Según explicó Acosta a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la propuesta del Ejecutivo describe una compra financiada con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en vez de un “arrendamiento operativo”, como argumenta el Gobierno.
“Voy a explicarlo con base en el video que vi de la señora ministra de Planificación (Laura Fernández), en donde ella comunica que es un proyecto que va a construir, diseñar y administrar el BCIE, y que luego trasladará los bienes o los edificios al final. Ella dice que es un arrendamiento operativo, de acuerdo con la Ley de Contratación Pública.
“Sin embargo, cuando se manifiesta que los edificios volverán, eso es un arrendamiento financiero, porque esto no es un alquiler, esto es una compra financiada. Entonces, ahí hay endeudamiento y en criterio de la Contraloría esto sí debería de venir a la Asamblea Legislativa”, afirmó.
Según el artículo 121 de la Constitución Política, el Poder Legislativo es el encargado de la aprobación de endeudamiento internacional, por lo que el financiamiento de este proyecto tiene que llevar la aprobación de los legisladores.
Ciudad Gobierno sería construida en terrenos del Estado, ubicados al costado este de Plaza Víquez, en San José, con un financiamiento de $450 millones del BCIE.
Las licitaciones y el desarrollo de la obra estarán a cargo de la misma entidad financiera. Una vez que se termine de pagar Ciudad Gobierno, las instalaciones serían entregadas al gobierno costarricense.
El financiamiento se pactó a un plazo de 30 años, con una tasa que actualmente varía entre el 8% y el 9%, debido a sus componentes.
El complejo que se pretende construir albergaría las oficinas de la mayoría de instituciones del Gobierno Central. Además, tendría áreas de comercio. Se estima un ahorro anual en alquileres por $23 millones.
Álvaro Alfaro Gutiérrez, oficial jefe de país del BCIE, indicó que el financiamiento no califica como recursos públicos, sino de dinero de la entidad financiera que él representa.
“Este no es un préstamo, es un proyecto de inversión. La ley es muy clara en que todos los arrendamientos operativos no requieren de una aprobación legislativa; así lo establece la nueva Ley de Contratación Pública”, aseveró el funcionario.
Alfaro agregó que desconoce cuáles son las competencias que da la legislación a la Contraloría, por lo que están atentos a conversar sobre cualquier requerimiento que tenga el ente contralor.
La Nación solicitó una reacción al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), pero no se obtuvo su respuesta.
El Mideplán es la institución a la que el Ejecutivo le asignó la coordinación de la Comisión Nacional de Ciudad Gobierno. Esto quedó en firme mediante un decreto publicado el jueves 17 de agosto en el diario oficial La Gaceta.
BCIE contradice a Marta Acosta, contralora general
