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ICE refuerza secretismo de sus operaciones

Directivos usan ley que ampara a empresa frente competencia privada para emitir política que silencia alertas de su auditoría interna en Telecomunicaciones donde hay más alarmas

El Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) declaró una nueva política de secretismo sobre la gestión en el sector Telecomunicaciones, con lo cual, silenciaría la divulgación de informes o investigaciones de la Auditoría Interna, la cual, ha sido crítica con el manejo de las operaciones.

De esa forma, podrían ser vetados para dominio público reportes como el que emitió en febrero del 2019 la auditora general, Sofía Machuca Flores, el cual advirtió sobre la “pérdida de valor de la empresa”, “riesgos operativos y estratégicos que pueden afectar la sostenibilidad del negocio” así como del “debilitamiento del control interno de la institución”.

Tampoco, si así lo juzgan los directivos, se sabría públicamente que en el proceso de compra de Cable Visión, en el 2013 y por $12,3 millones, cinco estudios revelaron deficiencias e irregularidades en los saldos de la empresa por adquirir. Tal deterioro financiero obligó al ICE a una inversión de rescate por más de ¢23.000 millones entre 2014 y 2017.

La renovada confidencialidad es de acatamiento obligatorio a todos los trabajadores del ICE y sus empresas.

La llamada Política Corporativa de la Confidencialidad de la Información fue aprobada por los directivos del ICE en diciembre y publicada la semana anterior en el diario oficial La Gaceta. Precisamente, ellos se arrogan la posibilidad de declarar confidenciales los informes de Auditoría en el sector de Telecomunicaciones por ser el que está en competencia con otros operadores.

No obstante, Telecomunicaciones es el sector que más alertas ha generado por parte de la Auditoría en los últimos años debido a problemas en la gestión, los cuales incluso han motivado investigaciones judiciales en la Fiscalía. Estas reglas de confidencialidad no pueden aplicarse al negocio de electricidad pues no está en competencia.

El nuevo régimen decreta secreta información en papel o soporte digital transmitida por cualquier medio electrónico, e incluso verbalmente en conversaciones, reuniones, por teléfono o cualquier otro medio, precisa el documento. La política es una actualización de un primer documento emitido en el 2020.

¿Y qué es confidencial?

El documento enfatiza que, cuando la Auditoría Interna del ICE comunique resultados de sus informes u otros productos al Consejo Directivo, este podrá adoptar las medidas necesarias para resguardar la información que, según su criterio, “no resulte conveniente divulgar”.

Edso incluye datos que, por razones estratégicas, comerciales y de competencia, deban blindarse con un cerco de silencio a partir de criterios técnicos y jurídicos al amparo del artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones (Ley 8660).

Según el ICE, esta nueva versión “parte del principio de que los productos de la Auditoría Interna son de carácter público, a excepción de que contengan información confidencial, de conformidad con la Constitución Política o la legislación vigente”.

Sin embargo, el cuestionamiento no es a la legalidad de la nueva política, es un posible exceso en su ejercicio pues esta revisión de esta política apunta a un área en torno a la cual se han denunciado importantes problemas.

La auditora general del ICE, Sofía Machuca Flores, ha sido vehemente en sus informes. En el de febrero del 2019, cuestionó la reorganización en la Dirección Corporativa de Telecomunicaciones al frente de los negocios de telefonía celular, Internet y televisión por cable.

También llamó la atención sobre el hecho de que el Grupo ICE comenzó ese año sin una estrategia que definiera la dirección de la institución o cómo crearía valor en ese período.

La propia auditora compareció en marzo del 2019 ante la Asamblea Legislativa donde declaró ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que, antes de asumir ella el cargo, el ICE contrató a empresas ligadas a familiares de autoridades de la entidad, lo cual, dijo, causa conflictos de interés.

Incluso se quejó de cómo se manejan las declaratorias de confidencialidad en el ICE: “Hay que darle una mejor interpretación, la normativa existe para poder hacer la declaratoria, tal como se ha definido internamente, pero sí puede haberse dado una mala interpretación”.

En junio del 2019, otro informe de auditoría desnudó errores del área de Telecomunicaciones en el negocio de venta de enlaces de Internet, televisión y telefonía a viviendas, después de vincularse en ese negocio con la empresa china Huawei.

Frente a la política para mantener secretismo sobre los hallazgos de auditoría, el presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (Anttec) del ICE, Sergio Olivares, prefirió ser cauto e indicó que ese sindicato está analizando los alcances de la normativa.

Mientras tanto, el jefe de fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, quien ha sido muy crítico de la gestión en el ICE, fustigó las nuevas potestades del Consejo Directivo para mantener en reserva información.

“El ICE, y su Consejo Directivo, en vez de preocuparse por implementar y acatar los informes de auditoría, se han dedicado a abusar de la figura de confidencialidad. Hace meses hemos denunciado cómo la institución opta por declarar confidencial información que no necesariamente afecta el secreto industrial, comercial o económico”, se quejó.

Para el diputado, el ICE se aleja de la transparencia y más bien prefiere operar, dijo, “bajo la opacidad y el ocultismo, sin dar a conocer de qué forma están tomando las decisiones”.

La diputada oficialista Laura Guido compartió la preocupación del ICE por la confidencialidad de sus datos, debido a la competencia en el sector de Telecomunicaciones. No obstante, dijo, siempre que se justifique.

“Entendemos que exista una política que fije ese espacio de información secreta de tipo comercial, tal y como lo ha venido haciendo el ICE, de aquella información de interés público que no comprometa su capacidad de competir. Siempre debe existir un sano balance y una justificación de por qué algo se declara confidencial. Requerimos empresas fuertes y competitivas en el mercado frente a sus rivales privados”, manifestó.

La Contraloría General de la República, sin embargo, sí ha emitido fuertes criterios con respecto al manejo que hace el ICE de esa posibilidad legal de mantener confidenciales informaciones por la competencia.

La contralora, Marta Acosta Zúñiga, expresó que el Instituto abusó “absolutamente” de la potestad que le otorga la Ley 8660 para declarar confidencial información pública. Lo hizo ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público en el 2019, cuando expuso hallazgos de fiscalizaciones realizadas por el órgano contralor.

La jerarca calificó al ICE como una “institución compleja y reacia al control”.

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