La Junta de Protección Social (JPS) aprobó una millonaria contratación directa con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para que se encargue de colocar su publicidad en medios de comunicación, pese a que carecía de criterios técnicos y financieros para fundamentar la decisión.
Posteriormente, ante la preocupación del personal técnico, estudios internos señalaron que la contratación del Sinart no le convenía económicamente a la JPS. Sin embargo, aun en contra de ese criterio, la Junta Directiva mantuvo la decisión de otorgar el contrato a la empresa estatal porque tenían instrucciones de Casa Presidencial para hacerlo.
Además, la rapidez de la contratación, que se acordó en Junta Directiva el 31 de octubre, impidió la aplicación de nuevos y rigurosos controles que entraban a regir el 1.° de diciembre del 2022 con la nueva Ley General de Contratación Pública.
Los hechos figuran en cinco actas de sesiones de la Junta Directiva de noviembre y diciembre del 2022, así como de enero del 2023. Todo empezó con una reunión privada que no fue registrada en las bitácoras.
La decisión se tomó el 31 de octubre del 2022, mediante el acuerdo N.° JD-628: “Habiendo conocido el tema de manera privada, se acuerda solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación que inicien la tramitación de una contratación directa entre entes de derecho público con el Sinart”.
Por tratarse de una contratación entre instituciones públicas, no hubo concurso público.
El objetivo es que el Sinart, a través de la Agencia de Publicidad de Radio y Televisión Nacional (conocida como RTN Publicidad) brinde en el 2023 los servicios de:
- Realización de producciones audiovisuales para las campañas comerciales, campañas sociales y de imagen institucional.
- Desarrollo de estrategia y colocación en medios de la pauta social y comercial.
- Servicios profesionales de community manager.
Sin embargo, en la sesión del 4 de noviembre del 2022, Evelyn Blanco, gerenta de Producción y Comercialización de la JPS, advirtió a la Junta Directiva de que su departamento nunca fue consultado sobre la pertinencia de contratar a Sinart.
Ante ello, la presidenta ejecutiva de la JPS, Esmeralda Britton, reconoció que era necesario analizar los beneficios y perjuicios de contratar a la empresa estatal, pese a que la Junta Directiva que ella preside había emitido el acuerdo de hacer la contratación cuatro días antes.
“Eso creo que es lo que nos toca analizar y no sé si tenemos todos los argumentos en este momento, creo que no, porque nos faltaría todos los insumos de parte del Sinart”, reconoció Britton.
La gerenta de Producción y Comercialización expresó que era necesario realizar un análisis del costo-beneficio de trasladar el presupuesto de publicidad al Sinart.
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Volver a lo que teníamos antes del 2008
Evelyn Blanco explicó que la JPS gestionaba su propia publicidad desde el 2008, cuando decidió prescindir de agencias publicitarias. Dijo que realizar estas operaciones sin intermediarios implicó un ahorro de hasta el 25% del presupuesto para la institución.
“Es como volver a lo que teníamos antes del 2008, nada más que no hay un proceso de contratación, de licitación pública, sino que es por contratación directa (con Sinart)″, manifestó Blanco.
Diez días después, el 14 de noviembre del 2022, la JPS seguía esperando que el Sinart enviara la información necesaria para justificar la contratación. Blanco alertó que no podrían avanzar si no tenían dicha respuesta.
“Necesitamos fundamentar ese análisis de costo-beneficio, por eso es que hicimos el oficio, que como les dije, lamentablemente hoy no podemos traer la contratación, porque no tenemos el insumo principal, por lo menos el catálogo de precios. Heidy (Arias, periodista de la entidad) incluso les dijo ‘por lo menos adelántenos el catálogo de precios’, pero no lo recibimos; entonces, ni siquiera el estudio de precios comparado con otras agencias pudimos (hacer)”, reclamó Blanco.
