EscucharEn tiempo récord y a escasas horas de que entrara a regir la nueva Ley de Contratación Pública, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) autorizó contratar al Sinart de manera directa y sin concurso para que se encargue de colocar publicidad de la marca Kölbi y proveer producción audiovisual, entre otros servicios.
Todo se gestó en menos de un día, el 30 de noviembre del 2022.
Entre la mañana y la noche, el ICE emitió criterios técnicos y jurídicos para justificar la compra, así como una certificación de contenido presupuestario. Además, se recibió una nota de idoneidad del Sinart y, finalmente, después de las 7 p. m., el Instituto envió al menos dos oficios para girar la orden de inicio de la contratación.
De haberlo hecho al día siguiente, el 1.° de diciembre, la compra habría empezado bajo las reglas de transparencia de la nueva Ley General de Contratación Pública.
Esta norma habría obligado al ICE a efectuar un estudio de mercado para justificar la contratación directa de la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y le habría impuesto un límite del 30% a la cantidad de servicios que el Sinart podría subcontratar para cumplir con el contrato.
En tanto, el Sinart habría estado obligado a usar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el cual garantiza transparencia en todas las contrataciones de proveedores, por ejemplo, de los medios de comunicación donde se va a pautar la propaganda de Kölbi.
La nueva ley habría exigido:
- Realizar un estudio de mercado, en el que se considere a los posibles contratantes, tanto públicos como privados, y se expongan las “razones por las cuales se escoge contratar al agente público”.
- Comprobar que la entidad cuenta con las herramientas para realizar, al menos, el 70% de los bienes y servicios contratados.
- Asegurarse de que, bajo ningún concepto, las prestaciones sustanciales definidas en el contrato podrán ser subcontratadas.
- Garantizar que las contrataciones con terceros estén referidas únicamente a cuestiones especializadas y accesorias.
No obstante, ninguna de esas consideraciones se tomó en cuenta. La Nación buscó las explicaciones del ICE por la apresurada contratación. Sin embargo, a la hora de publicar este artículo, no se obtuvo respuesta a las preguntas enviadas desde el lunes 27 de marzo, por correo electrónico, a la oficina de Prensa.
De esos controles de transparencia también se libró la Junta de Protección Social (JPS) cuando, en el mismo mes de noviembre, acordó contratar de forma directa a la agencia del Sinart para que asumiera su publicidad, a instancias de Casa Presidencial. La JPS tiene presupuestado colocar este año ¢3.588 millones en publicidad.
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Sinart subcontrató servicios de forma indefinida
Después de que se gestaron estas compras directas, el Sinart contrató a dos empresas que ofrecen los servicios que el ICE le contrató.
Como productora audiovisual, contrató a la firma RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut y pertenece al productor Christian Bulgarelli.
Para productos BTL, es decir, publicidad en el punto de venta, suscribió un contrato con la firma Inversiones del Aire HM S. A., cuyo apoderado generalísimo es Hugo Chinchilla Cascante.
Ambos acuerdos se adjudicaron de manera directa y sin concurso el 10 de enero pasado, luego de que el Consejo Ejecutivo del Sinart recomendó la contratación de esas dos compañías.
Los acuerdos son por demanda, o sea, por un monto indefinido, que dependerá de la cantidad de clientes y compromisos que tenga el Sinart.
Por ejemplo, en el Sicop aparece que Inversiones del Aire HM tiene 17 órdenes de compra del Sinart por ¢168 millones y $31.800. En un caso, hay una cotización de casi ¢23 millones para organizar la presentación del informe de sostenibilidad del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Carrera contrarreloj en el ICE
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El ICE, que tiene su sede principal en La Sabana, corrió con la contratación el 30 de noviembre, un día antes de que comenzara a regir una ley que imponía fuertes controles en contratos. (Rafael Pacheco Granados)
La noche del 30 de noviembre del 2022, a pocas horas de que entrara a regir la nueva ley, el gerente de Telecomunicaciones del ICE, Luis Diego Abarca Fernández, autorizó el proceso de contratación del Sinart para “el desarrollo y la implementación de campañas de información, divulgación y actividades de promoción comercial” de la marca Kölbi. En específico se le encomendó:
- Diseño, construcción y entrega llave en mano del sitio web Kölbi, micrositios y creación de landing pages.
