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En la imagen, a la izquierda, los actuales planteles del MOPT que serían demolidos para construir la futura Ciudad Gobierno.
Durante décadas, en Costa Rica se ha debatido la posibilidad de concentrar las instituciones públicas en un solo punto para facilitar su operación, generar desarrollo económico y ahorrar en alquileres. Este proyecto, bautizado como “Ciudad Gobierno”, es una de las principales metas del Poder Ejecutivo actual.
Pero, ¿qué implica ese nombre? ¿qué es realmente esa ciudad de las que tanto se habla? A continuación le explicamos.
El proyecto actual, impulsado por la administración Chaves Robles, se inspira en el presentado por el gobierno Alvarado Quesada (2018-2022), pero tiene importantes diferencias, especialmente en su modelo de financiamiento.
Ciudad Gobierno pretende llevar a 10.000 funcionarios públicos de 14 ministerios y cuatro instituciones a la zona sur de la capital, con una inversión máxima de $450 millones, financiada y gestionada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Se trata de 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes.
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La futura “ciudad” abarcará tres cuadras al oeste de Plaza González Víquez, y media cuadra al costado oeste del Liceo de Costa Rica. Actualmente, en esos terrenos están las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), talleres de esa entidad, el plantel de pruebas de manejo y el antiguo edificio de licencias.
Según explicó a La Nación el viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Roy Jiménez, el objetivo de Ciudad Gobierno no se limita a reducir el gasto estatal en alquileres (aproximadamente $24 millones al año), sino que pretenden que contribuya al desarrollo comercial y habitacional del sur de San José.
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Estas tres cuadras y media serían las que abarcaría la construcción de ciudad Gobierno, al menos, en su primera etapa, que según el Mivah, en el futuro podría extenderse a dos etapas más.
¿Por qué construir Ciudad Gobierno?
En primera instancia, la construcción de este proyecto pretende generar ahorro en alquileres. Por ejemplo, solo el Ministerio de Hacienda alquila 26 edificios diferentes, según explicó el oficial jefe de país del BCIE en Costa Rica, Álvaro Alfaro.
Sin embargo, Ciudad Gobierno tiene el potencial de regenerar el sur de San José, mediante el movimiento de miles de personas cada día, que acudirán a este lugar a realizar trámites públicos y a consumir en comercios e, incluso, a vivir permanentemente.
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Desde el punto de vista del desarrollo urbano, el viceministro Jiménez reconoce que es necesario retomar los espacios públicos de la capital. Debido al deterioro de la zona sur de San José, durante las últimas décadas el crecimiento inmobiliario se extendió hacia cantones de la periferia, que hoy son algunos de los más poblados.
“Donde no hay población, no hay un control natural del espacio. Cuando el espacio público se abandona, es ocupado por actividades no tan agradables, y eso ha pasado poco a poco con San José, pese a algunos intentos por repoblarlo. Sin viviendas, no hay organismo, necesitamos traer más gente y estos proyectos generan opciones de empleo acá para que la gente venga”, explicó Jiménez.
El viceministro señaló que concentrar estas 18 instituciones en un solo lugar permitirá crear espacios compartidos entre ellas. Por ejemplo, en lugar de que cada ministerio tenga sus salas de reuniones individuales, se creará un sólo complejo que sea compartido por todas las organizaciones. Esto también implicará un ahorro.
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Junto a los planteles del MOPT se encuentra la Plaza González Víquez y una estación de tren, lo que convierte este lugar en un importante nódulo para el transporte público. (Roger Bolaños Vargas)
¿Qué habrá además de oficinas públicas?
Con el objetivo de motivar a la población a visitar Ciudad Gobierno y sus áreas circundantes, el proyecto prevé generar espacios públicos de ocio, áreas verdes y locales comerciales.
En el primer piso de algunos edificios, se alquilarán locales para cafeterías, restaurantes y tiendas. Además, las oficias que no sean utilizadas por los ministerios e instituciones podrán ser rentadas a empresas privadas.
Jiménez explicó que, para definir cuáles instituciones públicas son movilizadas a Ciudad Gobierno, tomaron en cuenta su tamaño y, desde luego, que actualmente se encuentren en edificios rentados.
Los edificios tendrán una altura promedio de entre 15 y 21 pisos.
