32 diputados de cinco partidos políticos intentan frenar la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Administrativa, la cual, después de un año y medio de preparación, debe aplicarse el próximo 1.º de diciembre.
Se trata de una ley impulsada por la exdiputada Ana Lucía Delgado Orozco, del Partido Liberación Nacional (PLN), que obliga a todas las instituciones a realizar las compras públicas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y cumplir con una serie de parámetros de transparencia. Fue aprobada el 18 de mayo del 2021 por unanimidad de los 48 diputados presentes.
La ley, según la Contraloría, conllevaría ahorros de ¢587.000 millones anuales para el Estado, o sea, un 1,55% de la producción anual, al obligar a las instituciones a utilizar la plataforma digital única.
Sin embargo, la también liberacionista Carolina Delgado Ramírez impulsa una iniciativa para se postergue la entrada en vigor de la ley durante al menos un año más, con el argumento de otorgar más tiempo al Ministerio de Hacienda para establecer el modelo tarifario del sistema digital unificado y publicar el reglamento de cobro de tarifas que pagarían las instituciones por usar el mecanismo.
Esas medidas y ese reglamento deberían estar publicados antes del 1.º de diciembre próximo, pero todavía Hacienda no los ha dado a conocer y, según el ministro, Nogui Acosta Jaén, están en preparación.
A la par de Carolina Delgado, firmaron la propuesta 10 liberacionistas; los 10 legisladores del partido de Gobierno, Progreso Social Demócrata (PPSD); cinco miembros de Unidad Social Cristiana (PUSC); dos de Nueva República y cuatro del Partido Liberal Progresista (PLP).
El argumento de Carolina Delgado es que las modificaciones necesarias para operativizar esa norma no se han podido realizar de parte de las instituciones rectoras, “debido a su complejidad y volumen”.
Delgado también alegó que instituciones autónomas, municipalidades y ministerios han manifestado preocupación por el impacto de la Ley General de Contratación Administrativa en sus organizaciones.
Adicionalmente, hay otro proyecto con una intención similar, pero para aplazar la vigencia por seis meses, es decir, que comience a regir dicha ley a partir del 1.º de junio del 2023. Esa proposición es de la también liberacionista Rosaura Méndez Gamboa.
La ley, tal como fue aprobada en mayo de 2021, obliga a realizar las compras de bienes y servicios, así como la contratación de obras, a través de un único sistema digital de Hacienda (el Sicop), porque la ley de contratación administrativa anterior implicaba trámites engorrosos y extensos.
Con la nueva legislación, se homologa la normativa sobre compras públicas en todo el Estado y se propicia la celeridad en la contratación y la publicidad.
La ley que está por regir incluye sanciones para las instituciones que la incumplan, como la declaración de nulidad de los procesos que se den al margen de la legislación.
¿Qué pasó con el reglamento?
Consultado sobre el reglamento necesario para la vigencia de la ley, Nogui Acosta declaró que el Poder Ejecutivo está en el proceso de revisión final, por lo que esperan publicarlo a inicios de la próxima semana.
Sobre la iniciativa de los 32 legisladores, Acosta adujo que “existen dudas sobre la implementación de la ley, pero que están casi listos” y evitó dar una posición sobre la propuesta legislativa, pues alegó que es una decisión enteramente de la Asamblea Legislativa.
Contraloría preocupada
Consultada sobre esa intención de postergar la vigencia, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la eventual postergación de la ley, aparte del retroceso que implica, conlleva el riesgo de no cumplir compromisos adquiridos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Vendría a entorpecer y retrasar los esfuerzos realizados en un proceso de coordinación, con el riesgo de abrir nuevos espacios de discusión sobre temas consensuados durante el trámite legislativo”, advirtió la División de Contratación Administrativa de la CGR.
Además, ya hay leyes anteriores de contratación derogadas, como parte del proceso de transición, por lo que se presentaría “un escenario incierto durante la ejecución contractual, contrario a la transparencia y seguridad que demanda la contratación pública”.
La conclusión de la Contraloría es que esa postergación tiene un impacto negativo en el proceso de elaboración y consolidación de la ley y pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos asumidos por el país.
Solo en 2018 el país ejecutó ¢4,3 billones (millones de millones) en compras públicas, sin incluir la factura petrolera, lo que representó un 12,5% del PIB de ese año.
Sin embargo, solo el 28% de esas contrataciones se hizo mediante una licitación pública nacional. El 34,5% se efectuó a través de contrataciones directas (el procedimiento con menos apertura al público y controles) y un 19,55% mediante licitación abreviada.
Se elimina contratación directa
La nueva legislación elimina el proceso de contratación directa, salvo excepciones, así como autorizaciones previas de la CGR.
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Además, reduce los plazos de resolución de una serie de pasos en las compras públicas, algunos de 10 a 8 días hábiles, otros de 40 a 30 días hábiles.
Por ejemplo, la resolución de un recurso de objeción por parte de la Contraloría, sobre una licitación mayor, se reduce de 10 a 8 días hábiles. A su vez, la resolución de un trámite de apelación baja de 40 a 30 días hábiles.
La Contraloría informó de que colaboró con Hacienda para la emisión del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, pero desconoce la versión final, pues Hacienda no se los ha remitido.
Asimismo, el órgano contralor para la conformación del Reglamento de Reajuste y Revisión de Precios, cuyo destino igualmente desconocen.
De hecho, el exministro de Hacienda Elian Villegas, quien dejó la cartera el 7 de mayo, respondió que él trabajó de la mano con la Contraloría en la preparación de esos instrumentos y que los había dejado prácticamente listos, por lo que desconoce qué pasó después de mayo.
No obstante, los 32 diputados alegan en su propuesta que hubo inacción y falta de celeridad del anterior gobierno para realizar los cambios y adoptar las medidas necesarias para aplicar la nueva ley.
“Nos tiene a las puertas de un verdadero apagón administrativo de inversión, pues los funcionarios involucrados en los procesos no solo requieren el cambio de sistema, sino una adecuada capacitación para utilizarlo”, dice la exposición de motivos.
Eso lo contradijo la Contraloría, que afirma haber llevado adelante procesos de capacitación de forma exitosa.