El presidente de la República, Rodrigo Chaves, impulsó este lunes un proyecto para frenar la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, la cual debe aplicarse a partir del próximo 1.° de diciembre.
Esta ley obliga a todas las instituciones a realizar las compras públicas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), con el objetivo de mejorar la transparencia. Además, elimina la contratación directa, que es el método de compra con menos controles y acceso al público, en el Estado.
No obstante, 32 diputados encabezados por Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentaron la semana pasada un proyecto de ley para postergar la aplicación de la ley por un año y, a las 11:24 a. m. de hoy, Chaves comunicó a la Asamblea Legislativa que el plan debe ponerse en la agenda.
La diputada Delgado incluso evalúa presentar una moción de dispensa de trámite para que el proyecto sea tramitado con celeridad, pues solo faltan nueve días para que las instituciones tengan que acatar la nueva normativa de transparencia.
Además de Carolina Delgado, el proyecto de freno lo firmaron 10 liberacionistas; los 10 legisladores del partido de Gobierno, Progreso Social Demócrata (PPSD); cinco miembros de Unidad Social Cristiana (PUSC); dos de Nueva República y cuatro del Partido Liberal Progresista (PLP).
Sin embargo, la tarde de este lunes, ocho diputados del PLN retiraron sus firmas, al tiempo que los seis legisladores del Frente Amplio expusieron su oposición a la iniciativa.
Una dispensa de trámite requiere de 38 votos.
Según la Contraloría General de la República (CGR), la aplicación de esta ley conllevaría ahorros de ¢587.000 millones anuales para el Estado, o sea, un 1,55% de la producción anual, al obligar a las instituciones a utilizar la plataforma digital única.
Con la nueva legislación, se homologa la normativa sobre compras públicas en todo el Estado y se propicia la celeridad en la contratación y la publicidad.
Además, se incluyen sanciones para las instituciones que incumplan la ley, como la declaración de nulidad de los procesos que se den al margen de la legislación.
Este plan fue impulsado en el periodo pasado por la exdiputada del PLN, Ana Lucía Delgado. El Congreso lo aprobó en mayo del 2021 con 48 votos y se otorgaron 18 meses de tiempo para que el Estado se preparara.
De hecho, la CGR expresó preocupación por la intención política de frenar la norma. Advirtió de que, aparte de entorpecer el proceso, conlleva el riesgo de incumplir compromisos adquiridos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el 2018, el país ejecutó ¢4,3 billones (millones de millones) en compras públicas, sin incluir la factura petrolera. Sin embargo, el 34,5% de esa cifra se hizo mediante contrataciones directas, lo que la Contraloría considera un abuso de la figura.
Según el órgano contralor, si el proyecto de moratoria es aprobado, se abrirá un periodo de incertidumbre porque otras leyes sobre contratación, que antes eran dispersas, fueron derogadas.
La diputada Delgado presentó el proyecto bajo el argumento de que el Ministerio de Hacienda necesita más tiempo para establecer el modelo tarifario del sistema digital unificado y publicar el reglamento de cobro de tarifas que pagarían las instituciones por usar el mecanismo.
El reglamento debe publicarse antes del 1.º de diciembre, pero todavía Hacienda no los ha dado a conocer y, según el ministro, Nogui Acosta Jaén, está en preparación.
No obstante, el exministro de Hacienda, Elian Villegas, dio a conocer que el reglamento fue puesto en consulta pública desde abril de este año, antes de que terminara el gobierno anterior.
En tanto, la diputada Delgado también alegó que hay instituciones con dudas, como la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como objeciones de cámaras como la de la Construcción, por la falta de preparación para implementar la ley.
