Marta Acosta, contralora general de la República, aseguró este jueves que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha abusado “absolutamente” de la potestad que le otorga una ley para declarar confidencial información pública.
Así lo declaró ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, donde resumió distintos hallazgos de fiscalizaciones que la Contraloría General de la República (CGR) ha hecho sobre el Instituto, el cual calificó como una “institución compleja y reacia al control”.
Acosta hizo referencia directa al empleo del artículo 35 de la Ley 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.
Según esa ley, información que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios y clientes será confidencial y solo podrá utilizarla y compartirla el ICE y sus empresas para fines del negocio. Su conocimiento, por lo tanto, es restringido a terceros excepto cuando así lo solicite una autoridad legalmente competente.
Acosta atribuyó al ICE un uso abusivo de ese artículo ligado al sector de Telecomunicaciones pues, en su criterio, el Instituto lo usó para tejer “un velo de opacidad” sobre sus finanzas que obstaculizó la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
Acosta centró tal situación en la anterior Junta Directiva del ICE, dirigida por Carlos Obregón Quesada, pues aclaró que con la actual administración la relación ha sido escasa todavía.
De hecho, Obregón está convocado a comparecer ante la Comisión el próximo jueves.
“Los costarricenses tenemos derecho a saber. Entendemos que está en competencia (la institución pública) y no queremos que se vea afectada, pero en materia de financiamiento y presupuesto todos merecemos saber qué ocurre en el ICE”, declaró la funcionaria.
“En mi criterio la norma de confidencialidad no es clara. Hemos solicitado en distintos criterios que hemos emitido que se aclare porque la ausencia de precisión le permite al ICE declarar confidencialidad a todo cuanto califique como estratégico”, afirmó.
Al consultársele si el ICE ha abusado de esa potestad de confidencialidad, Acosta respondió “absolutamente” y agregó de forma categórica que, sobre todo, en temas de presupuesto.
“Hoy ustedes no pueden ver el presupuesto del ICE en detalle; existe, pero sin desagregarse las cifras, con esto nunca hemos estado de acuerdo”, declaró Acosta.
La funcionaria insistió ante los diputados en que la confidencialidad en materia financiera y presupuestaria del ICE “ha generado un velo de opacidad no conveniente a una institución pública relevante en el quehacer nacional”.
La Nación consultó a las autoridades actuales del ICE una reacción al respecto de las declaraciones de Acosta.
Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, aseguró que desde que asumió el cargo se comprometió a proveer transparencia y rendición de cuentas de la institución.
En noviembre realicé un ejercicio público de rendición de cuentas de la situación financiera del ICE y sus principales desafíos. Además, trabajamos en una política sobre transparencia, acceso a la información y aplicación de la confidencialidad, que establezca lineamientos para la identificación y manejo de la información de cara a las buenas prácticas de las empresas públicas", aseguró.
Consecuencias
La falta de controles y transparencia, continúo Acosta, permitieron “problemas serios en materia de planificación” en temas que trascienden más allá de una posible afectación de su nivel de competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
Mencionó, como ejemplo, que varias fiscalizaciones de la CGR sobre el ICE dan cuenta de “importantes debilidades en el ICE en materia financiera y de proyectos, entre otros”.
Sostuvo que han identificado “falta de rigurosidad para aplicar la técnica de evaluación económica y financiera a proyectos de generación eléctrica, y en el análisis de riesgos y sensibilización de variables que determinan su rentabilidad”.
Ella considera que la planificación del ICE en el pasado ha sido tan imprecisa que ello permitió tener una capacidad instalada de generación eléctrica mayor a la que en realidad requiere Costa Rica.
Pese a ello, la contralora señaló que sí observa "un giro positivo en cuanto a la toma de decisiones por parte de la actual Presidencia Ejecutiva del ICE, en manos de Irene Cañas, y del Consejo de Gobierno para resolver situaciones señaladas por la CGR y otras propias de los jerarcas.
Recordó por ejemplo, que el ICE ha tenido una “pérdida de precisión en las estimaciones de demanda energía eléctrica por lo cual, se planificó a nivel de inversiones una mayor oferta de electricidad en comparación con la demanda real”.
En la mira
Las declaraciones de Acosta sobrevienen en momentos cuando el Gobierno acaba de suspender por cuatro meses a seis miembros directivos del ICE mientras investiga irregularidades como el pago de auxilio de cesantía a funcionarios del ICE trasladados a su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A.
Además, se investiga posibles faltas porque esos directivos y Obregón eliminaron la figura de gerencia general creada por ley la cual sólo puede variarse con una reforma legislativa.
Al administración del presidente Carlos Alvarado Quesada también indaga faltas vinculadas a la compra en el 2013 de Cable Visión S.A. por parte del Instituto cuando ya estaba en deterioro financiero.
Eso, descubrió la CGR, condujo al ICE a inyectarle un salvavidas de ₡23.000 millones por varios años una situación que incluso se investiga en la vía contenciosa.
Otra pesquisa en desarrollo, también pedida por el Consejo de Gobierno, consiste en los contratos entre el ICE y la firma china Huawei.
Este diario publicó el mes anterior que, en vez de cobrar una multa por incumplimiento de contrato, el ICE decidió recibir de la empresa china Huawei equipos que además le permitieron convertirse en proveedor para un nuevo negocio.