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Análisis costo-beneficio mostró desventajas en contratar a Sinart
Tres días después, en la sesión de la Junta Directiva del 17 de noviembre del 2022, la gerenta general de la JPS, Marilyn Solano, presentó finalmente un informe del costo-beneficio del acuerdo.
El informe detalla puntos “en revisión”, en los cuales señalan que “no se aporta de forma clara los beneficios para la JPS de contratar por medio del Sinart los medios de comunicación para las campañas publicitarias del 2023″.
Debido a que la JPS gestionó su publicidad durante los últimos 15 años de forma directa con los medios, los contratos incluían beneficios, bonificaciones y descuentos en la pauta. Sin embargo, Sinart aclaró que su agencia publicitaria no podría garantizar que dichos descuentos se mantuvieran una vez que ellos tomaran control de la publicidad.
De acuerdo con la propuesta planteada por el Sinart, ellos no obtendrían ninguna comisión por intermediar entre la JPS y los medios de comunicación. No obstante, en los servicios publicitarios que requirieran una subcontratación, Sinart sí recibiría un porcentaje de intermediación del 8%.
El informe señala que esto, “a toda luz, sería una disminución en pauta para la institución”.
A modo de ejemplo, la gerencia general explicó que el presupuesto de la Junta para publicidad en el 2023 es de ¢3.588 millones. En un caso extremo en el que Sinart requiera subcontratar todos sus servicios, esto implicaría una comisión de ¢287 millones, el 8% del total.
Según detalla el informe, para la Junta resulta más costoso contratar al Sinart que mantener a sus cinco funcionarios actuales, que a lo largo de 15 años se han especializado en la labor que realizan.
Además, el texto critica que la JPS sería la primera institución con la que Sinart realiza ese modelo de negocio, “por lo tanto, no cuentan con experiencia en la prestación de servicios bajo este esquema”.
La Nación contactó a la JPS el viernes 24 de marzo para obtener su versión de los acontecimientos; ese mismo día confirmaron la notificación. Este lunes 27 de marzo, a las 9:25 p. m., la entidad respondió que aún preparaba la respuesta.
Era ‘directriz del Gobierno’
Tras el informe de costo-beneficio, la presidenta ejecutiva Britton declaró: “Yo creo que el propósito de la directriz es que el Sinart cuente con todos esos fondos y tener una ganancia por volumen, no solo la Junta (...). Ellos van a ganar o el Estado va a ganar por la colocación por volumen”.
La jerarca concluyó diciendo que “lo más importante” es “que no pareciera como que la Junta quiere ir por otro lado diferente a la directriz o la intención del Gobierno de consolidar todo en el Sinart”.
Finalmente, el mismo 17 de noviembre del 2022, la JPS tomó el acuerdo de adjudicar al Sinart la contratación directa de la campaña publicitaria del 2023 para los servicios de pauta en los medios de radio, televisión, prensa, cines e Internet, entre otros.
También, acordaron contratar los servicios del Sinart, bajo el esquema de intermediación, para los servicios de pauta social, manejo de redes y producciones audiovisuales para el período del 2023.
No obstante, en la sesión del 15 de diciembre, los directivos realizaron una corrección, debido a que el acuerdo del 17 de noviembre solamente contemplaba la pauta social, pero, ante consultas de Presidencia, modificaron el acuerdo para incluir también la pauta comercial.
Encuentre en este enlace las cinco actas de la Junta Directiva de la JPS citadas en este artículo.
Contratar a Sinart, una orden del Gobierno
Luego de realizar una revisión de las actas de noviembre y diciembre del 2022, y enero del 2023 de la Junta Directiva de la JPS, La Nación constató que el principal argumento dado para aprobar era que la contratación de Sinart se dio por órdenes del Gobierno.
En la sesión del 4 de noviembre, Esmeralda Britton aseguró: “Tenemos una directriz de usar el Sinart, entonces yo no quisiera ir encima de la directriz”. Ella externó que le preocupaba utilizar otro mecanismo publicitario que no fuera el ordenado.
