La Contraloría General de República (CGR) advirtió al Gobierno de que es ilegal la forma en que pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno, sin concurso público, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según concluyó el ente contralor, la construcción de ese complejo de edificios –cuya inversión asciende a los $450 millones– debe tramitarse mediante los procedimientos ordinarios de la Ley General de Contratación Pública, no bajo la figura “de arrendamiento de inmuebles por construir”, como planea hacerlo el Poder Ejecutivo.
Este cambio implica que el gobierno debe sacar a concurso una contratación pública para escoger al mejor oferente, en apego al “principio de transparencia”, y utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) donde todo el expediente es de acceso irrestricto a cualquier persona.
La Contraloría cuestionó que, en el expediente actual del proyecto, no aparecen “los análisis que dan sustento a las decisiones técnicas y jurídicas tomadas hasta el momento”.
Así consta en el oficio 11837, con fecha del pasado lunes 4 de setiembre, remitido a los ministros Laura Fernández, de Planificación, y Nogui Acosta, de Hacienda.
El Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, de la CGR, precisó a los jerarcas la imposibilidad de utilizar la figura “de arrendamiento de inmuebles por construir”, establecida en el artículo 67 de Ley General de Contratación Pública.
La Nación le envió consultas a Fernández y Acosta, a través de sus oficinas de prensa, sin embargo, al cierre de esta publicación, no fueron contestadas.
El complejo inmobiliario pretende agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios. Contempla 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes, las cuales abarcarán tres cuadras al oeste de plaza González Víquez, y media cuadra al costado oeste del Liceo de Costa Rica, al sur de San José.
Figura incorrecta de arrendamiento
En primer lugar, la Contraloría señaló que el objeto de contrato “trasciende” la figura de arrendamiento, por cuanto el complejo de edificios no solo se le arrendaría al BCIE, sino que esa entidad sería la encargada de diseñar, financiar, construir, alquilar, mantener y luego transferir los inmuebles al gobierno.
“En el presente caso, se estaría contratando el diseño y construcción de una obra, aspectos que no se encuentran estipulados como parte del mencionado artículo (67)”, consignó el ente contralor.
En segundo lugar, la Contraloría cuestionó que el Estado arriende un proyecto inmobiliario que se construirá en terrenos que ya le pertenecen, en referencia a las propiedades ubicadas al sur de San José, cerca de plaza González Víquez, donde hoy están el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otros planteles.
“En el caso del proyecto Ciudad Gobierno, no resulta posible que se le ceda al Estado el uso y goce de un bien que ya es de su propiedad, porque este se estaría constituyendo en arrendador y arrendatario al mismo tiempo.
“Tampoco resulta viable considerar al BCIE como arrendador, ya que para esto requeriría ser el propietario del bien arrendado”, concluyó la CGR.
La tercera objeción tiene que ver con el supuesto de un “arrendamiento o compra de bienes inmuebles por construir”.
En criterio de la Contraloría, esa figura solo aplica ante la “existencia de un proyecto de construcción o de un inmueble en proceso de construcción, cuya adquisición o arrendamiento convenga a los intereses institucionales”, lo cual normalmente sucede en un mercado en competencia.
Esa figura no se acopla al proyecto Ciudad Gobierno, sostiene la resolución, porque los terrenos ya pertenecen al Estado y, además, el diseño y la construcción corresponden a una iniciativa promovida por el Gobierno de la República.
“El típico ejemplo relacionado con la posibilidad de adquirir inmuebles por construir o en proceso de construcción, se refiere al arrendamiento de locales en los centros comerciales, en los que asegurarse un local en una ubicación específica dentro del centro comercial puede resultar trascendental para el cumplimiento de los objetivos institucionales, máxime cuando se trate de mercados en competencia”, remarcó el órgano contralor.
Requiere aval del Congreso porque es deuda pública
En la advertencia remitida a los ministros Laura Fernández y Nogui Acosta, se hizo una cuarta observación, la cual ya había sido exteriorizada por la contralora general, Marta Acosta, en la Asamblea Legislativa, el 22 de agosto anterior.
El documento reitera que, como el proyecto conlleva endeudamiento internacional del BCIE, requiere de la aprobación del Congreso, ya que se estaría bajo la figura de un arrendamiento financiero.
