EscucharEl principal porqué se encuentra en la respuesta dada por la Contraloría General de la República a Allan Trigueros, cuando todavía era presidente de la institución, en un oficio del 30 de enero de este año.
Trigueros preguntó sobre la legalidad de la contratación entre entes de derecho público y contratación de medios de comunicación con la nueva ley, y la Contraloría le respondió: tras la entrada en vigor, el 1.° de diciembre del 2022, de la Ley General de Contratación Pública, hubo un cambio sustantivo “en la gobernanza de las compras públicas”. La nueva legislación crea la Dirección de Contratación Pública en el Ministerio de Hacienda, encargada de ahora en adelante de emitir los criterios relacionados con la totalidad de los asuntos contenidos en ella y su reglamento.
La Contraloría seguirá revisando los presupuestos, pero es el Ministerio de Hacienda, o sea el propio Poder Ejecutivo, el facultado para orientar “las decisiones de las administraciones gestoras de compras públicas, según se trate de la administración central o descentralizada”.
En un gobierno de corte populista, es difícil imaginar la independencia a la hora de dar opiniones de esta naturaleza. A la vista está la concentración de la pauta en el Sinart contra los criterios técnicos, porque, aun sin establecerse la Dirección en Hacienda, prevalece la directriz del propio presidente de la República, como reconoció abiertamente la jerarca de la JPS al justificar el contrato con el Sistema Nacional de Radio y Televisión.
Otra razón de importancia es la figura de “empresa pública en competencia”. Esta categoría permitiría la declaración abusiva de “confidencial” de todo aquello considerado “sensible” para el negocio, siguiendo el ejemplo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS) en materias de interés público, tales como aumentos salariales e inversiones.
La reforma aprobada en el 2003 tenía como fin dotar al Sinart de una agencia para la producción de los contenidos por publicar en los medios propios y los anuncios contratados a la institución por empresas privadas y el Estado; sin embargo, nunca logró ni una cosa ni la otra.
El Sinart tiene, entre otros fines, ofrecer programas diversos, variados y de actualidad; la promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento; y contribuir, mediante programas educativos, al incremento de los conocimientos y las oportunidades. Nada se ha cumplido.
Si bien tuvo una época dorada, cuando se transmitían programas como Antorcha en canal 13 y la revista Contrapunto gozaba de lectores, el Sinart fue ineficiente en el diseño de una oferta atractiva para las entidades públicas obligadas a trasladarle el 13 % de sus presupuestos de publicidad, y mucho más incompetente para conseguir pauta de empresas privadas. Ha sido a lo largo de su historia una organización de medios de comunicación públicos cuyo propósito es pagar salarios.
Énfasis en el negocio publicitario
La tendencia a engrandecer la agencia de publicidad en vez de robustecer los medios propios (canal 13 y Radio Nacional, por ejemplo) se refleja en los informes presentados a la Contraloría. En el 2018, el Sinart dedicó el 50 % de sus ingresos a “lograr un posicionamiento destacado dentro de la cartera de servicios”. Lo logrado fue 0, pero en el 2020 dio un salto cuantitativo, el éxito se disparó al 56,23 %, tuvo un pico de casi el 60 % en el 2021 y en este 2023 tiene la meta de dedicar el 55 % de sus ingresos a este propósito.
En contraste, los objetivos “aumentar sustancialmente la presencia del noticiero de canal 13″, “aumentar sustancialmente la presencia de canal 13 en los hogares costarricenses” y “aumentar sustancialmente la presencia de Radio Nacional en los hogares costarricenses” figuran en los reportes, en el 2018, con una meta de incremento de cobertura del 2, un 34 y un 0,22 %, respectivamente. En cuanto al cumplimiento, alcanzó un 1,91, un 17,2 y un 0,16 % (vea los gráficos). Hasta el 2023, hubo variaciones menores. Posicionarse como un conglomerado de medios de las grandes ligas nunca fue, en ese período, su desvelo, como sí la consecución de pauta publicitaria.
El principio del mínimo esfuerzo se vio recompensado con la llegada del gobierno de Carlos Alvarado y alcanza su momento de apogeo en la administración Chaves Robles, cuando mediante la contratación directa y sin concurso previo (entiéndase torciendo brazos) concentra contratos de publicidad estatal por ¢8.000 millones, ¡de apenas 14 de las aproximadamente 44 instituciones que conforman el Poder Ejecutivo y algunas autónomas!
Destino incierto
El manejo de tal cantidad de recursos públicos difícilmente inclinará la balanza hacia los medios del Sinart o para cumplir con los fines “aumentar sustancialmente la presencia del noticiero de canal 13″, “aumentar sustancialmente la presencia de canal 13 en los hogares costarricenses” y “aumentar sustancialmente la presencia de Radio Nacional en los hogares costarricenses”, pues no lo fue en el pasado y menos en este momento, por el cambio de hábitos de las audiencias hacia las redes sociales.
Ni siquiera los medios afines al gobierno tienen motivos para frotarse las manos, aunque posiblemente reciban —y ya estén recibiendo— una respetable tajada del pastel. El Sinart y quien mueve los hilos son lo suficientemente astutos para no gastar demasiada pólvora en zopilotes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y otras plataformas son las llamadas a beneficiarse de los fondos públicos costarricenses.
Las redes sociales son un terreno donde el Tribunal Supremo de Elecciones, por citar un caso, cuenta con limitadas posibilidades de nivelar la cancha.
Y en esto radica la necesidad de perspicacia de los diputados. Deberían ver más allá, pues un gobierno con tanto poder publicitario es un competidor difícil de vencer en las campañas políticas, empezando por las elecciones municipales del año entrante, lo cual debilita el sistema de partidos y, consecuentemente, la democracia.
Los órganos de control poco pueden hacer cuando se asignan los “recursos publicitarios a dedo, sin datos científicos sobre el alcance de los medios y simplemente porque le caen bien al gobierno de la República”, parafraseando al diputado del Frente Amplio Ariel Robles, quien denunció el despido de Jacqueline González Jiménez, directora de Estrategia Comercial de Kölbi, después de pedir el fundamento técnico para reducir la pauta en canal 7.
A los jerarcas del Sinart y a quien mueve los hilos, probablemente, poco les interesará devolver la ganancia a la ciudadanía en forma de una oferta de programas diversos, variados y de actualidad, de noticias e información rigurosas y equilibradas, a fin de permitir a la ciudadanía formarse su propia opinión. O a “coadyuvar a garantizar las pautas indicadas en el artículo 89 de la Constitución Política, a efecto de desarrollar y conservar el patrimonio natural, histórico, artístico y cultural”, como dice su ley.
El diputado Ariel Robles dio el primer paso ante la Fiscalía, pero el Congreso puede hacer mucho más, si cierra la agencia de publicidad antes del cumplimiento de la profecía del legislador Francisco Nicolás, sobre la posibilidad de ver crecer en Costa Rica “una agencia de comunicación gubernamental, al mejor estilo totalitario”. El destino de los países donde se escucha solo la voz oficial está “científicamente” probado.
gmora@nacion.com
La autora es editora de Opinión de La Nación.
Consulta del Sinart a la Contraloría sobre compras públicas.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/JUM2RFM2MBAWJP4VVOHSAQ6Y3E.jpg)
El Sinart dedica sus esfuerzos a engrandecer la agencia de publicidad en vez de robustecer los medios propios.
:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gruponacion/4156095b-21c9-4e86-ab43-f35201d2c76a.jpg)