Ante una consulta de La Nación, Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, indicó que en la sesión del martes 23 de agosto, acordaron un alza salarial de 1,7% mensual, la cual aplica de forma retroactiva desde enero de 2022. Según la Gerencia General, el aumento tendrá un costo de ¢622 millones anuales; esa cifra incluye el pago de cargas sociales.
El debate de esa sesión y los documentos relacionados con el ajuste fueron clasificados como confidenciales. Araya sostuvo que la medida se tomó por tratarse de “una decisión empresarial”. No obstante, la normativa mencionada no incluye la materia salarial como información confidencial.
Entre lo que sí está considerado como confidencial figuran los datos de asegurados o eventuales asegurados, información del “fuero interno” como origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros.
Además, es confidencial la información bancaria, financiera, crediticia y la vinculada a las actividades del INS que califique como secreto industrial, comercial o económico.
“Es un tema que toca temas de competencia, ya son asuntos de interés comercial. Así como el Instituto no puede revelar asuntos estratégicos o asuntos especiales de sus productos, de servicios y tarifas. Diay... tampoco le corresponde revelarle a nadie, por temas de competencia, cuánto le va a aumentar a sus funcionarios”, manifestó Luis Fernando Monge, gerente general del INS, para defender la confidencialidad.
La Dirección Jurídica citó, por medio de la oficina de prensa, el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros para justificar la confidencialidad. Sin embargo, esa norma tampoco menciona aspectos salariales.
La aprobación del aumento salarial retroactivo no fue acordada de forma unánime. De acuerdo con la jerarca del INS, dos de los siete miembros de la Junta Directiva del Instituto rechazaron el aumento, pero no pudo precisar quiénes votaron en contra.
Por su parte, el gerente general del INS enfatizó que el aumento de 1,7% mensual se definió a través de una encuesta salarial, la cual fue realizada por PricewaterhouseCoopers Costa Rica (PwC) por ¢1,9 millones.
Añadió que el alza retroactiva no incluye a la presidenta ejecutiva, al gerente general, subgerente general, auditor, subauditor ni profesionales de la salud.
La planilla del INS tiene un costo anual de ¢74.000 millones.
Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, afirmó que antes de discutir el alza, comunicó el asunto al despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Según la jerarca , allí le pidieron consultar el tema con la entonces ministra de Trabajo, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, para verificar si procedía o no y si el INS tenía que someterse al cumplimiento de la regla fiscal.
Araya narró que al comprobar que no tenían que sujetarse a esa medida, procedieron a aprobar el aumento salarial retroactivo.
El sábado anterior, Chaves destituyó a Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por apoyar un aumento salarial de entre ¢7.500 y ¢8.500 acordado por la Junta Directiva para 63.000 funcionarios de esa entidad.
Dicho ajuste le costará a la Caja ¢10.000 millones más por año, más otros ¢29.000 millones porque se decidió darle efecto retroactivo al 2020.
Chaves ha insistido que dicho aumento es ilegal, pues se contrapone a la regla fiscal que impide aumentar salarios en el sector público cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre en este momento, e instó a los directivos a revisar la decisión. De lo contrario serían despedidos, según advirtió.
El mandatario nombró en lugar de Ramos a la ministra de Trabajo, quien fue juramentada el pasado lunes, luego de comprometerse a realizar un estudio sobre el impacto financiero y jurídico del incremento salarial aprobado por la Junta Directiva de la CCSS.