- Servicios profesionales de especialistas en producción audiovisual, web, análisis y animación digitales.
- Reproducción de materiales de gran formato y otros para la comunicación en los puntos de venta (merchandising).
- Implementación de eventos y experiencias puntuales en todo el país, entre otros.
- Compra de espacios publicitarios en medios de nicho alternativos y regionales.
El gerente Abarca Fernández giró esa orden, en un oficio de seis páginas, tras una petición hecha, a las 7 p. m. de ese mismo 30 de noviembre, por la División Comercial del ICE.
ICE ya tenía dos agencias de publicidad
Ese banderazo de salida se dio solo horas después de que José Rafael Solano Muñoz, jefe de la División Comercial, informó al gerente de que “no existía otra compra en ejecución con el mismo objeto contractual” y que continuaría con la contratación del Sinart.
No obstante, el ICE ya tenía contratos vigentes con dos agencias de publicidad que ofrecen casi los mismos servicios de comunicación, con excepción de los trabajos para el sitio web de Kölbi. Se trata de las firmas McCann y Publimark.
De previo –pero siempre ese mismo día–, mediante la nota 258-630-2022, la Dirección de Contratación Administrativa del ICE emitió el criterio legal que avaló continuar con el procedimiento de contratación.
Por su parte, el entonces presidente ejecutivo del Sinart, Allan Trigueros, remitió el oficio PE-312-2022, sobre el tema de la idoneidad para la contratación.
El jefe de la División Comercial, José Rafael Solano, agregó la certificación 22-2022, acreditando la disposición de recursos para realizar la contratación.
Todos estos trámites constan en documentos del expediente de contratación en el Sicop, analizados por periodistas de La Nación.
Contrato de hasta seis años
El ligamen entre el ICE y el Sinart se concertó por un valor de ¢180 millones anuales, prorrogables hasta por cinco años, con un máximo de seis años.
En el documento de inicio de trámite (el N.° 9117-1350-2022), se consignó que ese contrato se regulará bajo la Ley 8660, de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y su reglamento. Esas normas establecen que el ICE contará con disposiciones especiales para adquirir sus bienes y servicios, y que la Ley de Contratación Administrativa (ya derogada con la nueva ley) se aplica solo “de manera supletoria”.
En el artículo 111 del reglamento de la norma especial del ICE, se establecía que el Instituto podía hacer contratos con otras instituciones públicas sin acatar “los procedimientos de contratación” ordinarios.
Esa legislación fue derogada por la Ley General de Contratación Pública, la cual entró en vigor el 1.° de diciembre del 2022, solo cinco horas después de que la División Comercial del ICE decidiera utilizarla para contratar al Sinart.
Varias solicitudes de información
Desde la orden de inicio de la contratación, el 30 de noviembre del 2022, pasaron tres meses para que el ICE lograra adjudicar la “contratación directa por excepción N.° 2022CD-001006-0000400001″ al Sinart. Eso ocurrió el 6 de marzo y fue aprobada por José Rafael Solano Muñoz, el jerarca de la División Comercial.
A lo largo de esos días, el Instituto tuvo que solicitarle a esa agencia de comunicación estatal, en al menos cuatro ocasiones, un conjunto de documentos que no aportó cuando hizo la oferta, como los atestados académicos del equipo técnico y los tarifarios vigentes de los servicios brindados.
Incluso, solicitó una prórroga de 20 días naturales para aportar las “copias certificadas por notario público de los títulos académicos del equipo profesional” y tuvo que aprobar una ampliación en el plazo de la oferta hecha, pues estaba por vencerse sin que se concretara la contratación.
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