¿Los terrenos donde se ubicará Ciudad Gobierno le pertenecen al Estado?
De las tres cuadras y media que abarcará Ciudad Gobierno, el 90% de los terrenos le pertenecen al Estado, específicamente al MOPT.
El viceministro explicó que hay 13 pequeños lotes que pertenecen a privados y deberá analizarse una futura expropiación. Estas propiedades se encuentran en la esquina entre la avenida 22 y la calle 7, frente al restaurante Huaraches.
“Una de las posibilidades es plantear expropiaciones, pero no representan una línea roja en la ruta de Ciudad Gobierno, porque todos están juntos”, detalló Jiménez.
Alfaro, explicó que las construcciones pueden comenzar aunque no se hayan realizado las expropiaciones pues, “en el peor de los casos, si se atrasa la expropiación, eso se queda de último y se deja como un área verde”.
La propuesta de diseño de Ciudad Gobierno la creó Franco Micucci, un egresado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y Harvard de Estados Unidos, junto con un equipo de 11 personas. Esta es una especie de guía sobre ubicación y escala de los edificios que dará una línea conceptual al proyecto.
En el futuro, explicó Jiménez, podrían desarrollarse dos etapas más del proyecto: la segunda llegaría al oeste hasta la Estación de Trenes del Pacífico, mientras que la tercera se desarrollaría hacia el sur, hacia predios propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) cerca del Parque de la Paz.
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¿Qué pasará con el transporte público?
El proyecto de Ciudad Gobierno tiene el potencial para movilizar a decenas de miles de personas, incluyendo a los 10.000 funcionarios. Desde luego, estas personas necesitarán alternativas de transporte público.
Al respecto, el viceministro del Vivienda y Urbanismo explicó que el proyecto se desarrolla intencionalmente contiguo a la línea del tren urbano. Además, deberá gestionarse la modernización del transporte en autobús.
“Solo en Plaza González Víquez, como nódulo de integración de transporte público, todos los días se mueven 8.000 personas, más 10.000 empleados públicos, hay una demanda cautiva que es un disparador de la actividad económica”, señaló Jiménez.
El jerarca aseguró que Ciudad Gobierno podría operar con el tren actual, pero admitió que “lo ideal es que cuando el proyecto esté operando haya habido una mejora significativa del sistema de transporte público, y no solo el tren, también la modalidad de autobús”, reconoció.
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Junto a las actuales instalaciones del MOPT y la Policía de Tránsito pasan las vías del tren, lo que resultaría beneficioso para el transporte pública en la hipotética Ciudad Gobierno. (Roger Bolaños Vargas)
¿Cómo se financiará?
El BCIE autorizó un financiamiento máximo de $450 millones, sin embargo, esto no implica que se vayan a utilizar todos estos recursos.
Una de las principales diferencias del actual proyecto de Ciudad Gobierno, en comparación con los anteriores, es el método de construcción y financiamiento.
“El BCIE ya tomó posesión del proyecto, el banco se encarga, se va a ejecutar con fondos del banco, no hay un colón de fondos públicos. Nosotros realizamos la licitación internacional con nuestras políticas de transparencia, efectividad y eficiencia. De ahí escogemos, junto con el Gobierno, la mejor oferta en función del costo, el diseño y el tiempo de construcción”, explicó Alfaro.
A partir del momento en que la Ciudad Gobierno se entrega para su operación, el BCIE cobrará un arrendamiento al Estado, por un tiempo equivalente a 25 años menos lo que haya tardado la construcción de la obra.
Por ejemplo, si la construcción tarda tres años, el arrendamiento será por 22 años, y el monto de alquiler dependerá del valor total de la obra. Al final de este periodo, Ciudad Gobierno será propiedad del Estado.
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El proyecto impulsado por la administración Chaves Robles se basa en el diseño anunciado por el gobierno anterior, no obstante, la distribución de las instituciones puede cambiar.
¿Habrá soluciones habitacionales?
Tanto el viceministro Jiménez como el jerarca del BCIE, Álvaro Alfaro, coinciden en que el Estado deberá motivar el desarrollo de alternativas de vivienda accesibles en zonas cercanas a Ciudad Gobierno.
