Contralora Marta Acosta señala que el proyecto es un traje a la medida para Ciudad Gobierno que, a la vez, permitiría evadir todos los controles legales y constitucionales vigentes.
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Si la ley se interpreta como pretende el gobierno, cualquiera podría asociarse con una institución para obtener contratos sin concurso ni control, burlando las previsiones establecidas para frenar la corrupción.
El Ejecutivo no puede ejecutar Ciudad Gobierno sin concurso público; el BCIE no puede alquilar al país edificios construidos sobre terrenos del Estado; expediente está incompleto y el financiamiento es más deuda pública, por lo cual requiere aprobación del Congreso.