Diez instituciones públicas gastan en alquiler de edificios un porcentaje de su presupuesto muy por encima de lo que destina el promedio de las entidades del Estado.
La entidad que mayor porcentaje destina a alquileres es el Sistema de Emergencias 9-1-1, con casi un 7% de su presupuesto.
Le siguen el Consejo Nacional de Rectores (6,5%), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC, con 5,9%), el Ministerio de Vivienda (4%) y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu, 3,9%).
Dentro de las diez instituciones con mayores porcentajes destinados a pagar alquileres, también están el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Hacienda destina ¢6.344 millones, equivalentes al 3% de su gasto, mientras que el TSE, ¢1.525 millones, correspondientes al 3,3%.
Por cantidad de dinero, la institución pública que más dinero destina a alquileres es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con ¢12.500 millones, pero esa cifra solo equivale a un 0,2% de su presupuesto.
El mismo porcentaje destina el Ministerio de Educación Pública (MEP).
La Corte Suprema de Justicia, con ¢12.025 millones, eroga un 2,6% de su gasto en alquileres.
En el caso de la Asamblea Legislativa, se registra un gasto en alquileres de ¢12.640 millones. Sin embargo, ese monto en realidad corresponde a los pagos mensuales para el fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), mediante el cual se construyó el nuevo edificio del Congreso. El inmueble pasará a ser propiedad del Estado.
Entidades como el Inamu aseguran haber tomado medidas para reducir el gasto en alquileres. Esta institución informó de que reubicó seis sedes y que ahora solo tiene ocho inmuebles alquilados. Además, se trabaja en la construcción de dos sedes regionales, con recursos propios, para reducir el gasto a ¢652 millones en el 2023.
Cifra errónea en conferencia
El 22 de junio, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que un grupo de 34 instituciones gastaban ¢420.000 millones anuales en alquileres de edificios.
No obstante, la cifra expuesta por el presidente no coincide ni cercanamente con los datos revelados por informes de la Contraloría General de la República (CGR) ni la información presupuestaria que las entidades deben suministrar anualmente a ese órgano.
La Nación solicitó a la Presidencia de la República compartir en detalle la información compartida por Rodrigo Chaves en conferencia de prensa; no obstante, el Ministerio de Comunicación remitió un dato distinto: “Me permito indicar que hasta la fecha se tiene el dato de 846 alquileres recontados de 49 instituciones consultadas para un estimado de ¢49.700 millones. Es importante destacar el dato de que 11 de las instituciones consultadas no tienen arrendamiento”.
Posteriormente, en la conferencia del 6 de julio, el mandatario aportó ese otro dato al anunciar la creación de una mesa especial para darle seguimiento al proyecto de Ciudad Gobierno. Al respecto manifestó: “Ahora tenemos un programa de trabajo para que esos ¢49.000 millones (en alquileres) le queden al pueblo en su propia Ciudad Gobierno”.
En tanto, consultada por este medio, la Contraloría General de la República remitió un informe de auditoría del año pasado, que señala que el gasto estatal en alquileres de edificios, locales y terrenos ascendió a ¢104.216 millones durante el año 2020.
La Nación también realizó el ejercicio con los datos de 73 de las instituciones públicas, en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), y el resultado fue que esas entidades gastaron en conjunto ¢101.091 millones, una cifra visiblemente menor a la divulgada por Chaves que citaba 34 entidades.
En este listado, se incluye no solo el gasto en alquileres de los ministerios, que son competencias directas del Gobierno Central, sino que también se incorporan a instituciones descentralizadas como la CCSS, universidades estatales, empresas públicas como el Instituto Nacional de Seguros (INS); así como poderes y otros órganos del Estado.
Incluso, el dato sobre gastos de alquileres compartido por el presidente Chaves es distinto al expuesto por la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien llevó el tema al Congreso.
De acuerdo con Cisneros, el gasto es de ¢40.000 millones. El presidente ofreció una cifra 10 veces más alta y, en una conferencia posterior, corrigió el dato.
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Cisneros indicó en su presentación que la fuente de la información es la Presidencia de la República. Además, durante su discurso dijo que esa cifra se sabe “ante una solicitud del presidente Chaves”.
En conferencia de prensa Chaves manifestó: “Logramos hacer un inventario incompleto de las 40 instituciones del Estado que tiene control el Consejo de Gobierno. Por ejemplo, inventariamos 34 y hubo un inventario incompleto en el caso del MEP. Bueno, para decirles eso, en alquileres, esas 34 instituciones que pudimos inventariar gastan al año ¢420.000 millones, eso es, $70 millones”.
La cifra en dólares, sin embargo, no coincide con el monto ofrecido en colones, dado que $70 millones equivale a ¢48.000 millones, según el tipo de cambio actual.
Problema con alquileres
En el más reciente informe de auditoría, divulgado en diciembre anterior, la Contraloría detectó que algunas instituciones públicas siguen suscribiendo contratos de arrendamientos sin acatar las directrices de control de gasto estatal.
El órgano contralor señaló que existe una débil dirección del Ministerio de Hacienda, institución encargada del tema.
Una directriz presidencial, emitida en 2018, prohibió el alquiler de edificios en moneda extranjera y estableció que los reajustes de precio no deben superar la inflación establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Pese a ello, la auditoría detectó instituciones que todavía firman contratos en dólares y con reajustes superiores a la inflación.
En el Gobierno Central, por ejemplo, la Contraloría encontró que casi el 10% de los contratos de arrendamiento contemplan reajustes superiores al establecido en la directriz presidencial; mientras que en el sector descentralizado, el porcentaje ascendió al 65^.
Asimismo, halló que un 27,5% de los alquileres fueron pactados en moneda extranjera en las instituciones descentralizadas, mientras que en la Administración Central el porcentaje fue de 3,5%.
