Esta iniciativa fue aprobada por la anterior Asamblea Legislativa (2018-2022) el 18 de mayo de 2021 con un plazo de 18 meses para entrar a regir.
En las semanas previas a este 1.° de diciembre, el Poder Ejecutivo y varias fracciones legislativas intentaron aprobar un proyecto de la liberacionista Carolina Delgado que postergaría la ley por un año más.
Luego de que fracasara dicho intento, al advertirse un riesgo de vicio en el procedimiento, este jueves el Ministerio de Hacienda publicó, en el diario oficial La Gaceta, los reglamentos que regularán la aplicación de la ley.
A partir de ahora, todas las instituciones públicas deberán realizar sus compras mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), un mecanismo digital unificado, con el fin de procurar mayor transparencia y rendición de cuentas.
La utilización de cualquier otro medio para efectuar contrataciones públicas acarreará su nulidad absoluta.
El texto aprobado también establece que el Estado deberá facilitar al público toda la información de cada contratación pública de forma fácil, intuitiva y no discriminatoria, “bajo formato de datos abiertos”.
Entre otras medidas, la ley eliminó la contratación directa, que era el método de compra con menos controles y acceso al público, en el Estado.
Ahora, la norma fija una serie de filtros y requisitos para cada tipo de compra, los cuales aumentan conforme mayor sea el monto del contrato que se encuentre en licitación.
La exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Lucía Delgado, fue una de las principales impulsoras del proyecto.
“La contratación pública debe servir como plataforma para el dinamismo de la actividad económica y la generación de empleo. Costa Rica está urgida de iniciativas orientadas a transformar la dinámica del Estado y de sus instituciones, por lo que avanzar en esta ley de contratación pública es avanzar en una reforma de Estado, una reforma estructural”, dijo la exlegisladora a La Nación.
Delgado ejemplificó que, hasta ahora, la contratación directa era el procedimiento más utilizado y a través del cual se invertía la mayor cantidad de fondos públicos.
“Esto significa que la licitación pública dejó de utilizarse como la vía para la adquisición de obras, bienes y servicios de altas cuantías, convirtiendo la excepción en la regla. Prueba de ello es que durante 2020, el 34,43% de los procedimientos fueron adjudicados a través de contratación directa, el 19,55% mediante licitación abreviada y un 27,94% fue licitación pública nacional”, subrayó la exdiputada.
El Sistema Integrado de Compras Públicas será una herramienta indispensable para la aplicación de la Ley General de Contratación Pública. (Sicop)
