El fiscal general Carlo Díaz confirmó que el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, presentó este martes una denuncia contra una activista de apellidos Chinchilla Mora por presunta tentativa de homicidio contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
La denuncia nace luego de que ese organismo de seguridad fuera alertado sobre supuestas conversaciones de WhatsApp en las que, en apariencia, la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.
En la denuncia de la DIS consta lo siguiente:
“En fecha 9 de enero de 2026, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional fue alertada de manera confidencial sobre la existencia de un sicario al que se le canceló para atentar contra la vida del señor Rodrigo Chaves, Presidente de la República, lo que representaría una amenaza grave y directa contra su vida”.
Según se detalla en ese mismo documento, Chinchilla Mora, de 62 años, habría sostenido una conversación vía WhatsApp con un tercero cuyo nombre no se conoce. En ella ”se desprende que ella pagó y ordenó a un sicario para atentar contra la vida del señor Rodrigo Chaves", se lee en la denuncia.
En la misma se añade que “se aporta el extracto de una conversación a través de WhatsApp entre ignorado y aparentemente la señora Chinchilla Mora, de la que se infiere que la denunciada ejecutó las medidas necesarias para que el sicario consumara el ilícito; sin embargo, el hecho no se concretó por un aparente desistimiento del autor material”.
En los mensajes atribuidos supuestamente a Chinchilla Mora se lee:
“Tuvieron todo el tiempo. Para acabar con él misógeno (sic). No tuvieron el valor. Si tu sicarito no tiene el valor. Con el resto de plata yo los voy a pagar a matar usteds (sic) por inútiles”.
La denuncia señala que “la voluntad criminal de la denunciada se mantuvo intacta y agotó su fase de instigación, incluso yendo más allá al amenazar de muerte a sus aparentes ‘asociados’ o ‘cómplices’ en caso de no lograrse su objetivo”.
Para la DIS, los hechos denunciados “sucedieron aproximadamente el 16 de diciembre del año 2025”, según una publicación realizada por la denunciada en su “cuenta verificada de Facebook”. La denuncia especifica que “adicionalmente, se observa una fotografía capturada por la denunciada o, alguno de sus ‘asociados’, en la que se aprecia la escolta de seguridad del Presidente de la República, concretamente, los vehículos asignados para el traslado del mandatario y los oficiales de seguridad de la Guardia Presidencial”.
La conversación a la que hace referencia la denuncia, según pudo confirmar La Nación, muestra los textos de Chinchilla pero los mensajes del interlocutor aparecen eliminados o con escucha o visualización de una sola vez.
En cuanto a la calificación jurídica de los hechos denunciados, la DIS recurre a lo establecido en el artículo 111 del Código Penal. El mismo define, en sus incisos 2 y 9 que un homicidio puede ser calificado (con una pena mayor), cuando la víctima es un miembro de los Supremos Poderes.
‘Cortina de humo’
Consultada por La Nación, Chinchilla negó cualquier relación con los hechos denunciados. “Es un ridículo, lo que quieren es callarme”, dijo la mujer aludiendo al gobierno. Agregó que ella es “sumamente crítica del gobierno”.
“Me cuentan muchas cosas que no puedo contar y que las tengo entre pecho y espalda, pero como no tengo pruebas, no las puedo contar como comunicadora”, declaró a este medio.
Poco más de una hora después de que trascendiera el supuesto plan para atentar contra Chaves, la mujer cuestionó en su perfil de Facebook la veracidad de tales hechos: “No hay duda que no hay atentado, que es cortina de humo por la pelada de Laura (Fernández, candidata del oficialismo) en el debate”.
La mujer dijo que se enteró de la denuncia por los medios y que estaría dispuesta a presentarse ante el Ministerio Público.
La mujer fue enfática en negar que haya conversado vía WhatsApp o por cualquier otro medio sobre la posibilidad de atentar contra la vida del presidente, “¡jamás, jamás!, soy el fiel creyente de que mandarlo a matar es hacerlo mártir, no lo quiero, sí que se vaya, que se muera, pero naturalmente ¡jamás voy a colaborar para hacerlo mártir!, dijo.
En un video difundido poco después de las 5 p. m. en su cuenta de Facebook, Chinchilla negó los hechos por los que se le señala y aseguró que no conoce los elementos que detalla la denuncia. Además, responsabilizó al gobierno y a sus seguidores, a quienes describió como violentos, en caso de que algo le suceda a ella o a algún integrante de su familia.
El fiscal general agregó que solicitarán colaboración al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que desarrollen la pesquisa correspondiente. “Igualmente le vamos a solicitar a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos que aborde al señor presidente, sabemos que él cuenta con su esquema de seguridad, pero es importante que nosotros también lo abordemos como lo haríamos con cualquier otra persona” puntualizó Díaz.
El jefe del Ministerio Público validó la denuncia basado en la criminalidad que afecta al país, que el año pasado cerró con 873 homicidios, “estamos en los cuatro años más violentos de la historia de nuestro país, la cantidad de homicidios ha aumentado exponencialmente durante este periodo, la tasa de homicidios evidentemente está mucho más alta que hace cuatro años”.
Díaz fustigó que pese al complicado panorama de inseguridad que vive Costa Rica, se le nieguen recursos a los cuerpos represivos: “Lamento mucho que ante esta situación tan conflictiva el ministro de Hacienda nos limite unos recursos que la Asamblea Legislativa nos dio para atacar el crimen, nos dotó de nuevas plazas que no llegaron gracias a la decisión del ministro de Hacienda (Rudolf Lücke) y eso va a limitar cualquier investigación en curso”, dijo, a la vez que reconoció que entre las causas que se verían afectadas está la denuncia por el supuesto complot para atentar contra Chaves.
El jerarca adelantó que no descarta un acercamiento con Hacienda para procurar que se le giren los fondos al Ministerio Público en los próximos meses, “estas plazas debieron haber entrado ya en funciones en este mes de enero, pero como le digo, el señor ministro de Hacienda no nos gira los recursos y esto limita la persecución penal.”