfrentar consecuencias similares, según especialistas consultados por La Nación.
El fenómeno quedó reflejado en los testimonios recopilados por este medio de exdiputados del periodo 2022-2026. Nueve relataron que ingresaron al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público después de recibir amenazas de muerte que vinculan con su oposición al gobierno del entonces presidente Rodrigo Chaves.
Los casos incluyen persecuciones, amenazas de ejecución, ataques contra sus mascotas y advertencias relacionadas con la labor política. Algunos exlegisladores tuvieron que utilizar chalecos antibalas, cambiar sus rutas, dejar de desplazarse solos o limitar actividades cotidianas.
Tras los relatos, tres especialistas consultados por La Nación analizaron el fenómeno desde la seguridad, la polarización política y sus posibles efectos sobre la participación y la libertad de expresión.
Ronald Calderón: denuncias políticas han aumentado
Ronald Calderón, criminólogo y exjefe de la Unidad de Protección de Funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que, desde su experiencia, las denuncias relacionadas con amenazas en el ámbito político han aumentado en los últimos años.
El criminólogo recalcó que una amenaza contra una figura política no debe minimizarse, pues existe el riesgo de que llegue a materializarse. En su criterio, la fragmentación política y el discurso de enfrentamiento proveniente del Poder Ejecutivo han contribuido a aumentar la tensión alrededor de la actividad política.
Indicó que el ingreso de una persona al programa implica una valoración de su situación de riesgo. Un equipo interdisciplinario analiza el tipo de amenaza, las circunstancias que rodean a la persona y la posibilidad de que exista un peligro para su integridad.
Cuando existe una posible amenaza contra la vida, añadió, la protección puede activarse de inmediato mientras se investiga el caso, precisamente para evitar que una eventual agresión se materialice.
Cuando el adversario se convierte en ‘enemigo’
José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), indicó que Costa Rica atraviesa un escenario de alta polarización política que puede facilitar que las agresiones verbales escalen hacia hechos de violencia física.
Lo describe como un proceso de “polarización política afectiva”: las diferencias dejan de concentrarse únicamente en ideas o posiciones y el contrario comienza a ser visto no como un adversario político, sino como un “enemigo”.
Ese cambio, explicó, puede contribuir a deshumanizar a quien piensa diferente y facilitar que las amenazas pasen de expresiones verbales a acciones.
Díaz considera que los liderazgos políticos tienen una responsabilidad especial en este escenario. Para él, durante el gobierno de Rodrigo Chaves se utilizó un discurso confrontativo que, en lugar de reducir la polarización, “la convirtió en un mecanismo para obtener réditos políticos”.
También advirtió sobre las consecuencias que puede tener el lenguaje utilizado desde posiciones de poder.
Cuando desde conferencias de prensa se emplean expresiones despectivas contra diputados, opositores u otros actores públicos, explicó, algunos seguidores pueden interpretarlo como una especie de “carta blanca” para reproducir ese comportamiento.
Las redes sociales pueden amplificar ese fenómeno mediante personas reales, cuentas anónimas, troles o bots, añadió.
El riesgo de dejar de hablar por miedo
Una de las consecuencias de ese escenario es la autocensura.
Díaz explicó que, cuando las personas perciben que expresar determinadas posiciones puede traerles problemas o represalias, pueden optar por guardar silencio. Esto genera lo que denomina una “espiral del silencio”, en la cual las posiciones que continúan expresándose públicamente pueden terminar percibiéndose como dominantes.
Según el investigador, cerca de la mitad de la población considera que las personas no dicen todo lo que piensan sobre política, mientras que una proporción similar cree que expresar opiniones sobre los problemas nacionales podría generar consecuencias negativas.
Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), coincide en que el fenómeno trasciende a las personas directamente amenazadas.
“En Costa Rica no solo hay un clima de censura, sino también de autocensura”, afirmó. Esta situación inhibe el debate democrático, la libre expresión de ideas y el derecho a ejercer la crítica política, dijo.
La especialista señaló que investigaciones realizadas desde Proledi han encontrado que personas dicen haberse autocensurado por miedo a represalias o consecuencias y que quienes más se inhiben de participar en el debate público son quienes mantienen posiciones críticas hacia el Gobierno.
Para Boza, las amenazas generan un “efecto inhibitorio” que alcanza incluso a personas que nunca han sido amenazadas directamente, pues pueden observar las consecuencias enfrentadas por otros liderazgos y optar por no exponerse públicamente.
Advirtió de que este fenómeno tiene un impacto particular sobre las mujeres, quienes enfrentan mayores niveles de violencia digital.
Ese silencio, añadió, también afecta a la ciudadanía, porque reduce la diversidad de opiniones y perspectivas disponibles en el debate público.
“La gente simplemente deja de opinar, deja de participar en el debate público”, afirmó Boza, quien describió el fenómeno como una “espiral que silencia voces sin que la mayoría de la ciudadanía se dé cuenta”.
