40 diputados de cinco partidos aprobaron una moción para darle trámite expedito al proyecto para frenar la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública, prevista para jueves de la próxima semana.
La moción se presentó este jueves a las 12:50 a. m., con firmas de Óscar Izquierdo y Gilberth Jiménez, de Liberación Nacional (PLN); Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP); Fabricio Alvarado, de Nueva República; Daniel Vargas y Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático (PPSD).
La aprobación provino de 11 miembros del PLN, 10 legisladores del PPSD, ocho de la Unidad Social Cristiana (PUSC), seis de Nueva República y cinco del PLP. En contra, votaron los seis miembros del Frente Amplio y seis del PLN: Dinorah Barquero, José Joaquín Rojas, Montserrat Ruiz, Katherine Moreira, Rosaura Méndez y Andrea Álvarez.
La moción de orden permite que, por vía del artículo 177 del reglamento legislativo, se dispense de trámites el expediente 23.471, de la liberacionista Carolina Delgado, que pospondría por un año la entrada en vigencia de la nueva ley.
El día previsto para la entrada en vigencia de la nueva legislación es el 1.º de diciembre, 18 meses después de que se publicó en el diario oficial La Gaceta. No obstante, hace solo una semana, Delgado presentó una iniciativa para reformar esa entrada en vigor.
Aunque el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, adujo que esta semana se publicarían los reglamentos para operativizar dicha ley, aún no aparecen en La Gaceta.
Además, pese a lo dicho por Acosta, el presidente, Rodrigo Chaves, convocó el proyecto de Delgado el lunes pasado, para que se pueda tramitar en este periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea.
Ahora, con una mayoría más que calificada, se autorizó que el proyecto pase a conocimiento directo del plenario para su conocimiento y aprobación.
La nueva Ley de Contratación Pública obliga a todas las instituciones a realizar los procedimientos de compras públicas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), con el objetivo de mejorar la transparencia.
También, se elimina la contratación directa, que es el método con menos controles y acceso al público, en el Estado. La postergación de la vigencia de esa ley tuvo originalmente el apoyo de 32 diputados, pero el lunes, luego de que se convocó a extraordinarias, ocho liberacionistas retiraron su apoyo.