Asimismo, el 14 de noviembre, la asesora jurídica de la JPS, Marcela Sánchez, advirtió de que ella entendía la intención del Gobierno de contratar a Sinart; no obstante, era necesario demostrar que esa era la mejor decisión.
“Yo comprendo muy bien la finalidad que pueda tener el Gobierno de centralizar eso y fortalecer el Sinart, porque esa en definitiva me parece que es (la intención), fortalecer al Sinart, pero nosotros también tenemos que rendir respecto a los recursos que tenemos en esa partida”, alertó Sánchez.
La abogada remarcó que, aunque había “una directriz que cumplir”, ella “pondría mucha atención” a la capacidad instalada de dicha entidad para brindar servicios publicitarios “a todas las instituciones del Estado”.
Posteriormente, Margarita Bolaños, integrante de la Junta Directiva, aseguró que le preocupaba la capacidad de Sinart para darles el servicio publicitario a la brevedad posible, debido la cercanía de las fechas navideñas.
“Yo lo que veo es el riesgo económico, que el día de mañana no se venda, bueno ya bajamos una emisión, pero que no se vendiera. Yo pienso que en este momento es más entendible para el señor presidente porque es que ocupamos la publicidad y Sinart no nos la va a dar en 15 días”, dijo Bolaños.
Unos párrafos después, la presidenta ejecutiva Britton aseguró: “Yo pedí toda esta información porque si era el caso de tomar una decisión, poder decirle al presidente estas son las condiciones que tenemos, A, B, y C, le vamos a dar los argumentos, no simplemente decirle no, vieras que no vamos a seguir la directriz. Pero si tenemos esta información, donde vamos a ver impactados los ingresos de la institución, creo que es suficiente motivo”.
El 16 de enero del 2023, Marilyn Solano, gerenta general de la JPS, informó a la Junta Directiva de que, al día siguiente, tendría una reunión con personeros del Sinart para continuar con la contratación.
A su vez, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), consta un expediente donde aparece un número de solicitud de contratación del Sinart, pero sin número de contratación.
Antes de que entrara a regir la ley
En las actas del 17 de noviembre de 2022, se evidencia que la Junta Directiva debatió que la contratación de Sinart debía realizarse antes del 30 de noviembre. El 1.° de diciembre entraba en vigor la nueva Ley de Contratación Pública.
Esta legislación pone un máximo de 30% a la subcontratación que puede hacer un proveedor, exige que se justifique la idoneidad de contratar entre empresas públicas y establece la obligatoriedad de que todas las compras públicas se hagan mediante el Sicop.
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La gerenta de Producción y Comercialización, Evelyn Blanco, aseguró que “tanto el Sinart como la Junta tenemos clarísimo que tiene que quedar la contratación mucho antes del 30 de noviembre, para que Sinart pueda continuar sin hacer uso del Sicop y entremos bajo la actual Ley de Contratación Administrativa (en lugar de la nueva ley)”.
Posteriormente, la presidenta ejecutiva, Esmeralda Britton, explicó: “Lo que quiere decir no es que no hagan uso del Sicop, sino que, de aquí al 30 noviembre, el Sinart actualmente no usa el Sicop para hacer las contrataciones de los medios. A partir del 1.° de diciembre, por la nueva ley, ellos tienen que usar el Sicop y vienen otras reglas que todavía no sabemos cuáles son”.
El 17 de noviembre, la asesora jurídica Marcela Sánchez afirmó que, aunque la contratación del Sinart quedara aprobada antes del 30 de noviembre, ella no podía pretender que el Sinart tuviese contratados todos los medios.
Britton le respondió: “Es que lo que yo entiendo es que ellos tienen contratados a todos los medios ya y lo único que hacen es así”.
Ana Marcela Sánchez Quesada, como asesora jurídica, indicó: “Tendría que ser así, porque cualquier contratación que el Sinart quiera hacer a partir del 1.° de diciembre a futuro tiene que utilizar y apegarse a la ley de la contratación”.
