A pesar de que la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alertó sobre el riesgo de aprobar un aumento salarial retroactivo para los trabajadores de la entidad, la Junta Directiva omitió la advertencia y avaló subir las remuneraciones de forma retroactiva desde enero de 2020.
De acuerdo con la Dirección Actuarial, autorizar un incremento salarial general desde enero de 2020 “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”. Así se los puso por escrito.
No obstante, siete de los nueve integrantes de la Junta Directiva desoyeron ese criterio técnico y aprobaron aumentar entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a la base salarial de más de 63.000 funcionarios. La decisión, según Gustavo Picado, gerente Financiero de la CCSS, costará ¢10.000 millones más por año. Esa cifra incluye el crecimiento del salario base más las alteraciones en los pluses.
Además, el pago retroactivo correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 costará ¢29.000 millones, es decir, ¢2.000 millones más que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el presente año. También, según confirmó el Ministerio de Hacienda, esa cantidad es 7,4% mayor a la suma de los presupuestos anuales del Ministerio de Comercio Exterior, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Vivienda.
El aumento salarial saldrá de las cuotas que pagan trabajadores y patrones al Seguro de Salud, con el cual, la CCSS financia sus gastos. De ahí, que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuestiona el aumento: “No solamente va a costarle más a la CCSS, sino que desde el punto de vista práctico va a tener más presión sobre las cargas que se cobran al trabajador costarricense”, declaró a La Nación.
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Marielos Alfaro Murillo, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) en la Junta Directiva, dijo que votó en contra porque el informe de la Dirección Actuarial “indica que el aumento tendría un impacto negativo en la sostenibilidad financiera de la institución”.
De acuerdo con Alfaro, en la sesión que se dio luz verde al incremento estuvieron presentes ocho de los nueve integrantes de Junta Directiva y solo ella se opuso. Ese órgano está integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo, tres de los trabajadores y tres de los patronos.
Pero la observación de la Dirección Actuarial no fue la única. En el oficio GF-DP-2094-2022 del 8 de agosto de 2022, la Dirección de Presupuesto manifestó que la institución no incluyó en el presupuesto ordinario 2022 recursos de previsión para reconocer el aumento general de salarios reatractivos (2020, 2021 y 2022). Esa situación, señaló esa dependencia, obligaría a “realizar ajustes presupuestarios y determinar las fuentes de financiamiento en el presente período, que significaría disponer de recursos asignados a otros programas y actividades”.
La Gerencia Financiera de la CCSS emitió un pronunciamiento, el 18 de agosto, en el que consideró “viable financieramente la aplicación del aumento general de los salarios”.
Al ser consultado sobre la advertencia de la Dirección Actuarial, Gustavo Picado, gerente Financiero, dijo que las proyecciones actuariales del Seguro de Salud siguen un modelo, unos supuestos y una metodología de cálculo diferente a las proyecciones financieras.
“Nuestra conclusión, que es la que orienta la decisión de la Junta, es que dentro del modelo de proyecciones financieras, el impacto que tiene el ajuste salarial representa un elemento que ha sido constante dentro de los incrementos de gastos anuales que tiene nuestra institución, porque todos los años, históricamente, ha habido siempre un ajuste salarial”, afirmó Picado.
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No había obligación
El aumento salarial aprobado por las autoridades de la Caja responde al decreto ejecutivo Nº 42121-MTSS-H-MIDEPLAN publicado en diciembre de 2019. Sin embargo, en abril de 2020, con los efectos económicos de la pandemia encima, el Gobierno publicó un nuevo decreto ejecutivo y decidió poner en pausa el ajuste de salario del sector público.
En ese entonces la CCSS se apegó a la instrucción, pero ahora alega que es una institución autónoma para decidir los ajustes que cree necesarios y aprobó el aumento para sus trabajadores de manera retroactiva.
Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, reconoce que no existía obligación legal de aplicar el alza correspondiente a años pasados, pero la ejecutó para mantener su política salarial, aprobada desde octubre de 2012.
“La Dirección Jurídica, en algún momento, lo que planteó es que, no necesariamente, la institución estaba en la obligación (de hacer el pago retroactivo), pero que había sido política salarial institucional cumplir con, al menos, un aumento por costo de vida en los salarios de nuestros funcionarios”, enfatizó Picado.
“También tengo que decir, porque esto es importante, es que en el momento que esto se aprobó, allá por el 2020, la institución, en todos los presupuestos históricos que se han elaborado, que se mandan a la Contraloría General de la República, siempre existe una reserva para los incrementos anuales de salario (...) En el 2020, cuando se aprueba este aumento que no se ejecuta, teníamos esa reserva.
“Lo que quiero decir es que no es un gasto que nos tome sin programación, sino que históricamente todos los presupuestos llevan esa previsión por los aumentos salariales que se puedan decretar durante el año”, explicó el gerente Financiero.
Los aumentos en el sector público están congelados con base en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 2018, según la cual, cuando la condición de endeudamiento sea igual o superior al 60% del producto interno bruto (PIB), es prohibido realizar “incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales” de los funcionarios públicos. Ese es el escenario actual del país.
¿Qué dicen otros directivos?
La Nación consultó a otros integrantes de la Junta Directiva de la CCSS por la decisión. Adrián Torrealba, representante de los patronos, indicó que no estuvo presente en la sesión que se acordó el aumento debido a un viaje académico.
José Luis Loría, representante del movimiento cooperativista, defendió el acuerdo.
“Yo vote a favor. Siempre estuve a favor por ser un tema de legalidad. Si no se paga se continúa acumulando (...) A ver, lo que hace el Poder Ejecutivo es dejar en suspenso el aumento de salario. Y deja a criterio de las instituciones pagarlo. Los trabajadores de la CCSS tenían más de dos años de salarios y anualidades congeladas. Además, se les redujo el porcentaje de anualidades, de dedicación exclusiva y otros pluses. Entonces teniendo una inflación y en consecuencia un costo de vida tan alto, el aumento es necesario. Además, debe tomarse en cuenta que por la intensidad de trabajo mucha gente de la CCSS está quemada. Ese al menos fue mi criterio”, comentó Loría.
De hecho, en el informe de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, se alega que “se considera necesario (el aumento) como un estímulo mínimo a la población trabajadora de la institución que actualmente ha debido enfrentar una serie de acontecimientos relevantes e inéditos en el país producto de la emergencia provocada por la covid”.
Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS, expresó, vía mensaje de texto, que la Junta Directiva discutió por varias horas este tema.
“La Junta Directiva deliberó muchas horas el tema. Las actas van a tomar varios días en estar listas, pero creo que le podemos hacer llegar la presentación de la Gerencia Financiera”, declaró el jerarca de la CCSS.
Nota del editor: El texto fue modificado a las 8:10 am para incluir la declaración del Presidente Ejecutivo de la CCSS.