La parte de la sentencia sobre el matrimonio igualitario que concede un plazo a la Asamblea Legislativa para adecuar la legislación a las nuevas circunstancias es incomprensible.

Una norma improcedente obliga al Estado a girar sumas cada vez más altas a las universidades públicas sin que ellas, por gozar de autonomía, estén obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía sobre el uso que les dan.

Costa Rica no puede darse el lujo de seguir en espera de las obras públicas necesarias mientras sus vecinos avanzan decididamente.