“La adquisición de cualquier bien inmueble a plazos, mediante pagos para cubrir el valor razonable del activo, se constituye en un arrendamiento financiero y, por tanto, en deuda pública, debiendo cumplir con las autorizaciones y aprobaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente”, se consignó en el oficio N.º 11837.
El ente contralor, además, precisó que el proyecto no se puede calificar como un arrendamiento operativo –modalidad que está contemplada en el artículo 76 de la Ley General de Contratación Pública–, pues esa figura solo está prevista para bienes muebles, no inmuebles.
Al tratarse de un acuerdo con sujetos de derecho público internacional, en este caso el BCIE, la Contraloría aclaró que tampoco se puede hacer una excepción y dar un trámite especial, como sí se permitía en la vieja y derogada Ley de Contratación Administrativa.
“Actualmente, los acuerdos celebrados con sujetos de derecho público internacional, tal y como ocurre en el caso del proyecto Ciudad Gobierno, donde se ha asegurado que el BCIE será ‘el desarrollador, administrador y arrendador’, deben ajustarse a los procedimientos ordinarios de contratación, establecidos en la legislación vigente”, enfatizó la CGR.
‘Escasa e incompleta documentación’
Otro aspecto que cuestionó la Contraloría es la “escasa e incompleta documentación” que aparece en el expediente del proyecto que le remitió el Ministerio de Planificación (Mideplán), como ente coordinador.
Critica que no allí no aparezcan “los análisis que dan sustento a las decisiones técnicas y jurídicas tomadas hasta el momento”, pese a que es “documentación necesaria para garantizar el cumplimiento del marco jurídico que rige la contratación pública”.
Por ejemplo, no aparece un documento de inicio del proyecto donde se justifique la procedencia de la contratación, cuestiona que no se haga una descripción, estimación de costos y cronograma, y se indique las unidades responsables de su ejecución, el nombre de funcionarios a cargo y los parámetros de control de calidad.
Incluso, la Contraloría detectó que había documentos en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), de cuando se tramitó la viabilidad ambiental, que no aparecen en el expediente del proyecto.
“Se constata que existen una serie de documentos relevantes para el proyecto, entre estos, una cesión de derechos, obligaciones y desarrollo del proyecto de Ciudad Gobierno, los cuales no constan en el expediente remitido al órgano contralor por la ministra de Mideplán”, indica el documento con la advertencia.
Y más adelante agrega: “En el expediente remitido por la administración a esta Contraloría General, no se ubica ningún análisis que permita acreditar el cumplimiento del marco jurídico que rige la contratación pública”.
Denuncia en curso
En un correo enviado a La Nación, la Contraloría resaltó que esta advertencia sobre Ciudad Gobierno se emitió en el marco de una denuncia que está siendo analizada. Aunque la acción es preventiva, es parte de las labores de control y fiscalización que le competen, máxime en proyectos de esta envergadura, donde la inversión asciende a los $450 millones.
De acuerdo con el Mideplán, los futuros inquilinos (las 35 instituciones) fueron definidos por medio de criterios de selección como alto costo del alquiler, deterioro de edificios, órdenes de desalojo y necesidad de centralización de los servicios públicos para mejorar su eficiencia y calidad.
El proyecto impulsado por la administración de Rodrigo Chaves Robles se inspira en una iniciativa presentada por el gobierno anterior, de Carlos Alvarado (2018-2022), pero tiene importantes diferencias, especialmente en su modelo de financiamiento.
El 28 de febrero anterior se anunció que se desarrollaría mediante un crédito con el BCIE, el cual fungiría como como desarrollador, administrador y arrendador del proyecto, bajo la modalidad de arrendamiento operativo de inmuebles por construir.
Actualmente, en los terrenos donde será levantada Ciudad Gobierno, están las instalaciones del MOPT, talleres de esa entidad, el plantel de pruebas de manejo y el antiguo edificio de licencias. De las tres cuadras y media que abarcará Ciudad Gobierno, el 90% de los terrenos le pertenecen al Estado, específicamente al MOPT.
Hay 13 pequeños lotes que pertenecen a dueños privados, por lo que deberá analizarse una futura expropiación. Estas propiedades se encuentran en la esquina entre la avenida 22 y la calle 7, frente al restaurante Huaraches.