EscucharLa Agencia de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) tiene en su poder contratos de publicidad estatal que, en conjunto, suman ¢7.925 millones. Ese monto equivale a casi el doble de los ¢4.000 millones que el Gobierno pretende cortarle al sector cultura en el presupuesto del 2024.
Se trata de contratos con 14 instituciones públicas para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales.
La agencia del Sinart subcontrata a otras agencias para que le brinden los servicios que les contratan las entidades públicas y por esa tercerización cobra, en algunos casos, hasta 12%. También decide, por ejemplo, en qué medios de comunicación se coloca la publicidad estatal.
Entre las entidades que tienen contratos con la agencia del Sinart sobresalen el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Esos acuerdos contractuales son para ejecutarse a lo largo del 2023, aunque siete de ellos, tienen prórrogas previstas de hasta cinco años, es decir, que concluirían hasta el 2028.
Además, tienen un denominador común: se realizaron mediante un procedimiento expedito o una contratación directa y sin que mediara un concurso previo.
La gran mayoría (ocho) se gestaron antes de que entrara en vigencia la nueva Ley General de Contratación Pública, el 1.° de diciembre del 2022. Esa ley instaura reglas de transparencia más estrictas en cuanto a las contrataciones entre dos entidades públicas.
Cinco se negociaron al cierre de la administración anterior, la de Carlos Alvarado Quesada. No obstante, nueve fueron en este gobierno y suman ¢4.337 millones, poco más de la mitad.
Así de desprende de un análisis que realizó La Nación con base en los expedientes de contratación en poder del Sinart, que aparecen en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y, tras cotejarlos con una lista de contrataciones que esa institución pública entregó al diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).
El monto de la publicidad estatal en manos del Sinart incluso podría ser mayor en los próximos meses, pues algunos contratos aún están en negociación, como es el caso de la Junta de Protección Social (JPS), cuya Junta Directiva ya aprobó, pese a criterio técnico en contra, una contratación de ¢422,9 millones a la agencia estatal, para colocar su publicidad en medios de comunicación.
Los contratos, uno a uno
De esos 14 contratos vigentes, el más cuantioso lo suscribió con el AyA el pasado 28 de febrero, por ¢2.313 millones, para colocar toda la publicidad de esa institución en medios, así como la producción audiovisual, durante cuatro años.
Para justificar esa contratación, la Dirección de Comunicación de ese instituto utilizó un estudio de mercado de una página y un párrafo. La adjudicación fue de manera directa y no se realizó una licitación pública con agencias de publicidad para obtener la mejor oferta.
En segundo lugar aparece un acuerdo contractual con el BCCR para el desarrollo de campañas informativas y educativas relacionadas con el pago electrónico. Este acuerdo se suscribió en marzo del 2022 y para su primer año estaban presupuestados ¢500 millones.
Contempla una prórroga de tres años más, con presupuestos estimados anuales de ¢400 millones, es decir, que todo el contrato ascendería a ¢1.700 millones de ejecutarse según lo previsto en el expediente de contratación del Sicop. De esa contratación, el Sinart ya ofreció servicios por ¢370 millones.
Posteriormente, figura el INS con un acuerdo de ¢1.153 millones para suministrar servicios de publicidad, mercadeo y relaciones públicas, el cual data de mayo del 2020, pero que puede extenderse hasta el 2024.
Por ejemplo, solo en mayo anterior, amparado en ese contrato, el Instituto Nacional de Seguro hizo ocho pedidos de servicios al Sinart, por un total de ¢118,6 millones. De esa suma, ¢70 millones se destinaron para organizar una gala de premiación para corredores de seguros.
El ligamen con el ICE se concertó por un valor de hasta ¢180 millones anuales, prorrogables hasta por cinco años, con un máximo de seis años, o sea, hasta el 2028 y el dinero trasladado ascendería a ¢1.080 millones. El contrato entró en vigencia el 13 de marzo anterior.
En el caso de esa institución la contratación se gestó en tiempo récord, en cuestión de un día, para que el Sinart se encargue de colocar publicidad de la marca Kölbi y proveer producción audiovisual, entre otros servicios.
Otro de los clientes de esa agencia de publicidad estatal es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y las cuatro superintendencias financieras: Sugef, Sugeval, Supén y Sugese. El contrato es para el desarrollo de campañas informativas y educativas relacionadas con el sector financiero. Se suscribió el 2 de mayo del 2022 y es hasta por cuatro años.
Para ese acuerdo contractual se previó gastar ¢598 millones –a lo largo de los cuatro años– no solo en campañas informativas, sino también entre otras cosas, como contratación de medios, producción audiovisual, diseño gráfico, monitoreo de medios de comunicación, manejo de redes sociales.
