Por unanimidad, 48 diputados del plenario legislativo aprobaron en segundo debate la nueva Ley de contratación pública que podría generar un ahorro al Estado de hasta un 1,55% de la producción anual, al obligar a las instituciones a realizar sus compras en una plataforma digital única.
El cálculo del ahorro con relación al PIB lo estimó la Contraloría General de la República (CGR), de acuerdo con Ana Lucía Delgado, diputada proponente de la iniciativa.
El 1,55% equivaldría a unos ¢587.000 millones anuales, de acuerdo con el tamaño de la economía nacional del 2021. El monto equivale a lo esperado en los rendimientos de la reforma fiscal del 2018, añadió Delgado.
Según la verdiblanca, el ahorro se lograría al centralizar y digitalizar en una única plataforma la adquisición de bienes y servicios, así como obras de las entidades.
“Esto en el entendido que las economías de escalas de compras unificadas generan ahorros comprobados de al menos del 20% de los costos de obras, bienes y servicios a contratar.
“Los beneficios económicos, al tramitar todos los procedimientos de compra mediante una plataforma electrónica, potencialmente puede generar un ahorro estimado, según datos de la Contraloría, de 1,55% del PIB”, aseveró la diputada ante el plenario legislativo.
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Solo en 2018 el país ejecutó ¢4,3 billones (millones de millones) en compras públicas, sin incluir la factura petrolera, lo que represento un 12,5% del PIB de ese año, según datos de la CGR citados por la liberacionista.
Sin embargo, solo el 28% de esas operaciones se realizaron a través de una licitación pública nacional, el 34,5% a través de procedimientos de contratación directa y un 19,55% mediante licitación abreviada.
“Por lo tanto, se hace necesario avanzar con un proyecto que coloque a todas las instituciones que emplean total o parcialmente fondos públicos para su aprovisionamiento, bajo un único régimen eficiente de compras públicas, sin que ello signifique una camisa de fuerza para aquellas instituciones que requieren mayor eficiencia por estar en mercados en competencia”, demandó la legisladora.
Aunque ya existe el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) administrado por el Ministerio de Hacienda, no todas las entidades están dentro de esta plataforma digital.
Al mes de diciembre del 2020 solo el 93% (259) de las entidades del sector publico se abastecen por medio de la plataforma, el 3% (9) se encuentra en proceso de implementación y cerca del 4% (10) estaban fuera del sistema.
Las cifras la emitió la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la diputada.
Para obligar a las entidades a incluirse, la Ley aprobada en definitiva por los 48 congresistas, establece la nulidad del procedimiento si este no se realiza a través de la plataforma digital única.
“La utilización de cualquier otro medio para la promoción de procedimientos de contratación acarreará su nulidad absoluta”, dice parte del artículo 16.
Asimismo, contiene sanciones a funcionarios que, entre otras razones, omita tramitar el procedimiento de contratación a través del sistema digital unificado, salvo excepciones.
“A los funcionarios les resultan aplicables las sanciones de apercibimiento por escrito, suspensión sin goce de salario o estipendio hasta por tres meses y despido sin responsabilidad patronal o cancelación de credenciales sin responsabilidad para el Estado”, reza el artículo 24 de la legislación.
Por otra parte, la nueva legislación reduce los plazos de resolución de una serie de procedimientos, algunos de 10 a 8 días hábiles, otros de 40 a 30 días hábiles, por ejemplo.
La resolución de un recurso de objeción por parte de la CGR, sobre una licitación mayor, se reduce de 10 a 8 días hábiles. La resolución de un trámite de apelación baja de 40 a 30 días hábiles.
Además de agilizar los procesos, la iniciativa elimina el proceso de contratación directa, salvo excepciones, así como autorizaciones previas de la CGR,
“Se contemplan únicamente dos tipos de procedimientos ordinarios (licitación mayor y licitación menor) y uno diferenciado, a partir de los cuales se desarrollará la actividad contractual”, explicó delgado.
La nueva Ley de contratación pública se aprobó en definitiva 21 meses después de haberse presentado en la Asamblea Legislativa. Se había aprobado en primer debate el 20 de abril.
La también legisladora verdiblanca, Yorleny León, destacó la importancia transparentar los procesos de compra a través de una plataforma digital.
“No solo se trata del ahorro, también de la transparencia. Les recuerdo que fue gracias al Sicop que nos dimos cuenta el año anterior, si no me equivoco, que el Centro Nacional de la Música iba a invertir medio millón (de colones) en al compra de un queque.
“De eso nos dimos cuenta porque la información estaba ahí, en una plataforma que permite transparentar los datos, tener acceso a esos datos en el momento de hacer consultas”, señaló León.