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Desde el 2010, el Estado admite la urgencia de contar con un sistema único de compras mediante procesos digitalizados, más transparentes y competitivos. La experiencia internacional y algunas pruebas en instituciones locales demuestran la eficacia del sistema para combatir la corrupción, mejorar precios y aumentar la calidad de los bienes y servicios.
Doce años no han sido suficientes, y ahora el Ejecutivo y un grupo de diputados pretenden aplazar un año más la entrada en vigor de la ley aprobada en mayo del 2021 para exigir la completa adopción del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en la adquisición de bienes, servicios y contratación de obras.
Año tras año, un río de recursos públicos fluye sin el beneficio de la publicidad y la transparencia. En el 2018, por ejemplo, el país ejecutó ¢4,3 billones (millones de millones) en compras públicas, sin incluir la factura petrolera. La suma representó un 12,5% del PIB de ese año, pero solo el 28% de las contrataciones se hizo por licitación pública. El 34,5% se ejecutó mediante contratación directa (el procedimiento con menos control y transparencia) y el 19,55% mediante licitación abreviada.
La nueva ley, que entrará a regir el primero de diciembre, si no prosperan los esfuerzos por frenarla, impide el uso de la contratación directa, salvo contadas excepciones, y ahorraría unos ¢587.000 millones anuales según cálculos de la Contraloría General de la República. Esa suma equivale a un 1,55% del PIB.
Luego de tantos años, la vigencia de la ley debería ser festejada por una administración elegida con promesas de transparencia, lucha contra la corrupción y eficiencia en la administración de los bienes públicos. La oposición, especialmente la liberacionista, tendría los mismos motivos para celebrar, porque el proyecto aprobado en mayo del 2021 es de la verdiblanca Ana Lucía Delgado y mejora el control sobre la gestión del Ejecutivo.
No obstante, diputados del PLN y la presidencia unieron fuerzas para frenar la puesta en marcha de la ley en el último minuto. Entre las objeciones más citadas por la liberacionista Carolina Delgado, impulsora del proyecto, para posponer la entrada en vigor de la ley, están las de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). Las municipalidades ya habían intentado eludir el sistema unificado de compras públicas en el 2020, cuando el Congreso las eximió de la regla fiscal mediante un proyecto de ley del PLN.
Para justificar la posposición, los proponentes alegan la necesidad de dar más tiempo al Ministerio de Hacienda para establecer las tarifas del sistema digital unificado, publicar el reglamento de la ley y capacitar al personal. Esos objetivos no se han logrado, pese al plazo de año y medio concedido por la nueva legislación, los años de práctica con el Sicop en varias instituciones y la larga historia de posposiciones de la adopción del sistema.
En setiembre del 2013, la presidenta Laura Chinchilla, exasperada por la resistencia burocrática, decretó la obligatoriedad del sistema Mer-Link en toda la administración central. Su sucesor no tardó en dar marcha atrás. En enero del 2015, cuando a Mer-Link le faltaba muy poco desarrollo, anunció la creación del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), construido sobre Mer-Link y administrado por Radiográfica Costarricense, no por el Instituto Costarricense de Electricidad. La decisión, tomada sin estudios previos, descarriló el proceso respaldado por la administración Chinchilla, las autoridades del Gobierno Digital y la Contraloría General de la República.
Ante las protestas, la administración Solís fijó un plazo, a diciembre del 2016, para integrar a todas las instituciones a la nueva plataforma. Eso no ocurrió y tampoco se cumplió la fecha fijada por una ley de setiembre del 2016, que estableció un año de plazo, con seis meses más de gracia. Por eso, fue necesario legislar, de nuevo, en mayo del 2021, y la nueva ley concedió otro año y medio de plazo.
Ahora, el grupo de diputados y el Ejecutivo pretenden un año más de posposición, aunque la Contraloría colaboró con Hacienda para redactar el reglamento de la Ley General de Contratación Pública y el reglamento de Reajuste y Revisión de Precios, según lo confirmó el exministro de Hacienda Elian Villegas, quien asegura haberlos dejado prácticamente listos. La Contraloría también impulsó procesos de capacitación que describió como exitosos.
Según el criterio de la Contraloría, la postergación implicaría un retroceso y pondría al país en riesgo de incumplir compromisos adquiridos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, ya hay leyes de contratación derogadas en el marco del proceso de transición y eso implicaría “un escenario incierto durante la ejecución contractual, contrario a la transparencia y seguridad que demanda la contratación pública”.
En suma, dice la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, la propuesta entorpecería y retrasaría “los esfuerzos realizados en un proceso de coordinación, con el riesgo de abrir nuevos espacios de discusión sobre temas consensuados durante el trámite legislativo”. Ese riesgo no lo debemos correr.
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