El sexto contrato más grande, el cual es solo por un año –a diferencia de los cinco anteriores–, es con el BCR y asciende a ¢321,3 millones y se adjudicó el 3 de mayo anterior.
Ante una consulta de este diario, ese banco aseguró, a través de su oficina de prensa, que esa contratación era directa con el Sinart y “no con la agencia de publicidad”, y que responde al cumplimiento del artículo 19, inciso c, de la Ley Orgánica del Sinart.
Ese apartado obliga a las instituciones públicas a trasladar al Sistema Nacional de Radio y Televisión el 10% de su presupuesto para publicidad e información.
“No se pauta en otros medios que no sean los propios del Sinart, ni tampoco se solicita la producción a otros proveedores, el BCR solo contrata los servicios propios del Sinart, es responsabilidad del Sinart velar porque así sea”, precisó la oficina de prensa del BCR en un correo electrónico.
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El BCR, el INS, el ICE, el AyA son cuatro de las 14 instituciones que tienen contratos con el Sinart para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales. Fotos: Archivo/La Nación
Más pequeños
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) suscribió el 17 de abril del 2023 un contrato anual por ¢170 millones para la “colocación y pauta de campañas publicitarias”.
El Ministerio de Trabajo contrató al Sinart en setiembre del 2022. En ese momento se presupuestaron ¢150 millones para desarrollar “campañas de información y divulgación para promover una cultura de salud ocupacional”. Ese monto es anual y podría ser mayor, pues contempla una prórroga de hasta tres años.
Otro ligamen el Sinart es con la Universidad Nacional (UNA), el cual data de setiembre del 2021 y fue prorrogado en agosto del año pasado. Tras esa ampliación del acuerdo contractual, el Sinart ha facturado ¢100 millones en “servicios de colocación y pauta”, según el Sicop.
El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) tiene un contrato por ¢36,1 millones para “el manejo y administración de las redes sociales institucionales”, que fue suscrito en junio del 2022.
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) firmó, en noviembre del 2022, por ¢27,6 millones para “campañas de publicidad y otros servicios publicitarios”. Puede ser prorrogado por dos años más, por lo que el monto podría ser mayor al término del acuerdo.
Fuera de Sicop
El Sinart informó al diputado Eliécer Feinzaig de otros tres contratos que no aparecen en el Sicop. Se trata de uno con el Inamu y otro con la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), que se realizaron mediante convenios marco.
En el caso del Inamu, se autorizó una prórroga en diciembre del 2022 y desde entonces, han gastado ¢202,1 millones en el desarrollo del “plan de medios” y servicios de agencia de publicidad”.
Mientras, Judesur suscribió un acuerdo desde el 2019 para el desarrollo del plan de medios y desde que este Gobierno inició labores, el Sinart le ha facturado ¢65,1 millones.
El tercer contrato es con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) también para el desarrollo de un plan de medios. En el Excel enviado al diputado del PLP solo se consignó que era por ¢7,7 millones y que se concretó por una “aprobación interna” en diciembre del 2022.
De manera indefinida
El Sinart contrató a tres empresas que ofrecen los servicios que estas 14 instituciones le contrataron.
Como productora audiovisual, contrató a la firma RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut y pertenece al productor Christian Bulgarelli.
Para productos BTL, es decir, publicidad en el punto de venta, suscribió un contrato con la firma Inversiones del Aire HM S. A., cuyo apoderado generalísimo es Hugo Chinchilla Cascante.
Mientras que, para marketing digital tiene un ligamen con la compañía Tecnologías Asertivas S. A. (TEAH Digital), que tiene como representante legal a Federico Bazo Alfaro.
Esos tres acuerdos se adjudicaron de manera directa y sin concurso entre el 10 y el 12 de enero pasado, luego de que el Consejo Ejecutivo del Sinart recomendó la contratación de esas tres compañías.
Los acuerdos son por demanda, o sea, por un monto indefinido, que dependerá de la cantidad de clientes y compromisos que tenga el Sinart.
Por ejemplo, en el Sicop aparece que Tecnologías Asertivas S. A. tiene 14 órdenes de pedido del Sinart. En un caso, hay una cotización de casi ¢113 millones para brindar “servicios de administración y mantenimiento de redes sociales y generación de contenido para el INS y el Museo de Jade, a lo largo de 12 meses.
Bajo la lupa
El pasado 27 de abril, los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público aprobaron por unanimidad, una moción para llamar a comparecer al presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí Chacón.
La decisión se produjo luego de que los congresistas Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Ariel Robles, del Frente Amplio, cuestionaron la forma como las instituciones públicas están entregando contratos millonarios al Sinart, para que concentre y maneje la colocación de la publicidad estatal.
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