“La gente usa mucho el carro porque los ministerios se han movido de lado a lado cada cuatro años. Si soy empleado público y sé dónde voy a trabajar a largo plazo, lo más lógico es moverme cerca de ahí, algo que no puedo hacer si me cambian cada cuatro o cinco años el lugar de trabajo”, aseguró Alfaro.
Jiménez señaló que han trabajado con la Municipalidad de San José para garantizar que la norma de desarrollo urbano incentive la oferta habitacional y comercial y limite la aparición de parqueos privados.
El viceministro sostiene que trabajan con el gobierno local en una iniciativa de “reciclaje de edificios” para promover las viviendas accesibles.
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En San José hay edificios de varios pisos, especialmente los construidos antes de 2006, que son infrautilizados: solamente se explotan sus dos primeras plantas, el resto quedan vacías.
Sin embargo, mediante la flexibilización de normativas, buscarán promover que los pisos superiores sean rentados para viviendas.
“El Sistema Financiero Nacional de Vivienda deberá participar del mercado, invertir en la ciudad, generar ciertos proyectos que permitan el acceso a todos los estratos sociales. Porque si no se toman previsiones, la oferta de vivienda será para estratos muy altos”, analizó Jiménez.
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La propuesta de diseño de Ciudad Gobierno la creó Franco Micucci, un arquitecto urbanista egresado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Esta será una guía sobre ubicación y escala de los edificios.
¿Qué papel tendrá la Municipalidad de San José?
La Municipalidad de San José (MCJ) confirmó que, con el objetivo de evitar la especulación de precios y la gentrificación en los alrededores de Ciudad Gobierno, preparan una propuesta para añadir un artículo al Reglamento de Desarrollo Urbano (RDU) capitalino.
El ayuntamiento señaló que uno de los principales problemas para desarrollar proyectos de inversión pública o interés social es la especulación de precios cuando un terreno tiene que se expropiado. Usualmente, el propietario y el Estado no concuerdan en el valor del bien.
“Por lo tanto, el propósito de este instrumento es controlar los precios del suelo en proyectos de renovación urbana, y evitar así un enriquecimiento sin causa, por parte de especulación de los propietarios cercanos a proyectos que el Estado o la municipalidad de San José tengan interés de desarrollar”, explicó la MSJ.
El Reglamento de Desarrollo Urbano también establece un control a la proliferación de parqueos, con el objetivo de que San José sea un espacio encauzado hacia las personas, no hacia el vehículo privado.
“Queremos favorecer la creación de más bulevares, ampliación de aceras, arborización, ciclo vías y terminales de transporte publico bien equipadas y localizadas”, detallaron.
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La Nación consultó a la Municipalidad de San José (MSJ) los proyectos concretos que impulsarán para acompañar el desarrollo de Ciudad Gobierno. El ayuntamiento enumeró una serie de iniciativas complementarias:
- San José Verde: Creación de sendas verdes, arborización, paredes y techos verdes, murales artísticos.
- Movilidad activa sustentable: Ampliación y mejoramiento de aceras, nuevos bulevares peatonales y ciclo vías.
- Seguridad ciudadana: Reforzamiento del cuerpo de policía y monitoreo electrónico.
- Reactivación económica, limpieza y ornato, repoblamiento, rescate de las cuencas hidrográficas, mejoramiento del sistema pluvial, mantenimiento vial y renovación del Centro Histórico de San José, entre otros.
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(Roger Bolaños Vargas)
¿Cuándo comienza la construcción?
Alfaro explicó que, gracias a que la mayoría del terreno ya está en manos del Estado, y el proceso de licitación lo realizará el BCIE, el inicio de las obras será relativamente pronto.
“La primera piedra fue la aprobación del financiamiento, porque esa es la garantía del Banco Centroamericano de que vamos a aportar los recursos. Esto no depende de la Asamblea Legislativa porque no es un préstamo, no depende de ninguna aprobación presupuestaria porque son recursos del banco”, explicó el jerarca del BCIE.
Se espera que los trámites preparatorios finalicen antes del tercer trimestre de este 2023, para realizar la licitación internacional a finales del año.
“Antes de que termine el año deberíamos ya estar cerrando el área para ir limpiando y vaciando. La demolición de los edificios debería comenzar para el primer trimestre de 2024″, detalló Alfaro.
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(Roger Bolaños Vargas)
